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» Diario Cordoba
Fecha: 31/10/2025 13:12
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba en la que se absuelve a nueve personas acusadas de estafar a un matrimonio de Rute en la venta de una finca que nunca llegó a construirse y que incluía la casa y el negocio de la familia en 2008. Tras la sentencia de julio de 2024, la acusación particular interpuso recurso de casación en el que fundamentalmente se cuestionaba la validez de las escrituras de novación de préstamos hipotecarios otorgadas por los acusados. Sin embargo, el Supremo señaló que no hubo engaño en las operaciones de compraventa y novación, pues las cargas estaban reflejadas en las escrituras y eran conocidas por las partes, por lo que no admite el recurso y se mantiene la sentencia de la Audiencia. Imagen de los Juzgados de Córdoba. / CÓRDOBA Hechos En 2008, un matrimonio de Rute llegó a un acuerdo con una entidad conformada por nueve personas para la compraventa de una finca urbana en la que se encontraba su casa y un establecimiento comercial. En el contrato se estipulaba que en dicho terreno se construiría un edificio de viviendas y que la familia recibiría a cambio una vivienda, un local y una plaza de aparcamiento una vez finalizada la obra. Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo. / Alberto Ortega - Europa Press Ambas partes acordaron un precio de compraventa de 282.000 euros, indicando que el matrimonio recibiría las tres propiedades mencionadas (vivienda, local y aparcamiento) con una hipoteca del mismo precio. En el acuerdo se hacía expresa mención a que la posesión de las propiedades no se realizaría hasta que se finalizara la construcción, de tal manera que en ese momento la familia quedaría libre de cargas. Al no finalizar el proyecto, cuya construcción quedó al 95%, el matrimonio reclamó un importe de 227.154 euros por concepto principal y 68.146 euros por intereses. Por este motivo, el fiscal solicitó a la Audiencia Provincial de Córdoba penas que sumaban 27 años de prisión y multas de 38.880 euros, señalando que se hizo creer a la pareja, ya fallecida (fueron los hijos quienes presentaron la acusación), que los bienes se encontraban libres de cargas.
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