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Concordia » Hora Digital
Fecha: 30/10/2025 03:41
El operativo lanzado por el gobernador Claudio Castro para combatir el narcotráfico en dos favelas de Río terminó con más de un centenar de muertos, generando críticas por la violencia y la falta de r En Río de Janeiro, un operativo policial de 12 horas desplegado en la madrugada del martes en las favelas del Complejo del Alemán y de la Penha, ubicadas en la zona norte de la ciudad, dejó un saldo trágico y controversias. La acción, impulsada por el gobernador del estado fluminense Claudio Castro, involucró a 2.500 efectivos y buscaba erradicar a las bandas de narcotraficantes que controlan esas áreas. Sin embargo, el resultado fue una masacre con más de un centenar de personas asesinadas, algunas con disparos en la nuca, otras con heridas de arma blanca y varias encontradas atadas de pies y manos. El operativo se desarrolló entre fusiles, ametralladoras, barricadas incendiarias, explosivos lanzados desde drones y el bloqueo de calles y avenidas, lo que afectó la movilidad urbana y suspendió el transporte público, dejando a niños y adolescentes sin acceso a escuelas ni actividades deportivas. A pesar de la magnitud de la violencia, el gobernador Claudio Castro calificó la acción como un éxito y minimizó la cantidad de víctimas fatales, refiriéndose únicamente a cuatro policías muertos como “héroes” y negando que hubiera daños colaterales significativos. Los vecinos y activistas locales denunciaron que muchas de las víctimas no tenían vínculo con el narcotráfico y que la operación se desarrolló sin aviso previo, lo que generó temor y desconcierto en la población. En la favela de Penha, los residentes tuvieron que buscar por sus propios medios a familiares desaparecidos, encontrando cuerpos en zonas selváticas cercanas. Raull Santiago, un activista comunitario con más de tres décadas de experiencia en la zona, calificó la masacre como “nueva, violenta y brutal”, y un grupo de abogados solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el envío de peritos internacionales para investigar los hechos. A pesar de la supuesta planificación de un año y la participación de la policía militar y fiscales del Ministerio Público de Río, el Comando Vermelho, principal organización criminal de la región, logró repeler el operativo con armamento sofisticado y retomó el control de las favelas. Entre los detenidos se encuentran varios delincuentes de otros estados y un líder intermedio conocido como Doca. Además, se incautaron 200 kilos de droga y equipos de comunicación. El gobierno federal ofreció cárceles nacionales para alojar a los detenidos y el presidente Lula da Silva convocó una reunión ministerial para definir la postura oficial frente a la situación, recomendando evitar confrontaciones con el gobernador Castro. La operación, la más letal en la historia reciente de Río de Janeiro, superó en número de muertes a la represión de la sublevación carcelaria de Carandiru en 1992, un evento que marcó la historia brasileña. Sin embargo, fue duramente criticada por exfuncionarios de seguridad y especialistas militares, quienes señalaron que el combate al narcotráfico requiere investigaciones previas y estrategias más complejas debido a la sofisticación de las mafias, que incluyen delitos como el tráfico de órganos y la esclavitud sexual. Un coronel del Ejército explicó que los grupos criminales incluso infiltran a miembros de las fuerzas de seguridad para obtener información, y que el armamento proviene del contrabando internacional, incluyendo drones con explosivos adquiridos por internet. Finalmente, la decisión del gobernador Castro de lanzar el operativo sin informar al gobierno central generó desconfianza en el Palacio del Planalto, especialmente porque coincidió con el reinicio del juicio en la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro. Esta falta de coordinación política y la brutalidad del operativo han abierto un debate sobre la eficacia y la legalidad de las tácticas empleadas para enfrentar el crimen organizado en Río de Janeiro.
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