28/10/2025 20:23
28/10/2025 20:22
28/10/2025 20:21
28/10/2025 20:20
28/10/2025 20:20
28/10/2025 20:19
28/10/2025 20:19
28/10/2025 20:19
28/10/2025 20:18
28/10/2025 20:16
Buenos Aires » Infobae
Fecha: 28/10/2025 11:01
El bufete de abogados inglés cotiza en Londres y Wall Street (Crédito: Burford Capital) Este miércoles tendrá lugar en la Corte de Apelaciones de Nueva York una audiencia clave en el juicio contra la Argentina, por mala praxis en la expropiación de YPF. En primera instancia, la jueza Loretta Preska ya falló contra el Estado argentino. Del otro lado está Burford Capital, un estudio inglés que ganó en un tribunal de quiebras en España los derechos a litigar contra la Argentina por violar el estatuto de la compañía, que por cotizar en Wall Street, el mercado de capitales más grande del mundo, estaba registrado ante la SEC, el regulador bursátil de EEUU. “Este caso es sobre los acreedores e inversores que han perdido miles de millones de dólares a causa de los actos ilegales del gobierno argentino, no sobre Burford”, dijo a Infobae un vocero de Burford, que se presenta a sí mismo como una fuerza justiciera que proporcionando recursos y expertise permite a los little guys (pequeños inversores, productores, pymes) defenderse de contrapartes abusivas. Básicamente, “la financiación de litigios por terceros” busca “emparejar la cancha”, le dijo Christopher Bogart, CEO y cofundador de la firma, a Lesley Stahl, histórica periodista de la cadena CBS, en un reportaje televisivo. En el caso YPF, dijo el vocero del estudio, “a Burford se le paga el mismo tipo de honorarios de contingencia que recibiría un abogado estadounidense –alrededor del 40% en total– y ya ha gastado más de USD 100 millones en el caso” La Procuración del Tesoro, por medio del estudio Sullivan & Cromwell, intentará revertir o al menos achicar el monto del fallo que Preska impuso a la Argentina: un resarcimiento de USD 16.100 millones, que con intereses ya monta a USD 18.000 millones, el más grande en la historia de EEUU contra un estado soberano. Como ya informó Infobae, la semana pasada Burford hizo una primera comunicación pública señalando explícitamente que las controversias judiciales “suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”. Burford se ganó enemigos de fuste por los costos que impone a las empresas, las impugnaciones éticas y legales a su práctica de “litigation funding” La sugerencia de algún tipo de solución “amigable” sigue al infructuoso intento del bufete inglés, cuyas prácticas muchos comparan con las de un “fondo buitre”, de convencer al gobierno de negociar un arreglo a través de un “tiburón argentino de Wall Street, Gerry Mato, CEO de la consultora BluePearl Capital. Cuesta arriba, pero con apoyos importantes La reversión de un fallo de una jueza de prestigio como Preska es inusual y son pocos los casos que, pasada la Corte de Apelación, llegan a manos de la Corte Suprema de Justicia de EEUU, de mayoría de miembros conservadores. Pero lo cierto es que en este proceso judicial de más de diez años la Argentina recibió el apoyo del gobierno de Donald Trump, que a través del Departamento de Justicia se presentó como Amicus Curiae (amigo de la Corte) y a favor del demandado. También Israel, Ecuador, Italia, Uruguay, Ucrania y Rumania se presentaron a favor de la Argentina y a principios de este mes también lo hizo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (AmCham), advirtiendo los riesgos judiciales, políticos y económicos que tendría el cumplimiento del fallo. También la American Bankers Association y el Bank Policy Institute se pronunciaron a favor de la Argentina. Sucede que Burford se ganó enemigos de fuste por los costos que impone a las empresas, las impugnaciones éticas y legales a su práctica de “litigation funding” (financiación de litigios), parecida a la de los ambulance chasers (perseguidores de ambulancias, como en EEUU denominan a los “abogados carancho”), y su contabilidad creativa. Balances “enronescos” En 2019 el fondo de inversión Muddy Waters calificó los métodos contables de Burford de “Enronescos”. La referencia era a Enron, la empresa de energía que quebró en 2001, cuando sus fraudes contables se hicieron inocultables y llevaron incluso al desprestigio y desaparición de Arthur Andersen, que debía auditarla. Chrispher Bogart y Jonathan Molot, fundadores de Burford Capital (Crédito: Burford Capital) El fondo denunció también que la Chief Financial Officer (CFO) de Burford, Elizabeth O’Connell, era la esposa de Bogart, que actuaba como “consejero delegado”. De resultas, O’Connell fue corrida del cargo y nombrada Chief Strategy Officer. Un artículo del diario inglés Financial Times reportó también la irregular estructura corporativa de Burford, pues sus 4 consejeros no ejecutivos, incluido Peter Middleton, ex presidente de Barclays, entonces de 85 años, llevaban una década en el consejo, lo que según el código británico de gobierno corporativo compromete su independencia, amén del hecho de que ningún miembro del directorio integra el consejo de administración, lo que impide conocer los salarios de los principales ejecutivos, como el propio Bogart y Jonathan Molot, las caras de la firma en el litigio contra la Argentina. Al respecto, Burford respondió que se trata de “insinuaciones sin fundamento” y que Muddy Waters “está bajo investigación criminal por fraude de valores y fue acusado de manipulación de mercado en relación con su ataque a Burford”. La Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber of Commerce), principal agrupación empresaria del país del norte, tiene una actitud militante contra la “financiación de litigios por terceros” (TPLF, por su sigla en inglés), la industria que Burford creó y lidera. Matt Webb, vicepresidente del sector legal de la Cámara, acusó a los financiadores de litigios de operar sin supervisión y crear “riesgos para la seguridad nacional y la integridad del sistema judicial de EEUU”, dijo que hay firmas chinas y rusas que operan de ese modo y señaló a Burford como “uno de los mayores financiadores globales, que intentó tomar el control de una demanda antimonopolio presentada por Sysco, anteponiendo sus propios intereses económicos a la voluntad del demandante de resolver el litigio”. Caso paradigmático Se trata de un caso paradigmático: Sysco, un distribuidor de alimentos que demandó por prácticas monopólicas a algunos abastecedores, llegó a Burford a través de Boies Schiller, un estudio sospechado de acuerdos secretos con la firma de Bogart, pero cuando alcanzó arreglos amigables con algunos de sus demandados, Burford habría bloqueado los arreglos y demandó a Sysco, porque quería recompensas mayores. Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables y convertirla en rehén de un financiador codicioso “Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables, convirtiéndola en un rehén de un financiador codicioso”, dice una nota de la US Chamber. Tras cuatro meses de conflicto, Sysco y Burford llegaron a un acuerdo, pero Sysco debió ceder a Burford los derechos de litigio de sus subsidiarias. Nathan Morris, vicepresidente de reformas legales de la Cámara dijo a Bloomberg Law: “Burford debería aclarar qué papel desempeña en otros casos y publicar sus acuerdos de financiación; es la única forma en que los tribunales y las partes sepan quién toma realmente las decisiones”. De hecho, debido al caso de Sysco, varios estados sancionaron normas de divulgación automática para que los jueces conozcan el monto de los fondos externos involucrados en juicios que se ventilan en sus juzgados. Buckhead Beef, una de las subsidiarias de Sysco, fue proveedora de los restaurantes de la cadena hotelera de Donald Trump, y de los Trump Steaks, marca de un fallido negocio cárnico del actual jefe de la Casa Blanca. Un signo de Sysco a la entrada de uno de sus centro de distribución en EEUU. La empresa fue "rehén" de un acuerdo de financiación de litigio con Burford REUTERS/Mike Blake/File Photo Además, el CEO de Sysco, Kevin Hourican, se relacionó con Trump a través de su participación en los “Grupos Industriales de la Gran Reactivación de EEUU”, iniciativa de la primera gestión trumpista (2016-2020) a favor de la reapertura económica durante la pandemia de Covid-19. Desde Burford señalaron que los detalles del caso Sysco " han sido bien documentados y muestran claramente que Burford actuó apropiadamente y en interés de sus clientes en todo momento”. Los representantes republicanos John Kennedy y Mike Johnson y el demócrata Joe Manchin presentaron en 2023 un proyecto de “Protección de nuestras Cortes contra la Manipulación Extranjera”, que obligaría a revelar la participación de financiadores externos en litigios en EEUU y prohibiría la inversión de gobiernos y fondos soberanos del exterior en estos procesos, de modo de garantizar que jueces, partes y autoridades conozcan la presencia de financiadores externos, en especial si son entidades extranjeras, “para fortalecer la protección del sistema judicial federal”. Este año, además, el senador Tom Tillis, otro republicano, presentó una iniciativa que apunta a estudios como Burford: un impuesto del 40,8% sobre los “ingresos derivados de la financiación de litigios” y un adelanto o “retención” del 20,4% (la mitad del impuesto final) a los abogados que participan en juicios de ese tipo. El proyecto no prosperó, por cuestiones de procedimiento, pero se descuenta que iniciativas similares se presentarán en el próximo año legislativo. El 1 de octubre pasado la International Legal Finance Association (ILFA), que agrupa a los “financiadores de litigios” e integra Burford, presentó al Congreso de EEUU un documento de 238 páginas contra proyectos de ese tipo y tilda de “discriminatorio” imponer reglas de información a una específica forma de litigio, la que permite “emparejar la cancha” y defender a los “little guys”, como le gusta presentarse a la firma de Bogart. Caso fraudulento en Ecuador Las andanzas de Burford, sin embargo, tienen alcance mundial. Uno de los más escabrosos fue el juicio contra la petrolera Chevron en Ecuador, en el que el bufete de Bogart, a través de su filial en las Islas Caimán, se comprometió a aportar USD 15 millones para financiar el litigio contra Chevron que encabezaba el abogado Steven Donziger en defensa de tribus indígenas cuyo ambiente y salud habían sido supuestamente dañados por derrames y otras acciones de la petrolera en la zona de “Lago Agrio”. Un documento ventilado en el juicio que Chevron llevó adelante contra Donziger detalla que Burford convino hacer tres desembolsos, incluido el inicial de USD 4 millones a cambio de 5,5% del “monto de liquidación”, fijado en USD 1.000 millones. Pero si el acuerdo se cerraba por una cifra inferior, Burford recibiría 98,25% de las “recuperaciones netas”, deducidos USD 2,5 millones de otro “inversor externo” y ciertos gastos legales. Loretta Preska, la jueza que falló a favor de Burford y contra la Argentina, en 2021 condenó a prisión a un abogado que recibio aportes financieros de Burford en un caso contra la petrolera Chevron Foto NA: JUAN VARGASzzzz La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya calificó el caso contra Chevron de “fraudulento y corrupto” y consideró que no debía ser “reconocido ni hacerse cumplir” en ningún juzgado. Nueva York y otros distritos suspendieron la licencia de abogado de Donziger y en 2021 este fue condenado a prisión por Loretta Preska, la misma jueza del caso Burford contra la Argentina. Donziger no completó la condena, pues en 2022 fue liberado tras pedidos de ONGs de derechos humanos que alegaron un “acoso judicial” de Chevron. Sobre el tema, Burford respondió que se retiró de esa demanda en 2011, tras comprobar que había sido “engañado” por Donziger y no obtuvo ganancia alguna de esa inversión. Además de los USD 4 millones que perdió por el adelanto de fondos que hizo en el fraudulento caso ecuatoriano, el estudio inglés perdió USD 11 millones en un arbitraje en Paquistán. “Burford gana muchos más casos de los que pierde; el 93% de los asuntos concluidos en nuestra cartera han generado recuperaciones para los clientes, pero perder casos es una parte cotidiana de los litigios y es de esperar de vez en cuando”, dijo el vocero de Burford. Divorcio de un oligarca ruso De hecho, ganó muchísimo dinero en otros litigios, como el juicio de divorcio que financió a Tatiana Akhmedova, exesposa del oligarga petrolero ruso Farkhad Akhmedov. Ante la resistencia a pagar de Akhemdov, Burford logró un fallo de una Corte de Londres para incautar el yate “Luna”, de 120 metros de eslora, que Akhmedov le había comprado a su dueño original, Roman Abramovich, exdueño del Chelsea. Burford se quedó con más del 55% del arreglo en uno de los divorcios más costosos de la historia Akhmedova-Burford intentaron incautar el buque en Dubai, donde estaba en ese momento, pero la justicia del Emirato rechazó el pedido por considerarlo contrario a la sharia islámica. Burford intentó luego una acción en las Islas Marshall, donde estaba registrada la nave, y persiguió activos de Akhmedov en Lichtenstein, un paraíso fiscal. Finalmente, el oligarca petrolero cedió al asedio e hizo un arreglo “amigable” de USD 186 millones con su exesposa, en uno de los divorcios más caros de la historia. Para Tatiana fue un éxito algo menos que a medias. Burford se quedó con USD 103 millones, poco más del 55% del arreglo judicial. “Burford asumió una de las sentencias más grandes de la historia inglesa y la cobró en nombre de nuestro acreedor judicial, tal como lo está haciendo en el caso YPF. Burford tiene un sólido historial de éxito con más de 16 años haciendo esto”, respondió al respecto el vocero de Burford. Argentina, ¿el premio mayor? Con todo, por lejos el mayor éxito que hasta ahora tuvo el litigator funder en foros judiciales es el fallo de Preska contra la Argentina: USD 18.000 millones e intereses en marcha. Burford compró en USD 18 millones el litigio y ya obtuvo USD 236 millones por venta de derechos sobre posibles pagos futuros, justamente lo que la Argentina buscará evitar en la audiencia de este miércoles ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y, llegado el caso, ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU. El fallo de Preska es difícil de revertir, pero el historial y las prácticas de Burford, cuya cotización en Wall Street es hoy de USD 2.340 millones, casi ocho veces menos que el pago que reclama e infinitamente mayor a la inversión que realizó, al menos hace que, a diferencia de las críticas que Trump recibió por ayudar al gobierno de Javier Milei, esta vez jugar a favor de la Argentina no le sea políticamente costoso e incluso, eventualmente, le resulte beneficioso.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por