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Parana » Informe Digital
Fecha: 24/10/2025 14:30
Del 11 al 17 de noviembre se realizará el juicio por jurados para determinar la responsabilidad de los policías Oscar Molina y Diego Ibalo en el asesinato de Gabriel Gusmán, confirmó el abogado querellante José Iparraguirre. Gusmán tenía 19 años cuando fue alcanzado por un disparo en la cabeza, efectuado desde atrás, en el marco de un conflicto con armas de fuego en el barrio Capibá, en el sureste de Paraná. El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2018. La selección de los jurados populares está prevista para el 10 de noviembre; el debate oral se desarrollará entre el 11 y el 17 de noviembre. Están citados 29 testigos, de los cuales ocho serán civiles convocados por cada parte. Iparraguirre señaló que entre los declarantes habrá funcionarios de la cúpula policial. También se realizará una inspección judicial en el barrio Capibá, durante la cual se tomarán imágenes audiovisuales terrestres y con dron. Ese material servirá para facilitar la comprensión y el trabajo de los jurados populares. Molina e Ibalo afrontan una pena de prisión perpetua por el delito de Homicidio agravado por alevosía y por la situación de indefensión de la víctima. En una publicación de APF, el 26 de septiembre pasado, se consignó que Molina está sindicado como autor del disparo mortal; a Ibalo, que también disparó, se le imputa no haber impedido que su compañero descendiera del móvil, adoptara posición de rodilla en tierra y efectuara el disparo que impactó en la nuca del joven, quien había comenzado a huir pero en ese instante había detenido la carrera. Un juicio impulsado por la querella, sin acusación pública El proceso se llevará a cabo sin la presencia del Ministerio Público Fiscal impulsando la acusación: la acción la ejerce la querella autónoma, a cargo de José Iparraguirre. Tras el desistimiento de los fiscales de acusar a los dos efectivos, se dispuso la conversión de la acción pública en privada. El querellante considera que se trata de un caso de gatillo fácil: sostiene que ambos funcionarios dispararon en una situación que no lo ameritaba, sin que corrieran riesgo sus vidas ni las de terceros, y cuando el joven ya había desistido de huir. La defensa de los policías, a cargo de Daniel Rosatelli y Miguel Ángel Cullen, sostiene lo contrario. Afirman que sus asistidos actuaron de acuerdo con las circunstancias y dentro de los parámetros legales. Los defensores lamentaron el desenlace fatal y aseguraron que ambos efectivos repelieron una agresión al arribar a un convulsionado barrio Capibá, como consecuencia de enfrentamientos a balazos entre dos facciones enemigas. Como prueba de ese contexto, mencionaron los audios de llamadas de vecinos al 911 que dieron cuenta de la situación que motivó la llegada de los funcionarios.
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