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Parana » AIM Digital
Fecha: 24/10/2025 12:58
El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un paquete de reformas laborales y económicas que promete modificar de raíz el régimen laboral argentino. Según supo AIM, el Ejecutivo tiene previsto presentar el proyecto luego de las elecciones, una vez renovadas las Cámaras, y confía en que el nuevo escenario legislativo facilite su aprobación. Desde el entorno presidencial confirmaron a AIM que la iniciativa podría ser formalmente presentada el 15 de diciembre, mientras que el vocero Manuel Adorni anticipó que “se trata de un bloque de leyes destinado a que la micro acompañe a la macro”. El presidente Javier Milei ya había adelantado en un acto en la planta de Sidersa, en San Nicolás, que su intención es avanzar desde diciembre con una reforma integral del régimen laboral y tributario. En los despachos oficiales aseguran que el objetivo es “modernizar las relaciones laborales” y “eliminar rigideces” que, según el Gobierno, desalientan la inversión y la creación de empleo formal. Desde la Casa Rosada argumentan que el sistema actual es “arcaico, rígido e imprevisible” y que las empresas enfrentan “costos laborales excesivos” que terminan empujando a la informalidad. Los lineamientos del proyecto incluirían la posibilidad de establecer salarios por mérito o productividad, la negociación individual o por empresa, la reducción de la ultraactividad de los convenios colectivos y nuevos esquemas de contratación “más ágiles”. De acuerdo con las fuentes consultadas por AIM, la administración Milei considera que estas medidas otorgarán mayor flexibilidad y dinamismo al mercado laboral, generando incentivos para la formalización del empleo. Sin embargo, la propuesta desató un amplio rechazo en el movimiento obrero organizado. Dirigentes de la CGT advirtieron que se trata de “un intento de reeditar por vía legislativa lo que el DNU 70/23 no pudo imponer”. Gerardo Martínez, representante de la central obrera, afirmó que “los derechos laborales no son la causa del costo argentino” y sostuvo que “lo que se busca es debilitar la protección del trabajador para favorecer al capital”. En la misma línea, distintas organizaciones sindicales alertaron que los cambios implican un riesgo directo para la estabilidad laboral, las indemnizaciones y los convenios colectivos. Según constató AIM, los gremios advierten que la eliminación de la ultraactividad de los convenios dejaría a miles de trabajadores sin cobertura una vez vencidos los acuerdos, obligándolos a renegociar sin garantías mínimas. También objetan la idea de vincular los salarios al rendimiento individual o empresarial, al considerar que eso profundizaría la desigualdad dentro de un mismo sector y fragmentaría la negociación colectiva. “Lo que llaman modernización es, en realidad, precarización”, señalaron desde la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), que prepara junto a otras centrales un documento de rechazo. Desde el Gobierno responden que “no se trata de quitar derechos, sino de crear oportunidades”. En la Casa Rosada aseguran que la reforma busca “dar aire a las pymes, fomentar la contratación y reducir los juicios laborales que hoy asfixian al sistema”. En ese sentido, fuentes oficiales informaron a AIM que el proyecto incluirá incentivos fiscales y esquemas de simplificación administrativa para acompañar la transición hacia el nuevo régimen. No obstante, persisten varios interrogantes. ¿Cómo se garantizarán los derechos existentes, como vacaciones, licencias o indemnizaciones? ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar abusos en los contratos flexibles? ¿Y cómo se asegurará la representación sindical en la negociación por empresa? La falta de respuestas concretas mantiene en alerta a las centrales obreras, que ya anticiparon que no permitirán “una reforma que convierta derechos en privilegios”. En definitiva, aunque el Gobierno presenta la reforma como una herramienta para reactivar la economía y generar empleo, el modo en que pretende implementarla y su sesgo hacia la flexibilización generan preocupación en amplios sectores sociales. Lo que está en juego no es solo un cambio de reglas, sino un nuevo equilibrio de poder entre el capital y el trabajo. Y en ese tablero, advirtió AIM, se definirá buena parte del futuro laboral y social de la Argentina.
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