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  • Astillero español Cardama acusado de fraude al Estado uruguayo en contrato naval

    Concordia » Saltograndeextra

    Fecha: 23/10/2025 16:46

    El Gobierno uruguayo anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, ante graves indicios de fraude y estafa al Estado uruguayo, con el objetivo de proteger los recursos públicos. El presidente Yamandú Orsi confirmó el miércoles 22 de octubre la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, responsable de construir dos patrullas oceánicas. La medida responde a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”, indicó Orsi, acompañado por la vicepresidenta Carolina Cosse, la ministra de Defensa Sandra Lazo, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. Se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales para resguardar los fondos del Estado y esclarecer los hechos, después de detectar irregularidades en las garantías y falsedades en la información de la empresa. Indicios graves de irregularidades El prosecretario Jorge Díaz detalló que Cardama no presentó la garantía de fiel cumplimiento del 5% del contrato, y los plazos se extendieron de 45 días a 11 meses. Además, entre 2022 y 2024 la empresa tuvo apenas un empleado, su único director es un ciudadano ruso, y los datos de contacto de la empresa eran falsos. Las comunicaciones con Eurocommerce, supuesta empresa en Reino Unido, resultaron fraudulentas, ya que la dirección correspondía a una inmobiliaria de un ciudadano ruso, sin relación con el contrato naval. Acciones del Estado uruguayo El Estado uruguayo ejecutará la garantía de fiel cumplimiento rubricada por Cardama. El secretario Alejandro Sánchez señaló que ya se realizaron tres transferencias cercanas a 30 millones de dólares, y que se adoptarán todos los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para investigar los hechos. Sánchez enfatizó: “Se trata de hechos muy graves que requieren investigación profunda para determinar si hubo complicidad de funcionarios públicos que no resguardaron los recursos del Estado”. Contexto y responsabilidad El contrato, firmado por la administración anterior, estipulaba que la primera patrulla debía construirse en 18 meses, pero Cardama tardó 11 meses solo en constituir garantías. La capacidad de la empresa para cumplir con el contrato nunca se verificó formalmente, evidenciando la falta de controles en contrataciones extranjeras. El Gobierno uruguayo continúa adoptando medidas para proteger los recursos públicos y garantizar que este posible fraude sea completamente esclarecido.

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