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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 23/10/2025 15:56
El financiasta Fernando Whpei. Foto: @MutualesdeSF El juez de Garantías N° 3 de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, resolvió este jueves prorrogar por 84 días la detención cautelar de Fernando Elías Whpei, ex titular de Radio Rivadavia. Él es el financista arrepentido en la causa que involucra al exjuez federal Marcelo Bailaque, quien está imputado por liderar una presunta red de corrupción judicial y lavado de activos. Según el fallo dictado esta mañana, Whpei -quien permanece detenido en su casa desde mediados de mayo- continuará bajo arresto domiciliario y con ciertos “permisos de egreso invocados oportunamente por la defensa” hasta el hasta el 14 de enero de 2026, en virtud de un acuerdo entre el fiscal general Federico Reynares Solari, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, y el imputado. “Se mantienen inalterables las circunstancias que oportunamente justificaron el dictado de la medida cautelar”, sostuvo el magistrado, al señalar que la extensión de la decisión resultaba “necesaria, proporcional y razonable”, de acuerdo con lo previsto en los artículos 210 inciso k y 218 a 223 del Código Procesal Penal Federal. En efecto, el ex titular del Grupo Unión -representado por su abogado Renzo Biga- es uno de los imputados colaboradores centrales en la investigación que expone una presunta trama de dádivas, extorsión y lavado de activos con epicentro en el juzgado del exjuez federal Marcelo Bailaque, también con prisión domiciliaria. Según la investigación, Bailaque, Whpei y otros funcionarios habrían cobrado sumas de dinero a empresarios santafesinos para evitar la apertura de causas penales en su contra. El exjuez Marcelo Bailaque Bailaque renunció a la magistratura en julio pasado tras haber sido imputado en tres causas distintas por prevaricato, incumplimiento de deberes y extorsión. Luego fue acusado de haber recibido sobornos por parte de Whpei entre enero de 2019 y enero de este año, a quien habría favorecido con decisiones judiciales dictadas durante su magisterio. Según la acusación fiscal, el exjuez habría simulado un contrato de alquiler con el financista para encubrir el cobro de pagos ilegales. La operación se concretó sobre una propiedad en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, donde Bailaque se había desempeñado como magistrado. El contrato se firmó a nombre de la mutual Siempre Joven, vinculada a Whpei, que nunca llegó a ocupar el inmueble ni retiró las llaves, pese a que los pagos fueron facturados y declarados como actividad comercial. De esa forma, según la hipótesis acusatoria, el exjuez recibió beneficios económicos indebidos que disimuló como ingresos legítimos. Además, Bailaque y Whpei están acusados de haber transferido irregularmente fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo hacia una mutual administrada por el financista, fuera del control del Banco Central. Esa maniobra habría beneficiado directamente a Whpei, amigo personal del magistrado, con quien incluso figura viajando al exterior en 2024. El financista está además bajo la lupa por una operatoria cambiaria millonaria autorizada en diciembre de 2023 por el juez federal Gastón Salmain, quien le permitió a una firma vinculada a Whpei acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) pese al cepo vigente. Cinco días antes del cambio de gobierno, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar presentada por Attila Fideicomisos SRL, administrada por el empresario, que habilitó la compra de hasta USD 10 millones al valor oficial, con el argumento de cancelar presuntas deudas con acreedores del exterior. El juez Gastón Salmain, bajo la mira Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos USD 1.128.850, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. Attila actuó como fiduciaria del Doubleblue Argentina Credit Trust II, un fideicomiso con siglas casi idénticas a la sociedad que reclamaba el pago. Los investigadores analizan si se trató de una autodeuda simulada, es decir, si los operadores detrás del fideicomiso se pagaron a sí mismos. La cautelar de Salmain fue dictada sin intervención del Ministerio Público Fiscal y a pesar de la apelación inmediata del Banco Central, que advirtió sobre la irregularidad de la operación. En marzo de 2024, la Cámara Federal de Rosario revocó la medida, dando lugar al planteo del organismo monetario. Tras esa resolución, el propio Salmain remitió el expediente al Ministerio Público Fiscal “a sus efectos”, lo que derivó en la apertura de una investigación penal. Cómo siguen las investigaciones La Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) avanzan ahora en la reconstrucción de esa operatoria para determinar si se realizó un “rulo” financiero con la reventa de dólares en el mercado paralelo y si el magistrado recibió algún retorno a cambio de su decisión. La medida se firmó el 5 de diciembre de 2023, cuando el dólar oficial cotizaba a $379 y el blue a $955, y perdió efecto pocos días después, con la devaluación que llevó la cotización oficial a $800 tras la asunción del presidente Javier Milei. El caso fue remitido luego al Juzgado Federal N° 4 de Rosario, por entonces a cargo de Bailaque, lo que demoró el avance de las pesquisas. Actualmente, el expediente está en manos del juez Carlos Vera Barros, quien en estos días ordenó allanar el despacho de Salmain e incautar su teléfono iPhone 17, entregado apagado y sin el código de desbloqueo. La causa permanece bajo secreto de sumario. El juez de Garantías N° 3 de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, encargado de la causa que investiga al exjuez Bailaque y al financista Whpei En paralelo, Gendarmería Nacional realizó allanamientos en domicilios vinculados a Santiago Busaniche, operador judicial en Santa Fe y Buenos Aires, y en la constructora EDECA, investigada por el presunto traspaso de un terreno que habría beneficiado a un familiar de Bailaque. El análisis de comunicaciones peritadas por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) reveló mensajes entre Vaudagna y Salmain, además de vínculos con Busaniche y Whpei. Las conversaciones documentan encuentros y favores entre funcionarios y empresarios, relaciones que el juez nunca denunció.
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