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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 23/10/2025 00:09
La senadora del PJ había visitado en los últimos días algunas plantas fabriles fueguinas para escuchar las inquietudes de trabajadores y empresarios. La parlamentaria presentó un proyecto de ley, con el acompañamiento de sus pares de bloque, para anular los decretos 333 y 334 de 2025, firmados por el Ejecutivo nacional, que reducen los aranceles a la importación de productos electrónicos y modifican el régimen de envíos desde la provincia. Según advirtió, las medidas ponen en riesgo el empleo y la producción local. La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (PJ), presentó un proyecto de ley para derogar los decretos 333 y 334 de 2025, firmados por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, que reducen los aranceles de importación para productos electrónicos y establecen un nuevo régimen simplificado para el ingreso de mercaderías a la isla. El Decreto 333/25 modificó la nomenclatura arancelaria del Mercosur y redujo progresivamente los derechos de importación extrazona para teléfonos celulares, televisores y otros bienes de informática y telecomunicaciones. La norma fija una baja inicial del 16 % al 8 % en los aranceles, con eliminación total a partir de enero de 2026. Por su parte, el Decreto 334/25 creó un régimen simplificado para el ingreso de pequeños envíos originarios del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, destinado a personas humanas para uso y consumo particular. La iniciativa busca facilitar operaciones comerciales directas, aunque prohíbe la reventa de los productos importados. Desde los sectores industriales y sindicales fueguinos, las medidas fueron interpretadas como un retroceso para el régimen promocional establecido por la Ley 19.640, que desde hace más de cuatro décadas sostiene la producción de electrónicos, plásticos y electrodomésticos en la provincia. Advierten que la apertura de importaciones sin mecanismos de compensación ni reconversión industrial podría provocar despidos y desinversión en el parque fabril de Río Grande. En los fundamentos del proyecto, se plantea que los decretos “se enmarcan en un contexto de desregulación económica y ajuste fiscal que agrava las consecuencias sociales y económicas en las regiones más vulnerables”. Señala además que el Gobierno nacional “avanza sin plan de reconversión, sin salvaguardas laborales ni mecanismos idóneos de sustitución de importaciones que protejan el tejido productivo local”. López destaca que la propuesta busca “restablecer la normativa previa para evitar perjuicios irreparables y abrir un ámbito federal de trabajo que permita mejorar el desempeño del régimen sin desnaturalizar su finalidad estratégica”. El régimen fueguino, mejor conocido como Ley 19640 —creado en 1972 y ratificado en sucesivas etapas— exime de impuestos nacionales a las empresas que producen dentro del territorio insular, con el objetivo de promover la radicación de población, generar empleo y fortalecer la soberanía en la zona más austral del país. Actualmente, en Tierra del Fuego funcionan más de 30 plantas fabriles que emplean de manera directa a unos 7.000 trabajadores y generan un importante movimiento económico vinculado al sector logístico, tecnológico y de servicios. Las autoridades locales han expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por los efectos que podrían tener las nuevas normas sobre ese entramado productivo. El proyecto de ley, ingresado por Mesa de Entradas al Senado, el día martes 21 de octubre, fue acompañado por otros legisladores del bloque justicialista y será tratado en comisión en las próximas semanas.
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