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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 20/10/2025 16:40
Por Maximiliano Rodríguez Paulin (*) Casi un año después de la sanción de la ordenanza N° 10.214, que creó el régimen de habilitación y fiscalización para los Espacios Culturales Independientes (ECI), el gobierno municipal finalmente dictó su reglamentación mediante el decreto N° 2.193/2025. Pero lo que debía ser la puesta en marcha de un sistema ágil, moderno y transparente terminó convirtiéndose en exactamente lo contrario: una vuelta al Estado burocrático, lento y discrecional que todo lo condiciona y todo lo decide. La ordenanza fue concebida para simplificar el vínculo entre el ciudadano y el Estado municipal. Establecía un procedimiento digital de habilitación inmediata mediante declaración jurada, garantizando el control técnico posterior, sin demoras ni discrecionalidad política. El objetivo era claro: confiar en la responsabilidad de los administradores de los espacios culturales, al tiempo que el municipio fiscalizara con transparencia y a posteriori Se trataba de una oportunidad concreta para implementar un régimen de habilitación ágil, eficiente y replicable en otros sectores de la economía local —comercios, industrias, servicios—, demostrando que el Estado puede modernizarse confiando en la gente, no controlándola. Sin embargo, el Ejecutivo municipal eligió otro camino. El Decreto N° 2193/2025 crea una Comisión Evaluadora integrada por funcionarios de distintas áreas (Cultura, Hacienda, Habilitaciones, Legal y Técnica, Concejo Deliberante…) que en los hechos se convierte en un filtro político. Ningún espacio cultural puede habilitarse sin el visto bueno previo de esa comisión (los que conocemos estos mecanismos sabemos que si se reúnen dos veces al año es mucho). En los papeles se presenta como un órgano “asesor”, pero en la práctica devuelve el poder de habilitar a la birome del funcionario. Y lo más grave: la reglamentación reconoce solo a los ECI ya existentes, exigiendo antecedentes de funcionamiento, cronogramas previos y registros de actividades. De esa forma, se excluye a los nuevos proyectos culturales que podrían crearse bajo este régimen, desalentando la iniciativa privada y la innovación. El Estado no crea cultura, no crea comercio, no crea valor. Solo mantiene lo que ya existe, impidiendo que aparezca lo nuevo. Así, una herramienta que debía abrir puertas para el desarrollo cultural y económico de la ciudad terminó atrapada en el mismo entramado burocrático que pretendía superar. Una oportunidad de modernización se perdió por completo. El discurso oficial habla de un Estado facilitador, pero los hechos muestran otra cosa: un Estado que no confía en los ciudadanos, que necesita seguir aprobando cada paso, cada permiso, cada trámite. En vez de acompañar, vuelve a controlar. En vez de habilitar, vuelve a impedir. La verdadera modernización del Estado no pasa por crear comisiones, sino por dejar trabajar. Facilitar es confiar, no firmar. Es permitir que un paranaense que quiere abrir su local, su taller o su espacio cultural no dependa del humor ni de la firma de un político de turno. El municipio perdió una oportunidad histórica de ensayar un cambio profundo: el paso del Estado que permite al Estado que acompaña. Y eso, en una ciudad que necesita más cultura, más empleo y más inversión privada, es un retroceso enorme. (*) Concejal de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Paraná
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