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» tn24
Fecha: 18/10/2025 11:58
El Gobierno del Chaco oficializó la expulsión de dos cabos de la Policía provincial, identificados como H.O.C. y E.J.G., tras confirmarse que abusaron sexualmente de una mujer que había acudido en busca de protección. El hecho, ocurrido en agosto de 2022, fue calificado como “una afrenta a la dignidad humana y un profundo desprestigio para la institución”. La medida fue formalizada mediante el Decreto 1580/25. La víctima, que había solicitado auxilio a Gendarmería Nacional tras ser agredida por su expareja, fue trasladada por los agentes hasta la Comisaría Sexta, donde radicó la denuncia correspondiente. Luego, los policías tenían la orden de acompañarla a su domicilio, pero desviaron el recorrido hacia una zona descampada detrás de Gendarmería, donde cometieron el abuso sexual bajo amenazas con un arma. Durante el ataque, la mujer logró enviar un mensaje de auxilio y grabar parte de lo sucedido antes de que le quitaran el teléfono. Posteriormente, los agentes la dejaron frente a su vivienda. Según su testimonio, uno de ellos le dijo: “Vos tenés que cuidarte, sos linda por fuera y por dentro”. La Fiscalía de Investigación Penal N° 4 ordenó la detención de los acusados el 30 de agosto de 2022. Ambos fueron imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser funcionarios policiales, conforme al artículo 119 del Código Penal. Las pruebas recolectadas durante la investigación confirmaron el recorrido irregular del móvil PT-454 mediante el sistema GPS, y pericias forenses verificaron la presencia de material genético coincidente con los imputados y la víctima. En paralelo a la causa judicial, se llevó adelante un sumario interno en el que los agentes se abstuvieron de declarar. Finalmente, el Ejecutivo provincial resolvió aplicar la sanción máxima de cesantía, señalando que los policías incurrieron en “faltas gravísimas contra el honor policial”. El decreto firmado por el gobernador destaca que los funcionarios policiales “asumen una posición de garante en virtud de su rol de protección” y que sus acciones constituyen una traición a la confianza pública y a los valores institucionales. La causa fue elevada a juicio, donde los dos exagentes deberán enfrentar cargos por los delitos cometidos mientras se encontraban en funciones. La Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad, la Asesoría General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Legales de la Policía avalaron la decisión, considerando la gravedad del caso.
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