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Parana » AIM Digital
Fecha: 16/10/2025 10:13
Diputados, especialistas y representantes del sector productivo coincidieron en la necesidad de avanzar con una normativa nacional que unifique criterios, promueva buenas prácticas agrícolas y equilibre producción y cuidado ambiental, informaron a AIM desde Fundación Barbechando. En una reunión informativa conjunta de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Atilio Benedetti (UCR) y Carlos D’Alessandro (Coherencia), se debatió el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios, supo AIM. La propuesta, elaborada junto a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) y respaldada por más de 31 legisladores de distintos bloques, busca establecer un marco nacional que regule de manera responsable la aplicación de fitosanitarios, resguardando la salud humana y el ambiente. Benedetti explicó que la iniciativa “responde a una necesidad postergada” y que el 90 por ciento de las hectáreas cultivadas en el país requieren de esta regulación. “De cada diez hectáreas que se cultivan, nueve utilizan tecnologías que hacen necesaria la aplicación de fitosanitarios”, puntualizó. Ejes centrales del proyecto El texto, al que tuvo acceso AIM, propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental con base científica y criterios de gestión de riesgo, aplicables en todo el país. Entre los puntos principales se destacan: Zonas sensibles y de exclusión: Definidas según el tipo de aplicación y la cercanía a poblaciones, escuelas, cuerpos de agua o áreas protegidas. Receta fitosanitaria obligatoria: Emitida por un ingeniero agrónomo matriculado, para garantizar trazabilidad y control técnico. Capacitación continua: Para aplicadores, asesores y fiscalizadores, centrada en buenas prácticas agrícolas. Control de equipos: Verificación técnica y registro obligatorio de los equipos terrestres y aéreos. Manejo integrado de plagas: Promoción de buenas prácticas y uso de productos autorizados por Senasa. Monitoreo ambiental y sanitario: Coordinado entre autoridades nacionales y provinciales para evaluar impactos. Voces de apoyo: consenso entre sectores Desde la RedBPA, Ramiro Costa destacó que la propuesta “demuestra que la construcción público-privada es posible”. En la misma línea, Nieves Pascuzzi subrayó que “tras casi once años de trabajo interinstitucional y reuniones con legisladores, se logró un texto mejorado con una mirada productivo-ambiental”. Por parte del sector técnico, Eugenia Magnasco (CREA) enfatizó la necesidad de brindar previsibilidad: “Hoy existen normativas municipales y provinciales muy dispares, muchas veces sin base científica. Una norma nacional permitiría compatibilizar las actividades productivas con la protección de la salud y el ambiente”. Desde el plano provincial, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba y presidente de la Comisión Federal Fitosanitaria, remarcó que “es necesaria una ley nacional que fije objetivos y principios comunes” y aclaró que el objetivo no es uniformar, sino coordinar. Acompañamiento del sector productivo y legislativo El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, consideró el proyecto como “una herramienta clave para brindar previsibilidad a los productores”. Por su parte, Ricardo Marra, titular de la Bolsa de Cereales, sostuvo que la ley “pone primero a la persona, luego al ambiente y finalmente a la producción”. En tanto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), uno de los autores de la iniciativa, llamó a un debate basado en la evidencia: “Este debate no puede partir de prejuicios, sino de evidencia científica. Con esta ley aspiramos a construir una agricultura más moderna, competitiva y ambientalmente sostenible”. Un paso hacia una regulación equilibrada El encuentro reflejó la importancia del trabajo articulado entre los sectores público y privado, así como la voluntad de distintos bloques políticos de avanzar hacia una normativa que combine desarrollo productivo con protección de la salud y el ambiente. La discusión legislativa continuará en el marco de las comisiones, con amplio respaldo para dotar al país de una ley nacional que armonice criterios en todo el territorio y brinde mayor previsibilidad a productores y comunidades.
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