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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 16/10/2025 04:52
Hace pocos días se llevó a cabo el encuentro preparatorio parala COP30 en Brasilia (Foto: Reuters/Mateus Bonomi) Tras tres ediciones consecutivas en países petroleros —Sharm el-Sheikh, Dubái y Bakú—, Belém do Pará representará la oportunidad de reorientar el rumbo hacia un modelo de desarrollo que combine justicia climática con crecimiento económico sostenible. La trigésima Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a celebrarse en la ciudad brasileña del 10 al 21 de noviembre, representa un punto de inflexión para América Latina. Belém se erige, así como un acto de reparación institucional, reafirmando el valor del multilateralismo ambiental y la necesidad de un liderazgo regional latinoamericano. La deuda pendiente: la integración climática latinoamericana La cumbre se realizará en esta región tras haber perdido la oportunidad de organizar la COP25 en 2019, primero por la decisión política de Brasil de renunciar a su organización y luego por el estallido social en Chile, que trasladó la cumbre a Madrid. Aunque España integra el espacio iberoamericano, su ubicación en Europa significó que la COP25 se desarrollara fuera del continente latinoamericano. Esa desviación de sede reflejó la falta de coordinación institucional y la debilidad del liderazgo regional. América Latina es un bajo emisor global: aporta apenas el 11,3 % de los gases de efecto invernadero, pero sufre tres cuartas partes de los eventos climáticos extremos registrados en los últimos años. Esa asimetría demuestra que el desafío no es solo técnico, sino político: lograr que una región que sufre más de lo que contamina tenga más peso en las decisiones que la afectan. La región llega fragmentada. Las diferencias ideológicas y los modelos de desarrollo se reflejan tanto en las negociaciones sobre temas clave, como en la conformación de sus alianzas internacionales. Mientras algunos países tienden a alinearse con los intereses del bloque occidental, otros fortalecen sus vínculos con China y el grupo de los BRICS. La Declaración Ministerial de Ciudad de México (2024) marcó un primer intento de coordinación regional. Allí se adoptó el concepto de Mutirão Global —palabra tupí-guaraní que significa esfuerzo colectivo—, como símbolo de cooperación entre los países del Sur. Amazonía como sujeto de derechos Uno de los debates más esperados en Belém será el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos, inspirado en precedentes como el caso del río Atrato en Colombia. Proteger la selva dejaría de ser una obligación moral para convertirse en un deber legal. Los bosques tropicales absorben alrededor del 15% de las emisiones globales de dióxido de carbono y cumplen un rol insustituible en la mitigación del cambio climático. Sin embargo, su supervivencia está amenazada por la deforestación, la expansión agroganadera, la minería ilegal y la constante vulneración de los derechos de los pueblos originarios. La puesta en marcha del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) introduce un paradigma de derecho ambiental económico: un mecanismo jurídico-financiero que remunera la conservación forestal con criterios de desempeño, transparencia y justicia distributiva. Garantiza ingresos estables incluso cuando se alcanza la deforestación cero. Financiación y justicia climática: el talón de Aquiles América Latina recibe menos del 17% del financiamiento climático global, a pesar de ser una de las regiones más afectadas por los impactos del cambio climático. Esta brecha revela un desequilibrio estructural: la mayoría de los países latinoamericanos, clasificados como de renta media, quedan atrapados en una zona gris, demasiado desarrollados para acceder a fondos destinados para los más pobres, pero aún vulnerables frente a los desastres climáticos. Resulta urgente transformar la noción de “responsabilidad compartida” en una obligación jurídica exigible, en línea con el principio de equidad intergeneracional. La región comparte intereses comunes: dar más peso a la adaptación y a las pérdidas y daños, promover una transición energética justa y proteger estratégicamente los ecosistemas estratégicos, especialmente la Amazonía. La meta es movilizar 1,3 billones de dólares en financiamiento climático, incluyendo la puesta en marcha del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que aspira a recaudar 125.000 millones de dólares para la conservación de los bosques tropicales bajo criterios de transparencia, desempeño y justicia distributiva, asegurando ingresos estables incluso cuando se alcanza la deforestación cero. Ningún acuerdo climático será legítimo sin la participación activa de los pueblos originarios, primera línea de defensa de los bosques. Reconocerlos como sujetos de derechos y garantizar la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 de la OIT) es una exigencia ética y jurídica para una verdadera justicia climática inclusiva. El Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental regional, consolida esta visión: protege a los defensores del ambiente y garantiza el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Su plena implementación es esencial para fortalecer la democracia ambiental y asegurar que la transición ecológica sea transparente, participativa y justa. Contribuciones Nacionales: la ventana que se estrecha Cada cinco años, los países deben actualizar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que definen sus compromisos para reducir emisiones y adaptarse al cambio climático. Con los planes actuales, el planeta se encamina a un calentamiento de entre 2,1 °C y 2,6 °C, según Climate Action Tracker. Por eso, esta tercera presentación —las NDC 3.0— representa una última oportunidad para mantener abierta la meta de 1,5 °C establecida en el Acuerdo de París. América Latina debería priorizar la justicia climática en una región profundamente desigual. Reimaginar las economías con enfoque de derechos, inclusión y equidad. La protección de los bosques tropicales, junto con un financiamiento climático previsible y suficiente, constituye otro eje decisivo. Una NDC bien formulada puede atraer inversiones verdes y transformar la conservación ambiental en motor de desarrollo sostenible, apoyada en instrumentos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Finalmente, la adaptación y la resiliencia deben consolidarse como prioridades estratégicas. Avanzar en las Metas Globales de Adaptación (GGA) y acelerar la implementación de los planes nacionales es indispensable para que las comunidades vulnerables y los gobiernos locales accedan de manera directa a los fondos disponibles. El financiamiento será determinante: se busca duplicar los recursos destinados a la adaptación para 2025 y avanzar en la Hoja de Ruta Bakú–Belém. Aun así, persisten tensiones entre los países desarrollados y los países en desarrollo respecto del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiamiento Climático (NCQG), que definirá las condiciones del apoyo internacional en la próxima década. Conclusión La COP30 no debe ser un ritual diplomático más, sino el punto de partida de una arquitectura jurídica regional. Latinoamérica posee los recursos naturales, la diversidad cultural y la legitimidad moral para liderar el tránsito hacia un modelo de desarrollo compatible con los límites planetarios. El desafío es transformar ese potencial en institucionalidad climática efectiva, con normas claras, sanciones proporcionales y mecanismos de cumplimiento verificables. Hoy, cuando la evidencia científica es inapelable y las soluciones tecnológicas están al alcance, el desafío es traducir los compromisos en acciones efectivas y verificables sobre el terreno, capaces de generar resultados tangibles en mitigación, adaptación y justicia climática.
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