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» tn24
Fecha: 15/10/2025 19:38
Un operativo encabezado por el Juzgado Federal de Goya permitió rescatar a 15 personas que eran explotadas laboralmente en zonas rurales de Lavalle y Santa Lucía, provincia de Corrientes. Las víctimas trabajaban en condiciones infrahumanas, y entre ellas se encontraban dos integrantes de la comunidad Qom de Formosa, que no hablaban español, y cinco trabajadores oriundos de Mendoza. La investigación fue dirigida por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y el fiscal federal Mariano De Guzmán, y se originó a partir de una denuncia presentada ante la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Goya” de Gendarmería Nacional. En la presentación, el denunciante advirtió sobre “situaciones compatibles con el delito de explotación laboral” en establecimientos agrícolas de la zona. Tras varios días de tareas de campo, la fiscalía solicitó los allanamientos, que se realizaron en simultáneo y permitieron identificar y asistir a las víctimas, además de secuestrar una camioneta Toyota Hilux, dinero en efectivo, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa. El único investigado hasta el momento es Eusebio Torres, un productor rural señalado como dueño de los predios donde se desarrollaba la actividad ilícita. Los investigadores sostienen que Torres mantenía a los trabajadores en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable ni remuneración acorde, y que además podría haber incurrido en evasión impositiva. En el operativo participaron agentes de Gendarmería Nacional, profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata – Delegación NEA, y personal de la Dirección Nacional de Migraciones, la AFIP-DGI, el Ministerio de Trabajo, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) de Corrientes. Las víctimas fueron trasladadas a un espacio de contención donde recibieron asistencia médica, psicológica y legal. La Justicia federal continúa con la investigación para determinar la responsabilidad penal del acusado y posibles vínculos con redes de explotación laboral en la región.
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