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Parana » AIM Digital
Fecha: 15/10/2025 08:57
Una planilla interna del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) confirma que Suizo Argentina S.A. acumuló 3.324.192.314,78 pesos en facturación al 30 de septiembre de 2025, ubicándose entre los principales proveedores de la obra social militar. El dato surge en medio de una investigación judicial por presuntas coimas en la compra de medicamentos y de un movimiento financiero clave: la toma de un préstamo de 40.000 millones de pesos para sostener el flujo de caja. En enero, el Iosfa instrumentó un mutuo por 40.000 millones de pesos, dividido en tres desembolsos (20.000 millones + 10.000 millones + 10.000 millones), con una TNA de 52,05 por ciento y un CFT de 66,48 por ciento, a 34 cuotas bajo sistema francés. Se trata de una deuda elevada, de largo plazo y alto costo financiero, que buscó generar liquidez inmediata para afrontar pagos a prestadores y droguerías. En octubre, el tablero contable mostró un salto abrupto: el indicador “Ingresos – Pagado” cerró en 32.824.742.384,81 pesos, enderezando el flujo financiero anual en un solo mes. La mejora se atribuye más a una reorganización de cobros y pagos que a un incremento genuino de la eficiencia administrativa. Tanto el Iosfa como el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), entidad que otorgó el préstamo, dependen del Ministerio de Defensa. La operación se produjo bajo la órbita política de Luis Petri y en el marco de un cambio de autoridades: Betina Surballe asumió la presidencia del directorio el 11 de junio de 2025. En paralelo, la causa judicial avanza con allanamientos y medidas sobre contrataciones en el sistema de salud estatal. El 9 de octubre se realizaron 25 procedimientos simultáneos para obtener documentación, contratos y dispositivos vinculados a la trama Iosfa–Suizo, que dejó de ser un episodio aislado para transformarse en un eje de investigación estructural. En el Congreso, diputados impulsan pedidos de informes para que el Ejecutivo detalle los contratos con Suizo Argentina: montos, mecanismos de adjudicación y expedientes administrativos. Actualmente, esa información sólo se reconstruye mediante documentos internos. La situación revela un esquema en el que un proveedor concentra más de 3.324 millones de pesos en facturación en nueve meses, mientras el organismo se endeuda fuertemente para financiar pagos, reordenando balances para cerrar el año. El debate ya no gira solo en torno al volumen de compras públicas, sino a la administración de la caja estatal para sostener a grandes contratistas. Para los afiliados, estas maniobras tienen un impacto directo: demoras en pagos a prestadores, farmacias con atención restringida y un modelo en el que el costo final termina determinado por la financiación. Con la Justicia avanzando y el Congreso reclamando documentación, la transparencia sobre precios, pliegos y contratos se volvió ineludible.
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