15/10/2025 01:06
15/10/2025 01:04
15/10/2025 01:03
15/10/2025 01:02
15/10/2025 01:02
15/10/2025 01:00
15/10/2025 01:00
15/10/2025 01:00
15/10/2025 01:00
15/10/2025 00:57
» El litoral Corrientes
Fecha: 14/10/2025 19:58
La oposición en Diputados avanzó esta tarde con la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por haber incumplido la ley de emergencia en discapacidad y advirtió que, si sus explicaciones no resultan satisfactorias, podrían activar una moción de censura para removerlo. El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. La medida surgió de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato, respectivamente. Dieron despacho a un proyecto con las firmas de Unión por la Patria y parte de Encuentro Federal. Se trata del dictamen de mayoría -con 29 firmas- que habilita formalmente la interpelación “a los efectos de iniciar una moción de censura”, tal como prevé la Constitución Nacional. Es decir, convierte la citación a Francos en el paso previo para su eventual destitución por mayoría absoluta de ambas cámaras. Un segundo dictamen, de minoría, firmado por los radicales de Democracia y el cordobés Juan Brugge -aliado del gobernador Martín Llaryora- optó por un tono más prudente: se limita a citar al funcionario sin incluir la censura, aunque advierte que, si persiste en su accionar, “deberá asumir las consecuencias”. En medio de la campaña, buscan evitar el rótulo de “destituyentes”. Hubo, además, un dictamen de rechazo, con 19 firmas de un sector de Pro, los libertarios y la radical aliada al gobernador Alfredo Cornejo, Soledad Carrizo. El bloque Innovación Federal -que representan a los oficialismos de Río Negro, Salta y Misiones-, no firmaron ningún dictamen. El acercamiento de los gobernadores peronistas no alineados con el kirchnerismo se vio en la última sesión, donde evitaron dar quorum y propiciaron que la limitación del uso de los DNU sea devuelta al Senado. La emergencia en discapacidad, sancionada en julio y promulgada por Javier Milei, actualiza los aranceles de los prestadores, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo y ordena cancelar las deudas del sistema de salud. Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el decreto 681/2025, firmado por Javier Milei, Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, con el argumento de que la norma carece de financiamiento. Ese gesto encendió la chispa política: el Congreso, que había aprobado la ley por amplia mayoría, acusa al jefe de Gabinete de desconocer la voluntad legislativa. “Es el administrador y el que tiene que reasignar partidas”, advirtió Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). “Firmó un decreto diciendo que no va a cumplir con una ley. Si el Congreso pierde la confianza en él, tiene la facultad de reemplazarlo. No podemos no hacer nada como Congreso cuando no se cumple una ley”, enfatizó. El diputado apuntó además contra lo que considera una doble vara fiscal: “Ellos no dicen de dónde sacan la plata cuando quitan las retenciones o cuando aumentan el gasto de los espías”, lanzó. Desde Unión por la Patria, Daniel Arroyo trazó un cuadro social dramático. “La situación está colapsada. Hay trabajadores en talleres protegidos que cobran $28.000 por mes, hogares que hacen ferias americanas para sobrevivir. La ley se votó tres veces y el Gobierno, en un hecho absurdo, la promulgó para luego suspenderla. Es brutal para las personas con discapacidad y sus familias. Dejen de maltratar a las personas con discapacidad”, reclamó. El bloque Democracia manifestó su preocupación institucional con una frase de Pablo Juliano: “Llegó un nuevo concepto para quedarse: el de la legalidad selectiva. Cumplo lo que quiero y el resto lo ignoro”. Rodrigo de Loredo, de la UCR, coincidió en el cuestionamiento al oficialismo, aunque se desmarcó del impulso que busca destituir al funcionario. “La figura del jefe de Gabinete nació para atenuar el hiperpresidencialismo. No se puede sostener que el Congreso esté dos años sin presupuesto y, además, se suspenda una ley por decreto. Pero una moción de censura en este contexto solo profundizaría la fragilidad política del sistema”, planteó. Su bloque optó por la prescindencia. En defensa del Gobierno, Silvana Giudici (Pro) calificó de “desproporcionado” el planteo opositor. “La moción de censura no reemplaza al juicio político; es un señalamiento político. Aplicarla con liviandad equivale a un intento de desestabilización. Serán responsables quienes acompañen esta aberración jurídica”, advirtió. Desde el oficialismo, la neuquina Nadia Márquez fue la encargada de argumentar jurídicamente en favor de Francos. Dijo que lo que debe analizarse es si el jefe de Gabinete “está actuando conforme a derecho” y citó la ley de administración financiera, que establece que “si no está previsto de forma expresa, quedará suspendida la ejecución”. En esa línea, concluyó: “Acá no hubo un incumplimiento del ministro, sino de la propia ley, que no establece la forma de financiamiento”. (Con información de La Nación)
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por