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» RosarioNet
Fecha: 13/10/2025 14:07
La demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en habilitar la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos constituye una señal de alarma institucional. El máximo tribunal tardó tres años y cuatro meses en resolver un expediente en el que estaba en juego la cooperación judicial internacional frente a delitos gravísimos: narcotráfico y lavado de activos. La pregunta es: ¿Las organizaciones criminales trasnacionales dedicadas al narcotráfico tienen, entonces, la capacidad de incidir en los tiempos de la Justicia argentina? Repasemos el caso: La justicia de Estados Unidos, reclamó a la Argentina la extradición del ciudadano de nuestro país Federico Andrés Machado el 24 de febrero de 2021 para ser juzgado en el distrito Este de Texas por cargos gravísimos vinculados al narcotráfico. Machado fue detenido el 22 de abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén por un alerta roja de interpol. El Juez federal de esa provincia, Gustavo Villanueva, declara procedente la extradición de Machado a Estados Unidos el 19 de abril de 2022, disponiendo que permanezca detenido bajo arresto domiciliario. El 4 abril de 2023, un año después, el procurador general Eduardo Casal dictamina favorablemente a la extradición, desde esa fecha hasta que estalla el escándalo de la vinculación del narco con el diputado nacional José Luis Espert, y por ende las luces enfocaron el cajón del cuarto piso del palacio de Tribunales donde se escondía cajoneado el narcoexpediente y solo 48 horas después de esta conmoción (el 6 de octubre pasado), nos enteramos que los tres ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti daban procedencia al reclamo de la justicia estadounidense. Con este proceder, el máximo tribunal de justicia argentino está violando tratados internacionales muy importantes en la materia de narcotráfico, como la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas firmado en el año 1988, cuyo artículo 6, inc 7 reza que “las Partes se esforzarán por agilizar los procedimientos de extradición”, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, cuyo artículo 16, inc 8 establece que los Estados partes “procurarán agilizar los procedimientos de extradición”. La dirigencia política tomó recaudos para evitar que el narcotráfico penetre en el Congreso separando inmediatamente de la presidencia de la comisión de presupuesto a José Luis Espert mientras espera la decisión definitiva sobre su responsabilidad en el caso. Es hora de trabajar con la misma firmeza para que no penetre en el Poder Judicial. Queremos saber cuántos expedientes similares al de Machado pueden estar cajoneados en la Corte. La actuación del máximo tribunal, a mi modesto entender, no sólo constituye mal desempeño de sus funciones, sino que además sienta un precedente peligroso: la posibilidad de que redes criminales encuentren en la pasividad judicial un refugio. No se trata de un caso más: es un test fundamental para nuestras instituciones. No podemos permitir que el poder del narcotráfico avance sobre la Justicia. Si eso ocurre, ninguna política de seguridad ni ningún esfuerzo democrático serán suficientes. 3 años y 4 años meses demoró esta decisión, vergüenza. La Justicia no puede ser como la serpiente que sólo muerde a quienes tienen los pies descalzos. * Diputado nacional de Unión por la Patria.
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