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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 13/10/2025 05:06
El hecho se cuenta así: el escribano Rubén Calero, funcionario del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), fue secuestrado por un grupo en la intersección de las calles 25 de Junio y Mendoza, en Paraná. Eran cerca de las 22 del 5 de junio de 1991. Fue llevado a un predio ubicado detrás de la conocida fábrica de Pórtland y luego siguieron hasta el paredón donde habitualmente se pesca. Allí apareció una lancha en la que cargaron a Calero, lo llevaron río adentro y lo tiraron con un peso al fondo del río. Su cuerpo apareció unos días después. En su 19º libro de investigación periodística, el periodista y escritor Daniel Enz se mete en esa historia con un título fuerte: “Crimen por encargo”, que estará en librerías el próximo 10 de noviembre. El libro promete meterse en una parte de la historia reciente de Entre Ríos en la que los casos pasaban apagados por el sistema judicial y que a su epílogo quedaba la sensación de la existencia de muchos cabos sueltos. Enz se toma esa tarea: atar cabos sueltos y contar la historia con todos sus condimentos. “Hubo dos juicios, dos condenados de cuatro imputados, un prófugo que capturaron tres años después (como el exoficial Carlos Balla) y demasiadas desprolijidades en la investigación policial del crimen de Rubén Calero. Esa dependencia absoluta de la Policía de parte de la fiscal y del juez de la causa –donde había también una absoluta incidencia del poder político de turno-. Hubo funcionarios que nunca se citaron y podían haber dado explicaciones de muchas cuestiones donde jamás se quiso avanzar. Era más fácil centrar todo en el grupo de tareas de Salud y en el expolicía Balla y varios de sus lugartenientes, que lo ayudaron a fugarse en una madrugada de noviembre de 1991, después de un arresto administrativo para mantenerlo detenido e implicado también en el asalto y muerte del cabo Tarnowksi, en el robo al hospital Antonio Roballos”, resume Enz en la retiración de tapa. Y agrega: “Nunca más se avanzó en los autores del hecho violento del psiquiátrico y nadie de la justicia le preguntó a Balla si él era el que estuvo en el atraco, tal como lo habían señalado varios empleados del nosocomio”. Un caso lleva al otro, y todo junto fue un puzzle que nadie se ocupó de explicar en su momento. El 31 de mayo de 1991, ocurrió un episodio violento en Paraná. Durante la mañana tres hombres armados ingresaron a la administración del exhospital Roballos y tras reducir al personal, tomaron los sueldos de todos los empleados. Los delincuentes, que actuaron a cara descubierta en el atraco, no tuvieron piedad con el policía que se encontraba de guardia: Vicente Tarnowsky, quien fue sorprendido y asesinado con proyectiles disparados por una escopeta calibre 16. El hecho quedó impune y si bien hubo nombres que se incorporaron a la investigación, nunca se logró avanzar con las responsabilidades de los acusados, entre los que se encontraba el exoficial de la Policía, Carlos Ramón Balla. La historia de esa muerte se contó por partes, se investigó en forma caprichosa, y no fue al hueso, Por ese crimen, condenaron a prisión perpetua al expolicía Carlos Balla, muerto en 2022, y a Eduardo “El Gitano” Romero. ¿Por qué lo mataron a Calero? “Hay quienes sostienen que el escribano no quiso permanecer impávido cuando se dio cuenta que por su narices transitaban montos siderales, sin control alguno, destinados a la construcción de 5.000 viviendas en Entre Ríos, como parte del plan firmado a mediados de 1989 entre el gobierno provincial, la Subsecretaría de Viviendas de la Nación y la CGT Regional Paraná, encabezada por el dirigente del gremio de trabajadores deportivos Pedro Comas. Los fondos, cercanos a los 100 millones de dólares, eran administrados en la provincia por el IAPV, donde Calero desempeñaba funciones desde fines de 1988”, contó Análisis el 2 de diciembre de 2022. Análisis detalló: “Acorralado por la situación, Balla se fugó en 1991. Quien lo ayudó en esa fuga fue el fallecido excomisario Héctor Luis Almada, exonerado de la Policía en 1992 y condenado a prisión condicional por esa situación. Ya en tiempos del exgobernador Sergio Urribarri, Almada recibió un indulto. Se trata de quien fuera en vida el padre de Luciana y Alejandro Almada, y abuelo de los hijos de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Las crónicas policiales de la época recuerdan que Balla y Almada se conocían de la vieja Dirección de Investigaciones de la Policía, ubicada donde actualmente está el Museo de Bellas Artes, sobre calle Buenos Aires de la capital provincial”. Y que Almada fue exonerado de la Policía de Entre Ríos en 1992 y condenado poco después a prisión condicional, por la fuga de Balla. Al polémico oficial lo conocía de sus tiempos en la Dirección de Investigaciones de la fuerza, cuando se encontraban en calle Buenos Aires 355 y 371 de la capital entrerriana, lo que ya en democracia sería el Museo de Bellas Artes. En plena dictadura estuvieron asignados allí algunos oficiales que luego ocuparían cargos de importancia en instancias constitucionales, como el caso del entonces subcomisario Ernesto Geuna. Siempre considerado ‘un oficial duro, frontal y de acción’, permaneció allí hasta fines de 1976; tuvo un paso por Logística y a fines del ’78 regresó a Investigaciones, donde revistó hasta noviembre de 1979. Al personal de Investigaciones se sumaría luego -tras estar detenido como parte del denominado Comando Paraná- el oficial Carlos Ramón Balla, que venía de ser un “hombre de Inteligencia” en la Policía de Río Negro. Formaban parte de un grupo de tareas -junto a otros uniformados- que se encargaba de llevar adelante las detenciones de dirigentes estudiantiles, gremiales o políticos y realizar la primera tarea de ablande en los violentos interrogatorios, con fuertes golpizas o torturas. Después eran derivados a dependencias del Ejército o de la Policía Federal”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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