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Parana » El Once Digital
Fecha: 09/10/2025 11:30
La Justicia dispuso 15 allanamientos en la causa por supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Las medidas, ordenadas por el juez Sebastián Casanello, buscan teléfonos y equipos electrónicos vinculados al caso Spagnuolo. La Justicia ordenó 15 allanamientos en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve de los procedimientos se realizaron en la ciudad de Buenos Aires y los seis restantes en distintos puntos del conurbano bonaerense. Según informó TN, las medidas fueron dispuestas por una nueva línea de investigación abierta en el expediente por corrupción. Los allanamientos son ejecutados por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense en busca de celulares y dispositivos electrónicos pertenecientes a personas recientemente vinculadas al caso. Por el momento, las órdenes judiciales no incluyen detenciones, aunque se espera que los resultados de los peritajes puedan derivar en futuras medidas. Una nueva línea en la causa Spagnuolo El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes ordenaron los operativos tras detectar nuevos nombres y vínculos durante el análisis de los teléfonos secuestrados a los primeros imputados. De esos cruces de información surgieron elementos que amplían el mapa de la presunta red de corrupción. La investigación se originó a partir de los audios filtrados del exjefe del área, Diego Spagnuolo, en los que hablaba de una supuesta operatoria de pedidos de coimas a laboratorios proveedores de la ANDIS. Las grabaciones involucrarían, además, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Los operativos se producen al día siguiente de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, citadas para el próximo miércoles a las 14. Auditoría y documentos bajo la lupa Mientras tanto, el Gobierno acelera la auditoría interna en la ANDIS y analiza los documentos incautados por la Justicia durante los primeros allanamientos. “Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar”, expresaron fuentes del Ejecutivo citadas por TN. Los papeles incluyen facturas de compras de medicamentos realizadas por la agencia a distintas droguerías, operaciones que no figuran en portales públicos y que habrían sido ejecutadas sin trazabilidad administrativa del Ministerio de Salud. El equipo legal del ministerio gestionó ante la Justicia que el interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, acceda a copias de esa documentación. Los investigadores sospechan que no existió un contrato formal con la droguería Suizo Argentina, sino que se habrían aplicado compulsas de precios consecutivas para justificar las adquisiciones. Sospechas de sobreprecios y reformas en marcha En la Casa Rosada admiten que existen indicios de sobreprecios en las compras y que se evalúa reformar el esquema autárquico de contrataciones de la agencia para que las adquisiciones dependan directamente del Ministerio de Salud. “Queremos ejecutar las compras de forma directa a los laboratorios”, indicaron fuentes oficiales. El Gobierno espera que el sumario interno en la ANDIS se complete en un plazo máximo de seis meses, y que los resultados de la auditoría se conozcan después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La revisión también abarca el área de pensiones por invalidez, afectada por recortes y revisiones recientes. En paralelo, el Ejecutivo avanza en un plan de reestructuración institucional, que podría modificar parte de la estructura de la ANDIS, un organismo con 921 empleados y un presupuesto de $3,74 billones. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, $3,1 billones del presupuesto de la agencia se destinan a “seguridad social”, $556.000 millones a “salud” y $5.300 millones a “promoción y asistencia”.
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