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» Diario Cordoba
Fecha: 09/10/2025 10:23
El presidente del Gobierno ha tardado apenas media hora en responder a la negativa de Isabel Díaz Ayuso de crear un registro de médicos objetores al aborto, como obliga la ley, para garantizar este derecho en la sanidad pública. “No lo vamos a permitir”, ha arremetido a través de la red social X en un duro mensaje de advertencia. “El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo. La presidenta madrileña ha cerrado la puerta al requerimiento del Gobierno con el argumento de que "no voy a hacer la lista negra de médicos nunca”, Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid ha respondido así a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot sobre esta cuestión, apoyando su rechazo en que la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos protegerían a los profesionales para no declarar sobre su ideología, religión o creencias. “Esta era la libertad que prometía Ayuso”, le ha afeado el presidente del Gobierno en un enfrentamiento directo de replica política poco habitual en su cuenta de X fuera de periodo electoral. Tras ello ha equiparado la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid a un intento de “volver a los viajes clandestinos a Londres” y “al clasismo y al señalamiento”. “Volver 50 años atrás”, ha concluido. En su contraofensiva para garantizar el derecho al aborto, el jefe del Ejecutivo envió un requerimiento a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid en los que les daba tres meses para crear y regular el Registro de Personas Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios. El objetivo pasa por "garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad". La Ley Orgánica 2/2010 reformada en 2023 obliga a todas las comunidades a crear un Registro de Objetores. Para ello, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 2024 el protocolo por unanimidad. Según sostienen desde el Ejecutivo, la falta de este registro "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley". El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales, sostienen, "nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres". No es la primera vez que se envía una carta en esta línea. En la anterior legislatura lo hizo la por entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y en la actual la ministra de Sanidad, Mónica García, avisando sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra los gobiernos autonómicos que no cumpliesen. Próximos pasos El detonante de esta reacción de Moncloa que busca extenderse las comunidades fue la decisión aprobada por el Ayuntamiento de Madrid la pasada semana, a iniciativa de Vox, para informar, “de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto a través de las diferentes áreas implicadas”. Entonces, el propio Pedro Sánchez se encargó de extender la denuncia sobre la “regresión de derechos fundamentales” a otras instituciones gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, más allá de la capital. Principalmente, según denunció, derivando a “clínicas privadas” a las mujeres que busquen abortar, habitualmente fuera de las comunidades autónomas donde residen. Al frente de las comunidades autónomas y del propio Ayuntamiento de Madrid se sumará el del Congreso. Los socialistas promoverán una reforma de la Constitución, a la que ya se ha opuesto el PP, para blindar el derecho al aborto. Asimismo, el Ejecutivo modificará el Real Decreto 825/2010 para impedir la difusión de "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo". La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Los socialistas han colocado los recientes vaivenes del PP sobre el aborto en el centro de su discurso contra Alberto Núñez Feijóo. Se trata, señalan, de un asunto que les permite buscar un “claro contraste” con los conservadores y al mismo tiempo intentar minar la autoridad de Feijóo dentro de su partido. La última salida de Ayuso ha ocupado un espacio relevante en la reunión de la Ejecutiva que el PSOE ha celebrado este jueves, según fuentes presentes en el encuentro. “Semana tras semana, es mayor la barbaridad que le escuchamos a la presidenta de Madrid”, ha señalado la portavoz socialista, Montse Mínguez. “¿Dónde quiere Ayuso que las mujeres vayan a abortar? -se ha preguntado la dirigente catalana-. ¿A la Clínica Quirón para seguir con sus negocios? ¿A Londres como se hacía antaño? El PP ya demuestra que es más de Vox que los de Vox. Las leyes están para cumplirlas. Por eso le decimos a Feijóo que si todavía manda algo, que lo demuestre. Que le exija a la presidenta de Madrid que cumpla las leyes”.
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