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» Misioneslider
Fecha: 09/10/2025 05:22
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En medio de un panorama económico incierto, el Gobierno de Javier Milei ha dado un paso que ha generado controversia: la derogación de una norma que igualaba los salarios de empleados estatales permanentes y contratados. Esta medida, plasmada en la Decisión Administrativa 26/2025, ha levantado críticas y preocupaciones sobre la pérdida del poder adquisitivo en el sector público. Argumentos oficiales y revisión normativa Según el Ejecutivo, la derogación de la Decisión Administrativa N° 3 de 2004 responde a la necesidad de una revisión integral de la normativa aplicable a las contrataciones de personal en el Estado. Sin embargo, la falta de detalles adicionales en el decreto ha generado incertidumbre sobre las implicancias reales de esta medida en los salarios de los trabajadores contratados. Licuación salarial y ajustes en el sector público La reducción del poder adquisitivo se ha convertido en un problema recurrente para los empleados estatales, quienes han visto cómo sus salarios se han visto afectados en términos reales. De acuerdo con datos de ATE Nacional, las pérdidas salariales alcanzan hasta un 19,4%, y si se considera el aumento de precios en servicios básicos, la caída supera el 40% desde diciembre de 2023. Despidos y nuevas figuras laborales En un contexto de ajuste, más de 50 mil trabajadores contratados han sido despedidos, mientras que aquellos en planta permanente han sido trasladados a la "situación de disponibilidad". Esta situación, que permite mantener el sueldo por un período limitado, puede derivar en despidos definitivos si no se encuentra una reubicación adecuada para los empleados afectados. Qué sucede con los salarios en el sector privado La batalla entre salarios e inflación parece estar en su punto más álgido en este año. Con proyecciones de inflación anual en torno al 28,2%, los aumentos salariales brindados a empleados no agremiados han rondado el 19,48%. Esta brecha entre salarios y precios ha llevado a negociaciones salariales más frecuentes y a ajustes extraordinarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo. En resumen, la derogación de la norma que igualaba los salarios de empleados estatales permanentes y contratados ha generado preocupación por la pérdida del poder adquisitivo en el sector público. Con ajustes salariales por debajo de la inflación y despidos masivos, los trabajadores del Estado enfrentan un panorama desafiante en términos de estabilidad laboral y bienestar económico.
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