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» Sin Mordaza
Fecha: 09/10/2025 01:59
El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, volvió a generar tensión con la Marina Mercante argentina mediante la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada el 9 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial. Desde el sector gremial advirtieron que la norma intenta restituir de manera encubierta los efectos del DNU 340/25, rechazado por el Congreso, y busca abrir el cabotaje a buques extranjeros. La resolución modifica el régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional (Decreto-Ley 19.492) y a la Ley 27.419 de la Marina Mercante Nacional, reemplazando los sistemas de publicaciones y consultas previas por declaraciones juradas simples, lo que permitiría la operación de embarcaciones extranjeras en tráficos reservados a buques argentinos bajo el argumento de “falta de disponibilidad”. El Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, denunció que “es una maniobra que roza lo inconstitucional, que no respeta la división de poderes y que tiene la palabra negocios por todos lados”. Según el dirigente, el objetivo económico es claro: “creen que desregulando se bajan los costos laborales, ya sea en salarios o en contribuciones patronales, pero lo que en realidad hacen es vulnerar derechos individuales, colectivos, sociales y sindicales”. En respuesta, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F) elevó una nota formal a la ANPyN el 15 de septiembre de 2025, denunciando la emisión reiterada de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje Nacional a buques como los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, de bandera paraguaya, operados por Vessel Logística S.A., Mediterranean Shipping Company S.A. y Agencia Marítima Nabsa S.A., en presunta violación al artículo 30 de la Ley 27.419. La federación calificó estas acciones como “llamativas, por no decir sospechosas”, e instó a la ANPyN a garantizar el cumplimiento de la normativa, asegurando la presencia de tripulación argentina en los buques bajo régimen de excepción.
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