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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 08/10/2025 13:27
(ADN).- La definición del Procurador General de Río Negro, que consideró que el intendente Walter Cortés se extralimitó en sus funciones al convocar el referéndum municipal del 9 de noviembre, provocó un fuerte cimbronazo político en Bariloche. El abogado y exlegislador Alejo Ramos Mejía calificó el dictamen como “esperable” y aseguró que la resolución “ratifica la independencia del Poder Judicial frente a una decisión que es nula de origen”. “El dictamen señala que habría existido una intrusión de poderes del Ejecutivo en el Deliberante. Esa intrusión hace caer por completo la instancia de referéndum”, sostuvo Ramos Mejía en diálogo con Radio Con Vos Patagonia. Para el abogado, la atribución de llamar a referéndum pertenece exclusivamente al Concejo Municipal, y no al Ejecutivo. “El artículo 38, inciso 14, de la Carta Orgánica dice que le corresponde a los concejales llamar a referéndum. No uno, sino ocho concejales deben hacerlo”, explicó. El exlegislador fue contundente al analizar los fundamentos legales que usó el Ejecutivo para avanzar con la consulta popular. “Una de las críticas más claras es que el intendente se basó en una ordenanza vieja, que ya había sido abrogada. Esa norma es letra muerta”, advirtió. Ramos Mejía remarcó que la convocatoria no solo es nula, sino también imprudente, por el gasto que implica. “Están gastando recursos públicos en una decisión que probablemente termine anulada. No se pueden mandar a imprimir boletas o capacitar gente cuando se sabe que el acto es inválido. Solo en contratar a una cooperativa para brindar información se gastaron 28 millones de pesos”, señaló. Ramos Mejía también cuestionó el intento del entorno del intendente de atribuir el dictamen del Procurador a una supuesta maniobra política de “Viedma contra Bariloche”. “Es una maniobra para llevar todo al barro y dejar de discutir la parte técnica. Decir que esto es una pelea de Viedma contra Bariloche le quita credibilidad al Poder Judicial”, opinó. En ese sentido, recordó que los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el propio procurador provienen de distintas regiones de la provincia, lo que desmiente la idea de un sesgo centralista. “Hay jueces de Roca, Regina, Bariloche, Cipolletti y solo uno de Viedma. No hay ningún complot; hay un fallo técnico”, afirmó. “La política son relaciones humanas” El abogado también reflexionó sobre el clima político que rodea la disputa institucional. El STJ tiene ahora un plazo de quince días hábiles para resolver el conflicto, lo que podría ubicar la decisión definitiva cerca o incluso después de la fecha prevista para el referéndum. “La judicialización fue impulsada por cinco concejales de la oposición, pero lo importante es entender que las relaciones políticas son relaciones humanas. Si el intendente se dedica cotidianamente a destruir vínculos y agraviar, después no puede pretender tener canales de diálogo abiertos para conseguir consensos”, analizó. Finalmente, Ramos Mejía planteó que la consulta popular, como herramienta, no está en discusión, sino su uso irregular: “Consultar a la población está bien, pero la herramienta está creada y hay un procedimiento. El Ejecutivo tiene que convencer a los concejales y seguir los pasos que marca la Carta Orgánica. Lo demás es ruido político”.
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