08/10/2025 06:55
08/10/2025 06:54
08/10/2025 06:53
08/10/2025 06:53
08/10/2025 06:53
08/10/2025 06:53
08/10/2025 06:53
08/10/2025 06:52
08/10/2025 06:52
08/10/2025 06:52
Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/10/2025 04:49
Víctor Saldaño recibió la primera sentencia de muerte en julio de 1996 y desde septiembre de ese año está en el “corredor de la muerte” en Texas La Unidad Allan B. Polunsky es la prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas que, desde 1999, alberga a los condenados a la pena capital. En su interior funciona el llamado Death Row o Corredor de la muerte: un pabellón de celdas de dos por tres metros donde cada recluso pasa, al menos, 23 de las 24 horas del día en aislamiento total, a la espera de una inyección letal. En esa cárcel de máxima seguridad, el argentino Víctor Hugo Saldaño lleva casi treinta años esperando su ejecución. Hace tres meses, el cordobés fue trasladado a un hospital psiquiátrico del sistema penitenciario texano tras varios intentos de suicidio. Su madre, Lidia Guerrero, tomó conocimiento a la distancia, sin datos precisos. “Estoy totalmente desconectada. Lo único que sé de mi hijo es que está en una clínica psiquiátrica en Dallas, donde le escribimos. Él hace mucho que no nos escribe”, contó a Infobae. Saldaño tiene 53 años y es el prisionero con más tiempo en el corredor de la muerte en la historia de Estados Unidos. En promedio, los condenados pasan unos 15 años antes de ser ejecutados; él va camino a duplicarlo. Su abogado, Juan Carlos Vega, asegura que su aparato psicológico y mental está devastado: “Duerme casi dieciocho horas al día y lo alimentan con tres raciones que, en total, suman mil quinientas calorías y están cargadas de somníferos. El corredor de la muerte no es una cárcel, es un sitio técnico de tortura”. El caso, que en los años noventa parecía un expediente más en la maquinaria judicial de Texas, se convirtió en un emblema internacional. Dos veces fue condenado a morir y dos veces organismos internacionales declararon nulas esas sentencias por considerar que estaban impregnadas de racismo judicial. Pero Estados Unidos nunca acató la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena su liberación. Ahora, su abogado dice que la actual Cancillería argentina optó por desentenderse del caso: “Me dijeron que no se van a exponer a ningún conflicto con Estados Unidos por Saldaño”. Víctor Saldaño y su madre, Lidia Guerrero. La última vez que se abrazaron fue en el año 1996 Del crimen a una condena “racista” El hecho que llevó a Víctor Saldaño al corredor de la muerte ocurrió el 25 de noviembre de 1995, en el estacionamiento de un supermercado de las afueras de Dallas, en Texas. El argentino, entonces de 24 años, y su amigo mexicano Jorge Chávez interceptaron a Paul Ray King —un vendedor de computadoras de 46 años— le dispararon y lo mataron. Horas después, Saldaño fue arrestado con el arma homicida y algunas pertenencias de la víctima. Su compañero confesó el crimen y lo inculpó por el asesinato. El juicio que lo condenó dejó expuesto el costado más oscuro del sistema judicial norteamericano. “En ese momento, en Texas regía un protocolo que pretendía medir la ‘peligrosidad del acusado’ —explica Juan Carlos Vega—. Entre las preguntas figuraban: ‘¿Sos hombre o mujer?’, ‘¿Sos joven o adulto?’, ‘¿Cuál es tu raza?’. El pobre Saldaño encajaba en todas las peores”. Ese documento (hoy derogado) fue clave para que, en julio de 1996, se decidiera aplicarle la pena de muerte. En el 2000, en un fallo histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la primera condena a muerte de Saldaño. Lo hizo luego de que el propio Estado de Texas reconoció que el juicio estuvo “contaminado” por el uso de argumentos racistas. El proceso volvió a iniciarse en septiembre de 2004, pero el resultado fue el mismo: pena de muerte. En ambas instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró nulas las sentencias y pidió liberar a Saldaño. Sin embargo, esa resolución nunca se cumplió. “Ese es el motivo por el cual Texas no se atreve a ejecutarlo: sería un escándalo internacional”, dice Vega. Según el abogado, el problema de fondo es estructural: Estados Unidos no reconoce como obligatoria la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el instrumento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se apoya la CIDH. En la práctica, esa postura le permite desoír las decisiones de la CIDH. “Llevan años sin cumplir. Eso es lo que estamos denunciando. Con el caso Saldaño se sienten muy molestos porque se está tocando una joya muy preciada que es su sistema judicial”, dice Vega. Durante más de dos décadas, la Cancillería argentina acompañó el reclamo de Saldaño y su familia: presentó amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y cubrió los viajes de su madre a Texas. Pero todo ese respaldo que se sostuvo a lo largo de distintos gobiernos, ya no existe. De acuerdo con Vega, la actual gestión se retiró de escena. “Decidieron abandonar al argentino a su suerte. Me lo dijeron expresamente”, dice el letrado. Infobae se contactó con Cancillería para conocer la posición oficial sobre el caso, pero no obtuvo respuesta. En promedio, los condenados pasan unos 15 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutados. Víctor Saldaño va camino a duplicar esa cifra “Está quebrado psicológicamente” La última vez que Vega vio a Saldaño fue en el año 2012, durante una visita autorizada por un juez texano. La primera fue en 2004, mientras se desarrolló el segundo juicio en McKinney, una ciudad ubicada a unos sesenta kilómetros de Dallas. “Estuve diez días con él y, para ese momento, ya estaba totalmente fuera de la realidad. En medio del debate se bajó el cierre del pantalón y empezó a masturbarse. No lo hizo para escandalizar, lo hizo porque era lo que hacía todos los días en el corredor de la muerte”, dice Vega. “Está probado que con cuatro años en el corredor de la muerte se quiebra el 100 % del aparato psicológico del condenado. Los psiquiatras con los que hablé me dijeron que, cada vez que Víctor recupera algo de lucidez, lo primero que quiere hacer es matarse”, agrega. En Estados Unidos hay, según el letrado, 2.890 condenados a muerte, distribuidos en los 26 estados donde la pena capital sigue vigente. Los otros 24 la abolieron. “En términos de seguridad ciudadana, no hay ninguna diferencia entre los estados que la tienen y los que no —dice Vega—. Eso demuestra la inutilidad absoluta de la pena de muerte. Es un instrumento de venganza. Se siguen masacrando en las escuelas, en los templos, en todos lados. Con o sin pena de muerte”. El Papa Francisco, junto a Lidia Guerrero y al abogado, Juan Carlos Vega, en junio de 2016. “El único apoyo internacional que tuvimos fue de él”, dice el letrado —En este momento, ¿cuál es un escenario judicial posible para Saldaño? ¿Existe alguna instancia pendiente o está todo cerrado? —La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos notificó hace unos quince días que le corrió traslado a Marco Rubio, el canciller de Estados Unidos, de los dos pedidos que hicimos. El primero, que se denuncie la conducta de Estados Unidos por racismo judicial en la próxima asamblea de la OEA; el segundo, que se le pague a Saldaño una reparación integral por los daños irreversibles causados por veintinueve años y siete meses que lleva en el corredor de la muerte. Si deciden que hay que pagarle un dólar o diez millones, lo vamos a aceptar. Lo importante es que esto sirva para otros casos y para que Estados Unidos no quede impune. —¿Qué es lo que espera su familia? ¿Que le apliquen la inyección o que lo saquen del corredor de la muerte y le den prisión perpetua? —Ese es un debate moral que ya tuvimos muchas veces con la madre y la hermana. Desde Estados Unidos nos ofrecieron, por canales extraoficiales, que pidamos la clemencia. Así se llaman los indultos allá: clemency. Si la pedíamos, se lo indultaba y se lo pasaba a una prisión común con una condena de por vida. Tanto la madre como la hermana y yo nos negamos. No queremos clemencia ni indulto. Queremos que se cumpla la ley.
Ver noticia original