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  • Golpe a LLA: la Justicia dictaminó que Karen Reichardt debe reemplazar a Espert y desata un dilema de género en la Rosada : ADN21

    Parana » Adn21

    Fecha: 08/10/2025 04:02

    La fiscal Laura Roteta impuso a la ex Brigada Cola en el primer lugar de la lista, al considerar que la ley de paridad no puede aplicarse para ‘perjudicar a una mujer’. La decisión, que ahora pasa a Ramos Padilla, paraliza la reimpresión de boletas. La renuncia de José Luis Espert desató una crisis legal y de género en La Libertad Avanza (LLA). La fiscal electoral Laura Roteta dictaminó que Karen Reichardt (quien ocupaba el segundo lugar) debe encabezar la lista de diputados, desestimando el pedido del oficialismo de colocar a Diego Santilli (tercero). La decisión, que ahora pasa al juez Alejo Ramos Padilla, desató la furia en la Casa Rosada y paralizó la reimpresión de boletas. El peronismo, por su parte, analiza un amparo para bloquear la reimpresión y forzar a LLA a pagar el costo político del escándalo de $14 mil millones de pesos. Puntos Claves Decisión Judicial: La fiscal Laura Roteta dictaminó que Karen Reichardt (y no Santilli) debe encabezar la lista por la ley de paridad de género. La fiscal Laura Roteta dictaminó que (y no Santilli) debe encabezar la lista por la ley de paridad de género. El Argumento Clave: La fiscal advirtió que la ley de paridad no puede aplicarse para perjudicar u ocasionar una “regresión” a la mujer en su acceso a cargos públicos. La fiscal advirtió que la ley de paridad no puede aplicarse para u ocasionar una a la mujer en su acceso a cargos públicos. Dilema Interno: El fracaso desató la furia del ala política (Francos y Catalán) por no prever la decisión del juez y quedar a merced de la justicia electoral. El fracaso desató la del ala política (Francos y Catalán) por no prever la decisión del juez y quedar a merced de la justicia electoral. El Boicot del Peronismo: La oposición busca un amparo para impedir la reimpresión y forzar a LLA a usar la boleta con la cara del narco-vinculado Espert. La oposición busca un amparo para y forzar a LLA a usar la boleta con la cara del narco-vinculado Espert. Costo Político y Fiscal: Reimprimir las boletas costaría $14 mil millones, un gasto que la oposición contrasta con el veto a las leyes sociales. La encrucijada legal y la “furia” en la Rosada La renuncia de José Luis Espert desató una crisis logística y legal de alto calibre para La Libertad Avanza (LLA) a menos de 20 días de las elecciones. La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de candidatos a diputados, asestando un duro golpe a los deseos del oficialismo. La fiscal Laura Roteta desestimó el pedido de LLA de ascender a Diego Santilli (tercero en la nómina) al primer lugar. El argumento central del dictamen es clave: la fiscal advirtió que la ley de paridad de género no puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger. Aplicar la ley para desplazar a una mujer titular por un hombre, incluso ante una renuncia, iría en contra del espíritu de la norma, que busca revertir la desigualdad estructural en la participación política. La decisión judicial desató la furia en la Casa Rosada. Funcionarios del ala política, como Guillermo Francos y Lisandro Catalán, son los principales apuntados por no haber asegurado que el trámite ante el juez Alejo Ramos Padilla avanzara sin problemas. La LLA, que públicamente ha atacado al magistrado, ahora queda a su merced. La doble trampa de la oposición La única vía que le queda a la LLA para imponer a Santilli es que la propia Karen Reichardt renuncie voluntariamente, ya que el plazo para correcciones terminó hace dos meses. En caso de que la ex Brigada Cola “se plante”, el oficialismo se enfrentaría a un serio dilema de género. Este problema interno fue aprovechado por el peronismo, que analiza una jugada maestra: presentar un amparo judicial para impedir la reimpresión de las boletas. La intención es doble: por un lado, obligar al oficialismo a pagar el costo político del gasto multimillonario de $14 mil millones de pesos (equivalente a más de 37.000 jubilaciones mínimas) y, por el otro, forzar a la ciudadanía a votar con la papeleta que lleva la cara del candidato narco-vinculado, manteniendo vivo el escándalo en el cuarto oscuro. Lo que decida Ramos Padilla definirá la suerte de la campaña.

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