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» Diario Cordoba
Fecha: 07/10/2025 12:00
«Llevamos toda una vida esperando este momento», resume Antonio López, vecino de la urbanización El Sol. Este martes, el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba aprueba el proyecto de reparcelación de esta urbanización situada en la barriada de Alcolea. Junto a ella, también se admiten a trámite tres planes especiales que afectan a las urbanizaciones La Perla I y II, El Aljarafe y Maravillas del Aeropuerto. Las 314viviendas situadas junto a la barriada de Alcolea siguen así la senda marcada por Cuevas de Altázar y celebran una decisión que supone un paso importante y mediante el cual las parcelas pasan de ser suelo rústico a urbano. No obstante, los vecinos aún necesitan reunir cerca de 1,5 millones de euros, la cantidad que deben abonar a Urbanismo por el 10% del aprovechamiento (el dinero que han de pagar al organismo municipal como compensación al no poder entregarle la parte del suelo que le correspondería). Además, han de presentar un proyecto de urbanización y ejecutar las obras contempladas en el mismo (viales, acerados e infraestructuras). Sin embargo, José Luis Vega, presidente de la junta de compensación, explica que todos los pasos que se den y todo el dinero que se invierta a partir de ahora «redundará directamente en nosotros». «Llevamos desde 1998 peleando», recuerda. Aunque subraya la importancia de este paso dado por el consejo rector, lamenta no disponer de los cerca de 1,5 millones de euros necesarios para ejecutar el proyecto. De lo contrario, dice entre risas, «ya estaría descorchando la botella de champán». El representante vecinal recuerda que en 2021 «Urbanismo nos pidió 1,2 millones de euros. El entusiasmo fue brutal». Tras casi un año para reunir el dinero y alcanzar «un acuerdo difícil», el proyecto quedó detenido hasta que «ahora nos han pedido un poco más», lo que vuelve a ralentizar el proceso. No obstante, confía en que se pueda recaudar pronto la cantidad que falta. Acceso a la urbanización El Sol, a la que Urbanismo aprobará este martes el proyecto de reparcelación. / A.J. GONZÁLEZ Para dar este paso, Vega destaca que han sido «fundamentales» tres aspectos: la Ley Lista, la Oficina del Territorio del Ayuntamiento y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). A estos últimos agradece su trabajo «incansable y desinteresado», mientras que, respecto a la ley autonómica, reconoce que ha supuesto «un importante avance» y ha ayudado a desatascar el proceso, aunque «desgraciadamente no recoge los casos de urbanizaciones consolidadas. Como es el caso de la nuestra». En esta zona de Alcolea, la ilusión se mezcla con cierto escepticismo. Rafael Castro, Antonio López y Francisco Almagro son vecinos desde hace más de tres décadas y suelen reunirse para tomar una cerveza. La de este lunes ha sido especial y tienen ganas de hablar del tema: «Esto es el primer paso real del camino», señala Antonio, quien insiste en que el siguiente será que la comunidad cuente con servicios como agua potable y saneamiento, aunque eso será «una inversión mucho más importante», y espera que cada parcelista pueda afrontarla. «Mientras no haya dinero, no se hará». Francisco Almagro, con cuatro décadas en la urbanización, también celebra la decisión: «Esto, por fin, va en serio». En su caso no está «quemado» con el proceso, aunque admite que «muchos vecinos sí lo están». Uno de ellos es su compañero de mesa, Rafael Castro, que denuncia que han puesto «mucho dinero y aún no hemos visto nada». Este hombre de 84 años comenta con vehemencia que espera ver su casa «regularizada» antes de morirse. Los tres confían en que en la próxima década sus viviendas estén completamente legalizadas: «Sería la mejor herencia para mi hijo. Esta zona se va a multiplicar por tres o por cuatro de precio», apunta Almagro. Por su parte, Antonio critica la lentitud de las administraciones municipales y autonómicas, aunque aprecia un avance significativo en los últimos años: «Por fin comenzamos a ver la luz al final del túnel, aunque aún está algo lejos», concluye. Francisco Almagro, Antonio López y Rafael Castro conversan en el bar de la urbanización El Sol. / A.J. GONZÁLEZ Demasiados plazos Menos tiempo llevan Rosa Fernández y su marido en esta zona de Alcolea, aunque aseguran que la urbanización «no ha mejorado nada». Recuerdan que «ni pasan los autobuses de Aucorsa ni tenemos agua potable». «Hemos puesto más de 4.000 euros cada vecino en esta última ronda, así que más les vale que puedan solucionar esto», asevera mientras saca a sus dos hijos del coche. Critican que se les han dado «muchos plazos» y que «siempre nos han pedido un poco más». Rosa comenta que le encanta vivir en esta zona de Córdoba y que, cuando se legalice, no tiene pensado vender la propiedad, aunque apunta que el entorno «está de moda» y que recientemente se han vendido varias viviendas con rapidez. «Solo quiero terminar de pagar y que salga agua corriente de mi grifo», zanja. La ley Lista, clave Para el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, el paso dado por el consejo rector de Urbanismo es de suma relevancia. Insiste en que no se puede hablar de un proceso que, en algunos casos, supera las tres décadas, sino que hay que poner el baremo en diciembre de 2021, con la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). CMC: «La ley Lista ha demostrado ser un buen desatascador» Para de Gracia, este nuevo avance demuestra que la normativa «abre nuevos caminos» y que es «útil para desatascar» procesos paralizados. Sin embargo, advierte de que, para ello, «los vecinos deben querer transitar por ese camino». También subraya la importancia de una ley que cuenta con «mecanismos adaptados a Córdoba» y cuyos resultados «son palpables». Paralelamente, el presidente del CMC señala que, si Córdoba «quiere apostar por la vía de la regularización», debe «dotar de recursos y personal a la Oficina del Territorio», haciendo especial hincapié en la «falta de personal administrativo», lo que, a su juicio, está ralentizando en gran medida todo el proceso. Aun así, celebra que haya quedado constatado «el trabajo que estamos haciendo» desde el CMC. Otras tres parcelaciones Junto a La Perla I y II, Maravillas del Aeropuerto y El Aljarafe afrontan la admisión a trámite de sus respectivos planes especiales. En el caso de la primera, que incluye 211 viviendas ubicadas entre Majaneque y La Golondrina, su plan ya pasó por el consejo rector en julio y ahora regresa tras un error de forma. Para Maravillas del Aeropuerto, que cuenta con 151 parcelas, la ejecución de esos planes especiales tendrá un coste estimado de casi 1,8 millones de euros. Una mujer rellena una garrafa de agua en la fuente situada en el acceso a la urbanización El Aljarafe. / A.J. GONZÁLEZ José Sáez considera que «nos llevan muchos años dando carrete y esto es solo una forma más», por lo que no cree que las autoridades vayan a legalizar la urbanización donde vive desde 2002. Aunque admite que vive «muy a gusto» en la zona, matiza enseguida: «La vida sin los servicios más básicos es complicada». Jorge critica las promesas incumplidas a lo largo de estas dos décadas. «Ha sido toda una farsa», resume con vehemencia. Más positiva se muestra Cristina Vilacastillo. «Espero que no nos fallen esta vez (...) Soy algo más optimista», dice mientras conversa con su vecino. Cristina también comenta las dificultades de vivir en este punto de Córdoba. «Bañaba a mis hijos con agua del pozo y se les levantaba la piel», recuerda. Pese a ello, también está frustrada porque «hemos invertido mucho dinero y todo lo hemos tenido que hacer nosotros». Urbanización El Sol: «Este es el primer paso real del camino» Al otro lado de la carretera del Aeropuerto se encuentra la urbanización de El Aljarafe, que ocupa una superficie de 103.000 metros cuadrados distribuidos en 92 parcelas y para la que será necesaria una inversión de 2,2 millones de euros. Para Francisco Villamandos, presidente de la asociación vecinal, esta urbanización se encuentra en una zona de Córdoba «propicia» para que lleguen los servicios básicos. Villamandos define el proceso hasta alcanzar este paso como «un caos infernal» y reconoce el impulso dado desde la apertura de la Oficina del Territorio. «Es una decisión de la que todos se benefician: vecinos, Ayuntamiento y Junta», resume. En varias ocasiones repite desde el porche de su casa que «lo que no se podía hacer era mirar para otro lado» y que la solución no pasaba por «demoler las casas». «No queremos que nos den nada regalado, sino que se zanje el problema», afirma, mientras recalca su deseo de que pronto haya agua potable y servicio de recogida de basuras. Unos metros más abajo, Francisco Alcalde celebra la medida con sus vecinos. En su caso, se enteró de la decisión de Urbanismo por un cartel en la entrada: «Recuerdo ir con mi padre, siendo pequeño, a las primeras protestas». Actualmente afronta problemas legales con su vivienda y espera que la situación cambie. Aun así, cree que esto «va todavía para largo», por lo que comenta entre risas que espera que al menos sus hijos «puedan ver todo regularizado».
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