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» TN corrientes
Fecha: 07/10/2025 00:40
Política Caso Cuadernos: el Tribunal rechazó la reparación integral propuesta por los empresarios para evitar el juicio Lunes, 6 de octubre de 2025 Medio centenar de los acusados por haber pagado y cobrado sobornos durante doce años buscaban ser sobreseídos a cambio de un pago económico. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó el pedido de reparación integral que medio centenar de empresarios ofrecieron para evitar sentarse el 6 de noviembre en el banquillo de los acusados, fecha en la que dará inicio al juicio del caso de los Cuadernos, donde hay 147 personas imputadas y más de 1.100 millones de dólares embargados. Después de realizar una audiencia la semana pasada, en la que se fijaron 16 pautas de organización del debate oral y público que tendrá como principal acusada a Cristina Kirchner, señalada como la jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de fondos ilegales, el TOF 7 tomó otra decisión clave. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se pronunciaron sobre el pedido de reparación integral que plantearon cerca de 50 empresarios y ex funcionarios para extinguir la acción penal con un pago económico -cuya suma total redondeaba unos 15 millones de dólares- y evitar, en consecuencia, afrontar el debate público. Cuando se realizó la primera de las audiencias para abordar este tema, la fiscal general Fabiana León rechazó la propuesta. Sostuvo en su exposición: "La corrupción se juzga, no se negocia". Indicó entre sus argumentos, que la reparación integral contemplada en el Código Penal, no está prevista para casos de "gran corrupción" como lo es éste. Por unanimidad, el TOF 7 coincidió con la fiscal. Entendió que la ley que da origen a la reparación integral explica que en estos casos la acción penal está en cabeza de los fiscales, "propia del modelo adversarial de enjuiciamiento penal". Para los jueces, el rol del Ministerio Público Fiscal -en este caso representado por Fabiana León- es "preponderante como titular de la acción penal conforme el mandato en la determinación de la viabilidad del instituto (reparación integral)". O sea, quien abre o no la puerta para cerrar un caso a cambio de dinero. "Entiendo que es la Fiscalía el órgano habilitado para desistir de la persecución", sintetizó el juez Enrique Méndez Signori. Después de que los magistrados dieron cuenta de la jurisprudencia que avala la concepción de la opinión vinculante de la fiscalía, se indicó que la posición del Ministerio Público fue "negativa" y eso acaba con las especulaciones, ya que "sólo está sujeta al control jurisdiccional de debida fundamentación, logicidad y razonabilidad". Para los integrantes el TOF 7, esas tres condiciones también fueron acreditadas por la fiscal. La representante del Ministerio Público fundamentó su posición en que "la reparación agota el conflicto solamente si neutraliza el daño en su totalidad, considerando que bienes jurídico como la probidad, la transparencia y el orden público que considera afectados en autos son de carácter supraindividual". El Tribunal que iniciará el juicio el 6 de noviembre resaltó un aspecto del dictamen de la fiscalía en el que manifestó que el daño causado a través de la maniobra de corrupción investigada en el caso Cuadernos, "no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima". La fiscal León también asentó su postura en que el pago de montos embargados puede ser útil para el recupero económico, "pero no repara plenamente el daño ni reemplaza la necesidad del juicio, ya que el embargo es cautelar y no cuantifica el perjuicio sufrido". En el fallo de 198 páginas, el TOF 7 recordó que la fiscal León además indicó como imposible aceptar una propuesta de reparación integral en un caso en el que están involucrados funcionarios públicos y copartícipes particulares. "No corresponde extinguir selectivamente la acción por reparación integral para los empresarios, mientras se mantiene vigente para los funcionarios, pues los hechos imputados sólo pudieron realizarse con la participación conjunta de ambos", había dictaminado León y convalidaron los jueces. Para dar mayor sustento a su postura, recordó el Tribunal, la fiscalía hizo referencia a resoluciones de la Procuración General de la Nación - cabeza del Ministerio Público Fiscal-, que hacen referencia los estándares para los fiscales ante soluciones alternativas del conflicto en casos de corrupción. En este punto se remarcó que el expediente que será juzgado el 6 de noviembre aborda hechos de gravedad que "imponen como única respuesta compatible con el bien jurídico comprometido al juicio público, con sus efectos de verdad, sanción e inhabilitación". Entiendo -dijo el juez Méndez Signori- que la posición de la Fiscalía de tratar a los hechos pesquisados como “un caso de gran corrupción” y no realizar las disquisiciones pretendidas por algunas de las defensas es en definitiva una “expresión de la estrategia adoptada por la acusación de cara al debate oral y público que tendrá inicio en noviembre del presente año”. Sin embargo, el Tribunal rechazó "convertirse en una inspección sobre la teoría del caso que el Ministerio Público Fiscal pretende presentar en el debate”, pues eso formará parte de la controversia desarrollada en el juicio oral. Desde esa perspectiva que el TOF 7 declaró inadmisible el planteo de nulidad del dictamen fiscal, que el acusado Miguel Angel Marconi además pretendió extender "sin mayores argumentos" a la Unidad de Información Financiera. El mayor expediente de corrupción Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros. La elevación a juicio que se escuchará el jueves 6 de noviembre cuando se dé inicio al debate oral y público, sostiene que el caso de los cuadernos reveló “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”. A lo largo del expediente, vinculados a la "causa madre" se abrieron seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones. Así, se iniciaron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz. Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. En toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas, respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Pero también, se señaló la totalidad de hechos investigados que ascienden a 540. Lunes, 6 de octubre de 2025
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