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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 07/10/2025 00:33
José Luis Espert La Justicia Electoral le pidió al Gobierno que informe, entre otras cosas, cuál sería el costo de reimprimir las boletas para las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Se trata de la primera respuesta de la Junta Electoral al pedido de La Libertad Avanza para que se vuelvan a emitir las Boletas Únicas de Papel (BUP) correspondientes al distrito bonaerense para que aparezca Diego Santilli como cabeza de lista. Concretamente, el pedido es al ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien también le solicitaron que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían hacerlo y si habría que realizar nuevamente la licitación. Para todo, le dieron plazo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8.30. Asimismo, el organismo solicitó que se entregue un detalle de la cantidad de ejemplares de BUP recibidas y su estado, y de los plazos que se manejarán para la entrega de las mismas a las autoridades de mesa, respetando los tiempos para cumplir adecuadamente cada instancia. Siguiendo ese mismo deadline, la Junta requiere del Correo, encargado de la distribución del material electoral, los plazos mínimos necesarios para la distribución en tiempo oportuno a todas las mesas de votación habilitadas. En tanto, el Tribunal convocó a una audiencia para la misma fecha establecida como plazo, a las 10:30 horas, a la que están citadas todas las fuerzas políticas y el Ministro del Interior. Allí se abordarán las cuestiones logísticas, financieras y jurídicas relacionadas con la propuesta de reimpresión, así como eventuales consultas técnicas en relación con lo requerido en la presentación a despacho. Esta convocatoria responde a la urgencia de los plazos del cronograma electoral y a la necesidad de coordinar la respuesta institucional para mantener la transparencia y normalidad del proceso. Espert junto a Santilli El pedido por parte de LLA había sido emitido este lunes por la tarde luego de que el diputado pergaminense se bajara de la lista que encabezaba, a 20 días de que se celebren los comicios nacionales. En el pedido, el Gobierno indicó reemplazar a Espert por Santilli, basándose en la idea de “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”. La presentación estuvo a cargo de los apoderados de la alianza, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño. Este planteo se sumó a las renuncias de Lucia Elizabeth Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (orden 5). Los apoderados adjuntaron los documentos que acreditan las renuncias y solicitaron que, tal como prevé el artículo 7° del Decreto 171/2019, se realicen los reemplazos correspondientes priorizando la alternancia de género de la lista. La legislación invocada exige que ante una vacante, renuncia o fallecimiento, la persona que sigue en la nómina y que comparte el género ocupe ese lugar, de modo tal que se mantenga la alternancia entre varones y mujeres, conforme lo estipula el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral. En función de esto, la propuesta incluye el ascenso de Santilli al primer puesto y el desplazamiento ascendente de los candidatos —tanto hombres como mujeres— en los lugares afectados, preservando la composición de género original de la lista, “garantizando así la continuidad del equilibrio de naturaleza y la integridad estructural de la lista fruto de los distintos acuerdos arribados por las fuerzas políticas integrantes de la presente Alianza”. La solicitud hacia este último pedido recibió objeciones de diversos sectores opositores. El espacio liderado por Fernando Gray realizó una presentación temprana para manifestar su desacuerdo con las modificaciones. Fuerza Patria anticipó que actuará de la misma manera. Uno de los motivos principales que esgrimen quienes rechazan la iniciativa refiere al gasto asociado con una reimpresión total del material electoral. Los primeros cálculos mencionan un desembolso adicional que podría oscilar entre 10 y 12 millones de dólares, una cuestión que deberá responder Catalán ante el pedido de la Junta Electoral formalizado en las últimas horas.
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