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Parana » Informe Digital
Fecha: 06/10/2025 20:22
En la búsqueda de una dolarización endógena que, hasta el momento, nunca llegó, el Gobierno buscaba que los argentinos sacaran los dólares escondidos debajo del colchón. Y con la intención de que ganara visibilidad, el encargado de presentar a comienzos de junio en Casa Rosada la propuesta oficial para blindar a aquellos que se animaran a usar sus “canutos” en la economía fue el ahora excandidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza, José Luis Espert. Sin embargo, hasta fines de septiembre, un poco más de 12.000 argentinos se habían sumado al régimen de ganancias simplificado, el paso necesario para quedar blindados frente a la Justicia al usar los dólares propios. Vale una aclaración, el proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que el Gobierno envió al Congreso, nunca pudo tratarse en medio de la virulencia legislativa que comenzó a acrecentarse con el acercamiento de las elecciones legislativas. A septiembre, según datos de ARCA, unos 1.277.000 contribuyentes que pagan Ganancias. Los datos hasta fines de agosto fueron oficializados finalmente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de un pedido de información que realizó LA NACION para poder acceder a ellos. Aunque después fueron actualizados a fines del mes pasado. Varias veces, en declaraciones públicas, la cúpula de ARCA estimó que -sin una ley que blinde a los contribuyentes de lo que pudieran hacer futuros gobiernos- se sumaron “bastantes” contribuyentes al régimen. “Los diputados y senadores de la Nación tienen que elegir entre acompañar el proyecto y que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial, u oponerse y condenarlos a esconder sus ahorros bienhabidos”, pidió entonces en una conferencia de prensa en casa de gobierno Espert. A su lado escuchaba el titular de ARCA, Juan Pazo. En primera fila estaba el ministro de Economía, Luis Caputo. “Queremos blindar al ciudadano de bien”, dijo entonces legislador que ayer renunció a su candidatura en la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires luego de que se conociera su supuesta vinculación –haber recibido US$200.000 en su cuenta bancaria, decenas de viajes en su avión y una camioneta- con el narcotraficante detenido Fred Machado. “No son los argentinos los que están en falta con el Estado, sino el Estado con los ciudadanos”, cerró entonces Espert. El régimen de ganancias simplificado –disponible para ser adoptado desde el 1° de junio- sumó a septiembre 12.702 personas humanas inscriptas, según informó ARCA a este medio. Vale una acotación: este nuevo régimen alcanza solamente a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país y resultará de aplicación para las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias correspondientes al período fiscal 2025, por lo que no existe recaudación a la fecha. ARCA lanzó en junio el régimen de ganancias simplificado Daniel Basualdo La provincia que más contribuyentes aportó a este régimen simplificado, según datos desagregados a fines de agosto, fue Buenos Aires, con 3984. Le siguen en ese ranking: CABA (2502), Santa Fe (964), Córdoba (706), Mendoza (481), Misiones (359) y Entre Ríos (332). Los que menos hirieron, en tanto, son: La Rioja (37), Catamarca (42), Tierra del Fuego (44), Santa Cruz (48) y Santiago del Estero (56). Lo cierto es que el plan oficial tenía dos etapas. La primera era modificar el paradigma del régimen tributario argentino, de persecutorio a recaudatorio. La segunda, era armar un cerrojo. En esta segunda etapa, evitar la persecución legal, era donde entraba el nuevo régimen. En la primera fase, se buscaba determinar qué era delito, lo que implicaba cambios en el régimen general para todos los contribuyentes. Se actualizarían qué montos deben estar implicados en una evasión simple (de los actuales $1,5 millones a $100 millones). También, la evasión agravada, que pasaba de $15 millones a $1000 millones. Había además una actualización de la multa por infracciones tributarias de los contribuyentes, como no presentar a tiempo la declaración jurada o el régimen de información (pasaba de $200 -el que regía en 2003- a uno actualizado por IPC de $220.000), mientras que cambiaban los tiempos de prescripción a tres años, siempre y cuando se presente todo a término y sin discrepancias “significativas”. La fase dos tenía que ver con el régimen simplificado de Ganancias. El mismo estaba pensado para personas residentes -los no residentes quedaban afuera- sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes no eran contemplados (el proyecto de ley delimitaba el universo: podrán entrar los que tengan ingresos totales anuales por hasta $1000 millones y quienes no tengan $10.000 millones de patrimonio). El objetivo era que los aproximadamente 5 millones de monotributistas y trabajadores informales formalicen su patrimonio (ARCA no pudo indicar cuántos de esos más de 12.000 que ya se sumaron al sistema eran antes monotributistas). Quien se adhería al régimen de ganancias simplificadas tendría por ley una especie de tapón fiscal (no mirarán su variación patrimonial ni sus consumos) y, explicaba el Gobierno entonces, podrían aprovechar al máximo el renacimiento, hoy en desaceleración, del crédito. Una vez adherido el contribuyente al nuevo sistema, el régimen simplificado de ganancias calcularía el pago que tiene que hacer la persona -este lo podría visualizar y rectificar-, se generaría un VEP (volante de pago) y al pagar, según la modificación que incluye el proyecto por ley no tratado, habrá un efecto liberatorio más allá de la variación patrimonial existente. La fiscalización de ARCA, afirmaron entonces, se limitaría sólo a la última declaración jurada presentada.
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