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» Misionesopina
Fecha: 03/10/2025 20:35
En lo que va del año se contabilizan ocho muertes violentas de mujeres por razones de género en Misiones, y si a esa cifra se suman los femicidios vinculados, el saldo trágico se eleva a 12 víctimas en 10 meses. El dato estremece y enciende todas las alarmas, porque refleja la peor cara de la violencia machista y exhibe que las medidas de protección resultan insuficientes. En varios de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, lo que vuelve aún más necesario y urgente readecuar los mecanismos para que sean verdaderamente efectivos. Gritos, golpes, puñaladas, disparos y amenazas se repiten en cada historia, dejando a familias y comunidades atravesadas por el dolor. Desde Posadas hasta Oberá, pasando por Puerto Iguazú, San Vicente y San José, el mapa de la violencia de género en esta provincia se fue trazando con sangre y con nombres propios, lo que a la vez interpela, porque deja en evidencia una escalada implacable que exige, más que nunca, respuestas urgentes del Estado, del sistema judicial a partir de celeridad y abordaje con perspectiva de género, y de la sociedad entera. En enero, la primera vida arrancada fue la de Amanda Müller, de 70 años. Müller fue brutalmente asesinada en el interior de su casa, en Santa Ana, y de acuerdo a los resultados de la autopsia, tenía golpes en la cabeza y fue apuñalada por la espalda, lo que le produjo la perforación del pulmón. Isaías Sebastián K. (30), exintegrante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), quedó detenido como principal sospechoso, tras ser interceptado en Colonia Aurora. El segundo femicidio se produjo a fines de febrero en Posadas. Fue hallada sin vida Soledad Machuca, preceptora, en su domicilio del barrio Nosiglia. En un principio se investigó como muerte dudosa, a instancias de la declaración de su pareja, Gustavo Rodríguez, pero estudios forenses confirmaron traumatismo craneoencefálico y la causa se recaratuló como femicidio. El acusado, ahora ex integrante de la Policía de Misiones, permanece detenido con prisión preventiva. Soledad Machuca sufrió una muerte violenta, no un accidente, como el sindicado femicida intentó hacer pasar. En mayo, la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú quedó sacudida por el brutal crimen de Juana Maciel, apuñalada 27 veces. Una de las lesiones alcanzó un pulmón y resultó mortal. Fue detenido su ex pareja, Ismael Centurión, imputado por homicidio agravado por femicidio. La investigación determinó que Juana fue atacada a metros de su tekoá y su cuerpo lo encontró su hermana. Resultó clave el aporte de una vecina, que confirmó haber visto la secuencia protagonizada por el sospechoso. La autopsia terminó por confirmar que la joven sufrió lesiones punzocortantes en el rostro, la cabeza, cuello, brazos y el pecho. Ese mismo mes fue reportada como desaparecida Mirta Rodríguez, de 45 años, y dos meses después fueron hallados sus restos en un yerbal de Colonia Pindaytí, en Salto Encantado. La Justicia imputó por femicidio a su ex pareja, un tarefero de la zona, que sería la última persona que estuvo con Rodríguez. En su vivienda hallaron el DNI y la tarjeta de débito de la víctima, lo que refuerza las sospechas en su contra, porque según familiares, la mujer había dicho que pasaría por un cajero y luego iría a la casa de su madre en 25 de Mayo, adonde nunca llegó. En el lugar del hallazgo la Policía encontró un cráneo, un fémur y huesos de extremidades, aunque no el torso. La causa sigue en trámite. El mes de julio sumó otro caso, el de Claudia Soledad Batista, madre de cinco hijos, asesinada en su vivienda del barrio La Tablada de San José. La mujer presentaba múltiples heridas en cabeza y hombros provocadas con un machete, que fue secuestrado en la escena. Su expareja quedó detenido como principal sospechoso, mientras la instrucción judicial avanza. El femicidio de Claudia reveló, una vez más, la violencia sistemática que sufren las mujeres en entornos domésticos. El ataque a machetazos que acabó con su vida fue el fin de un historial de violencia que padecía hace tiempo. La víctima incluso radicó una denuncia por violencia de género contra su ex, pero al tiempo la rectificó porque habría sido amenazada por éste. El mes pasado, Marisa Cuñha fue asesinada a balazos en San Vicente. Su concubino, Marcelo Da Rosa, estuvo prófugo durante horas, hasta que fue detenido y permanece privado de la libertad, imputado por el femicidio. Tanto vecinos como familiares declararon que la mujer había sufrido episodios previos de violencia y amenazas en manos del criminal. El 4 de septiembre Cuñha recibió dos disparos en el cuerpo y fue su hijo mayor quien la encontró tendida en el suelo. Ese mismo mes, otro femicidio golpeó a la localidad de Puerto Esperanza. Irene Elvira Medina, una enfermera de 61 años, fue asesinada y su cuerpo descartado en un terreno baldío del barrio Villa Nueva. Por el crimen quedó detenido Andrés Darío Garcete (45), hijo del propietario de la vivienda donde la mujer trabajaba. Se supo que la denuncia fue realizada por la hija de la víctima, luego de que su madre saliera hacia su trabajo y no regresara, ni se comunicara. Tras la búsqueda inicial y un primer contacto policial con el acusado y empleador de Medina, notaron que presentaba rasguños en el rostro, y, además, ofreció un testimonio poco convincente. Finalmente, minutos después encontraron el cuerpo de la mujer en un baldío lindero a la propiedad. En la indagatoria, Garcete se defendió diciendo que no recordaba nada. Sigue privado de la libertad. La lista trágica se cerró anoche, en Oberá, con el atroz femicidio de Gloria Soledad Yrepa, asesinada de un disparo en su vivienda del barrio Villa Barreyro II. Su pareja, Daniel García, quien había sido denunciado previamente por violencia de género, fue encontrado minutos después con un disparo en la cabeza, en un intento de quitarse la vida, aunque murió horas después en el Hospital Samic. Cada uno de estos femicidios no sólo deja familias destruidas, sino también la certeza de que las alertas previas no alcanzan para salvar vidas. Varias de las mujeres habían buscado ayuda institucional, habían denunciado a sus agresores o habían relatado episodios de hostigamiento, sin lograr la protección efectiva que necesitaban. Las organizaciones que denuncian y visibilizan la violencia machista en la provincia advierten, cada vez con más vehemencia, que no son hechos aislados, sino un fenómeno que se repite con crudeza y exige políticas urgentes, medidas de prevención más eficaces, seguimiento real de las denuncias, dispositivos de protección inmediatos y un abordaje integral que incluya educación, asistencia y refugios para víctimas. Fuente: El Territorio
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