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» El Ciudadano
Fecha: 03/10/2025 14:35
Por Hernán Kovacevich* Rosario y la provincia de Santa Fe cargan con una herida abierta que se ensancha día a día: el consumo problemático de estupefacientes. Ya no hablamos de un fenómeno aislado ni de una “conducta desviada” en los márgenes, sino de una realidad que atraviesa barrios, familias y generaciones enteras. Desde mi experiencia profesional en el ámbito penal, académico y en la investigación contra el narcotráfico, me resisto a aceptar que esta problemática sea vista únicamente bajo la lente del delito: aquí se mezclan salud pública, descomposición social y crimen organizado. Entre las cifras y la calle Los informes oficiales son alarmantes. Más de 103.000 situaciones de consumo problemático se abordaron en Santa Fe durante 2024, con un aumento del 43 % respecto del año anterior. La estadística refleja lo que todos en Rosario vemos a diario: jóvenes cada vez más temprano iniciándose en el consumo, mujeres que piden ayuda para familiares, barrios enteros marcados por la falta de contención. Pero detrás de esas cifras hay rostros concretos: chicos de 11 o 12 años probando sustancias porque lo “normalizaron” en su entorno, madres que hacen fila para conseguir un turno de atención para sus hijos, trabajadores que pierden el empleo porque el consumo les roba estabilidad. El dato frío se transforma en drama humano cuando lo escuchamos en primera persona. Narcotráfico, desprotección y consumo No podemos ser ingenuos: el consumo problemático no se expande en un vacío, sino en un territorio donde las organizaciones criminales se fortalecieron. Rosario es un claro ejemplo. El narcotráfico encontró su mejor aliado en la debilidad institucional, en la desigualdad social y en la falta de respuestas coordinadas del Estado. He visto cómo las estructuras criminales funcionan con lógica empresarial: ofrecen droga, financian consumo, generan dependencia y, a la par, aseguran clientela y control territorial. El consumidor problemático deja de ser solo una víctima y pasa a ser también un engranaje de la economía narco. El rol del Estado y la deuda pendiente Existen programas provinciales y municipales valiosos, como Aprecod o los Dispositivos Territoriales Comunitarios, pero siguen siendo parches frente a una hemorragia. La dispersión de competencias, la escasez de recursos y la falta de un plan integral sostenido a largo plazo hacen que los avances sean insuficientes. El Estado, en todos sus niveles, debe entender que la represión penal al narcomenudeo no resuelve nada si no va acompañada de políticas robustas de prevención, educación, tratamiento y reinserción social. El consumidor problemático no puede ser criminalizado, debe ser acompañado. Un cambio cultural necesario El mayor desafío que enfrentamos no es solo económico ni institucional, sino cultural. Mientras persista la mirada que reduce al adicto a un “irrecuperable” o a un “peligro”, no habrá salida posible. La estigmatización pesa tanto como la sustancia: quien consume problemáticamente no solo carga con la dependencia, sino también con el rechazo social, el prejuicio y la indiferencia. En Rosario, esto se percibe de manera clara. En las últimas marchas bajo la consigna “Ni un pibe menos por la droga”, miles de vecinos salieron a la calle para visibilizar un drama que ya no sorprende en muchos barrios: la droga dejó de ser novedad y se transformó en parte de la rutina cotidiana. En lugares como Ludueña, Empalme Graneros o barrio Tablada, cumpliendo funciones como docente me encontré con padres y madres que, con la voz quebrada, repiten una misma frase: “Mi hijo empezó a probar porque lo vio como algo normal; no había otra alternativa de vida en el barrio”. Ese testimonio refleja el drama cultural en toda su crudeza: cuando el consumo deja de ser la excepción y pasa a integrarse al paisaje barrial, lo que se pierde no es solo la salud de un joven, sino también la esperanza colectiva de que el futuro pueda ser distinto. De allí la necesidad de un giro profundo: dejar de ver el consumo como un tema moral o exclusivamente delictivo, y asumirlo como una problemática integral. Esto implica trabajar en cuatro dimensiones inseparables: Sanitaria , con estrategias de prevención, tratamiento y acompañamiento profesional sostenido. , con estrategias de prevención, tratamiento y acompañamiento profesional sostenido. Educativa , con escuelas y universidades que aborden el tema sin tabúes, formando ciudadanos críticos antes de que sea la esquina la que forme. , con escuelas y universidades que aborden el tema sin tabúes, formando ciudadanos críticos antes de que sea la esquina la que forme. Comunitaria , con clubes, talleres, organizaciones sociales y espacios barriales que funcionen como refugios de pertenencia y alternativas reales al consumo. , con clubes, talleres, organizaciones sociales y espacios barriales que funcionen como refugios de pertenencia y alternativas reales al consumo. Seguridad, porque sin una estrategia firme contra el narcotráfico, toda política de salud queda incompleta. En mis años de investigación y en la actualidad como abogado penalista, he visto cómo la cárcel se transformaba en un depósito de personas con consumo problemático. En unidades como Piñero o Coronda encontré internos cuyo único delito real era su adicción. Allí no se rehabilitan: se profundizan la exclusión, la violencia y la reincidencia. Al salir, regresan al mismo barrio, al mismo consumo y al mismo círculo de violencia. Por eso insisto: el cambio cultural es urgente. Debemos dejar de asociar al adicto con la delincuencia automática y empezar a verlo como sujeto de derechos, capaz de reconstruir un proyecto de vida. Rosario y Santa Fe no pueden resignarse a naturalizar generaciones enteras marcadas por la dependencia y la violencia. La deuda es con ellos: los jóvenes que hoy consumen, pero que mañana pueden ser estudiantes, trabajadores, padres o madres si encuentran un camino de acompañamiento real. Rosario y Santa Fe no pueden resignarse a naturalizar que el consumo problemático de drogas forme parte del paisaje cotidiano. No podemos aceptar que ver a un adolescente perdido en una esquina, a una madre buscando desesperada un turno de atención para su hijo, o a un barrio atravesado por el narcomenudeo se transforme en una postal habitual. La indiferencia es la peor complicidad: cuando la sociedad mira para otro lado, el terreno queda libre para que el narcotráfico se fortalezca y la exclusión se consolide. Se trata de una deuda con las nuevas generaciones. Los jóvenes de nuestros barrios merecen un futuro distinto al que hoy les ofrece la conjunción perversa de droga, violencia y desprotección. Merecen escuelas que los contengan, clubes que les den identidad, oportunidades laborales que les devuelvan dignidad, y un Estado que no llegue tarde. Estoy convencido de que el punto de partida es claro: hay que salir de la mirada punitivista exclusiva y construir una respuesta integral. La cárcel no puede seguir siendo la única respuesta, porque allí el consumo no se detiene: se agrava. Necesitamos políticas que pongan en el centro la prevención, con programas sostenidos en escuelas y espacios comunitarios; la salud, con dispositivos de atención accesibles y profesionales preparados; y la inclusión, con alternativas reales para que un joven pueda elegir un camino distinto al que le marca la esquina. Porque sin jóvenes libres de drogas y sin barrios libres de violencia, no habrá justicia posible, ni seguridad verdadera, ni futuro colectivo. El cambio cultural y político que Rosario y Santa Fe necesitan no se mide en estadísticas ni en discursos, sino en la capacidad de ofrecerle a cada chico y a cada chica una vida que valga la pena ser vivida, lejos del consumo, la violencia y la desesperanza. *Hernán Kovacevich – abogado penalista, docente universitario, ex investigador federal especializado en la lucha contra el narcotráfico
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