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» Diario Cordoba
Fecha: 03/10/2025 13:51
El Gobierno pasa a la contraofensiva para proteger el derecho al aborto 48 horas después de la decisión aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de Vox, para informar “de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el 'Síndrome Post Aborto' a través de las diferentes áreas implicadas”. "Para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", reaccionan desde el Ejecutivo, se propondrá una reforma constitucional que blinde este derecho, según han avanzado fuentes de Moncloa. En el Gobierno entienden que está viendo cercano este derecho también por parte de algunas comunidades autónomas, al derivar a clínicas privadas a las mujeres que busquen abortar, habitualmente fuera de las comunidades autónomas donde residen. La intención del Ejecutivo pasa por impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación. Al igual que se hizo esta legislatura con la reforma del artículo 49 de la Constitución, pactada con el PP. Los socialistas obligarán así a los populares a posicionarse, en un debate que genera división interna en Génova. El propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo. De salir adelante la reforma, en Moncloa destacan que España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El Gobierno argumenta que se evitará así "cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres". De forma más urgente, el Ejecutivo modificará el Real Decreto 825/2010 para impedir la difusión de "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo". La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). "Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones", apuntan fuentes del Gobierno. Se trata de supuesto trauma que relaciona el aborto con el alcoholismo o la anorexia y que el ministerio de Sanidad ha descalificado por no tener base científica, avanzando su intención de recurrirlo judicialmente. El PSOE madrileño ya anunció medidas legales contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid. El secretario general de la formación y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López tachó la iniciativa de “aberrante” y subrayó que PP y Vox “ya se confunden y son absolutamente indistinguibles”. El Gobierno de España, siempre según fuentes de La Moncloa, "continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo". Este mismo jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya calificó de “extraordinariamente grave” la decisión aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para avanzar que “el Gobierno de España será garante de que este derecho se preserve y no sea menoscabado por la acción de ayuntamientos por su sectarismo”. Una medida que identificó con una “regresión de derechos fundamentales, como son los derechos de las mujeres”. Avances legislativos Este año, recuerda el Gobierno, se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de forma restringida. La Ley Orgánica 2/2010 reguló por primera vez el derecho a la IVE de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación. En 2014, la lucha de las mujeres impidió la aprobación de una ley aún más restrictiva que la de 1985. En 2023, la LO 1/2023 amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la IVE. El Ejecutivo ya mantuvo durante la anterior legislatura un choque con el gobierno de Castilla y León por un protocolo para evitar abortos. El plan consistía en la derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además del ofrecimiento de una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.
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