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Parana » Informe Digital
Fecha: 03/10/2025 05:10
El presidente Javier Milei deberá promulgar la Ley de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario, luego de que, este jueves, la Cámara de Senadores ratificara la vigencia de ambas normas pese al veto del Ejecutivo. Ambas leyes reunieron el apoyo de más de dos tercios de los senadores, por lo que el Gobierno deberá aplicarlas. En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma fue respaldada por 58 senadores; sólo 7 votaron en contra y 4 se abstuvieron. “Originalmente, a principios de agosto, la Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada en el Congreso de la Nación con un amplio consenso. La misma establece un mecanismo de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país. Asimismo, su puesta en marcha no compromete fiscalmente al estado, ya que establece de donde salen los recursos y afecta sólo un pequeño porcentaje del PBI”, manifestó en un comunicado la Universidad Nacional de Rosario, tras conocerse el resultado de la votación. A favor de la ley y en contra del veto votaron 33 de los 34 senadores del interbloque de Unión por la Patria; 12 de los 13 radicales; los dos santacruceños; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Andrea Cristina; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del PRO, informó El Parlamentario. En sentido contrario, rechazaron la norma y acompañaron el veto de Milei 5 de los 6 senadores de La Libertad Avanza; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero del PRO; y el aliado libertario Francisco Paoltroni. Se abstuvieron el misionero Martín Goërling Lara, la bullrichista Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y Alfredo De Ángeli. En tanto, estuvieron ausentes Patria Antonio Rodas (UxP); Vilma Bedia (LLA) y la senadora de Chubut Edith Terenzi. Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario La norma establece, sobre todo, una recomposición del presupuesto destinada a salarios —de docentes, personal administrativo y de limpieza—, mantenimiento y otros gastos de funcionamiento. Respecto de los fondos, la ley dispone que se obtendrán de los recursos coparticipables que recauda el Estado Nacional. El proyecto busca dar respuesta a la crisis que atraviesan las universidades por la falta de actualización presupuestaria. Desde diciembre del 2023 las universidades nacionales sufren una insuficiencia de fondos, luego de que el Gobierno prorrogara el presupuesto de ese año. Esa decisión provocó que, desde enero del 2024, se acumulara una brecha del 134% entre la variación de precios y las partidas asignadas para gastos de funcionamiento, a la que se sumó el desfase de este año por el aumento de la inflación. En ese sentido, los fundamentos de la ley indican que “El presupuesto asignado a las universidades para el 2025 representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y de extensión” y que el 70% del personal cobra por debajo de la línea de pobreza. Noticia en desarrollo
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