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» La voz
Fecha: 03/10/2025 01:13
La derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires colocó al Gobierno nacional en una situación de extrema fragilidad. La desconfianza ganó a los mercados, el dólar se descontroló, el riesgo país se disparó y la gobernabilidad quedó seriamente comprometida. En ese contexto de incertidumbre política y volatilidad financiera, el lunes 22 de septiembre, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 682/2025, que eliminó de manera transitoria los derechos de exportación para granos y subproductos. El beneficio regía hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un cupo de U$S 7 mil millones en operaciones, lo que ocurriera primero. La medida, presentada como un incentivo para el ingreso rápido de divisas, provocó de inmediato un aluvión de declaraciones juradas de ventas al exterior por parte de las principales cerealeras. Ventas en tiempo récord En apenas 72 horas, el cupo quedó agotado y el esquema de retenciones cero fue dado por concluido, con lo que se retornó a las alícuotas previas (26% para soja, 9,5% para maíz y trigo, entre otras). Esta secuencia dejó en evidencia que un reducido grupo de compañías exportadoras había logrado inscribir volúmenes millonarios en tiempo récord, mientras la mayoría de los productores quedaron excluidos de la ventana de excepción. El descontento del sector no tardó en manifestarse. Entidades rurales y dirigentes agropecuarios denunciaron que muchas empresas declararon embarques de granos que en realidad no tenían en su poder, lo que generó reclamos por la aplicación de la llamada “ley Martínez Raymonda”, que exige la tenencia física de la mercadería al momento de registrar la operación. Juan Pazo, titular del Arca. (Gentileza Clarín) Frente a la controversia, el propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Juan Pazo, reconoció públicamente que las cerealeras no contaban con los granos que habían declarado, lo que intensificó el malestar y abrió un frente político y económico sumamente complicado. Según afirmó el periodista Jorge Liotti en su columna dominical en el diario La Nación, de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, ideó un plan de contingencia frente a la inminencia de un lunes crítico: primero propuso a los exportadores comprar bonos en el exterior; al recibir una negativa, aceptó su contrapropuesta de reducir transitoriamente las retenciones a cero. Con cálculos improvisados, se estimó que debían liquidarse unos U$S 7 mil millones en pocos días: los exportadores reclamaron hacerlo en 15, para liquidar el 90%, mientras que los funcionarios exigían hacerlo en apenas tres. Para Liotti, el apuro obedecía a un pedido externo: desde Estados Unidos señalaron que la medida generaba tensiones con los agricultores locales y debía cerrarse de inmediato. Caputo bajó la instrucción a los empresarios con un mensaje inequívoco: “Aceleren que hay que terminarlo”. Y así fue. Ya para el miércoles a la noche, Arca informó que, tras alcanzarse el cupo, se daba de baja el beneficio y se volvía al esquema anterior. Bajo sospecha La supresión momentánea de las retenciones puede parecer un acto legítimo, ya que, después de todo, el Gobierno ejerce facultades delegadas por el Congreso en materia aduanera que le permiten fijar, modificar o suspender temporalmente derechos de exportación dentro de los límites previstos por la ley. De hecho, su eliminación respecto de los productos agropecuarios es una bandera que el campo hace flamear desde que fueron reinstaurados a comienzos de este siglo, por lo que, en otro contexto y con distinto alcance, la medida debería ser celebrada. Pero ciertas contingencias del caso hacen dudar de que la decisión sea legal. Y hasta cabe preguntarse si, en la emergencia, no se cometió un delito penal. El Gobierno logró asegurarse el ingreso de U$S 7 mil millones en apenas tres días, pero al costo de resignar recursos fiscales estimados en alrededor de U$S 1.500 millones. En la práctica, la operatoria equivalió a descontar un pagaré con una tasa superior al 21% y con pago adelantado, un mecanismo que alivió transitoriamente la necesidad de divisas, pero con un sacrificio impositivo de magnitud. El 1º de octubre, Arca estimó una caída del 9% en la recaudación de septiembre, vinculada con la medida. Si el gerente de una empresa privada hiciera algo parecido para recuperar dinero perdido por los avatares de su propia gestión, seguramente terminaría dando explicaciones en los tribunales. Del mismo modo deberían hacerlo quienes manejan el patrimonio estatal: el propio presidente Milei y su ministro Caputo. Hay una norma del Código Penal (artículo 173, inciso 7º) que contempla el delito de administración fraudulenta y que viene como anillo al dedo para este tipo de situaciones. En este caso, cualquier fiscal podría servirse de ella para investigar, al menos, si los funcionarios no violaron los deberes confiados como administradores de los dineros del Estado nacional para beneficiar a un grupo de exportadores con quienes, de antemano, habían acordado el negocio. Para garantizar el éxito de la operación, el ministro habría incurrido, además, en otro delito: la revelación de un hecho que por ley debe permanecer secreto (artículo 157 del Código Penal). Así fue como unos pocos obtuvieron ganancias extraordinarias vendiendo lo que no tenían, conociendo la movida desde el día anterior y sabiendo que debían apurarse antes de que se cortara el chorro: “Aceleren que hay que terminarlo”. Claro que siempre podría argumentarse que Milei y Caputo no hicieron más que salvar al país del abismo, al sortear con ingenio una de esas crisis a las que los argentinos estamos habituados. Pero el procedimiento fue arbitrario y hay suficientes sospechas de fraude en su accionar.
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