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» Clarin
Fecha: 03/10/2025 01:09
La actual administración repite como un mantra que el ancla fiscal es el norte de la política económica, y que tiene en la corrección de los subsidios uno de sus pilares fundamentales. Pero la turbulenta política cambiaria se mete por la ventana de un sector de costos dolarizados. El reciente deslizamiento del tipo de cambio, o el posible cambio de regla cambiaria post electoral debería poner sobre la mesa el análisis del efecto que una devaluación tendría en tarifas y subsidios. Los manuales indican que tarifas alineadas a costos no sólo hace sostenible al sistema energético, sino que envía señales de escasez a la demanda para el uso eficiente de la energía. Sin embargo, con una gran parte de los argentinos en la pobreza, las señales de precios no alcanzan y una tarifa social simple, transparente y bien focalizada resulta ineludible. El Gobierno hasta el momento, sólo puso el foco en los aspectos ficales, la motosierra se aplicó con fuerza a los subsidios en 2024, sin embargo en 2025 parece perder velocidad, con facturas de gas y electricidad que crecen por detrás de la inflación, se revela la prioridad que tiene la contención de la inflación y la atención que se pone , en un año de elección, al humor social. La reducción de los subsidios, - 1,5% del PBI en dos años-, no solo responde al aumento de tarifas, sino a la reducción de importaciones por la puesta en marcha del gasoducto Perito Moreno, a un contexto de precios internacionales a la baja, pero en particular al atraso del tipo de cambio que hizo “más pagables” tarifas con alto contenido de costos en dólares. Es decir, mantener los niveles de reducción de subsidios responde a un frágil equilibrio, que tiene en la volatilidad del tipo de cambio a su eslabón más débil. El sector energético argentino convive con un descalce estructural. Los contratos de abastecimiento de gas, GNL importado y combustibles líquidos para generación se pactan en dólares. Incluso los compromisos con productores locales de gas también lo están. Una devaluación encarece automáticamente el costo de la energía en pesos. Por otro lado, las distribuidoras de gas y electricidad facturan en pesos, y si las tarifas no se actualizan al mismo ritmo que una posible devaluación, se amplía la brecha entre ingresos y costos. El resultado es conocido, tensión financiera, atrasos en la cadena de pagos por la energía vendida y, finalmente, aumento de los subsidios para cerrar la brecha. A esto se suma el efecto sobre la deuda en dólares de muchas empresas del sector – en particular productores de petróleo y gas - cuyo peso se multiplica en cada salto cambiario, afectando en forma directa la capacidad de inversión. Esto es particularmente importante en esta coyuntura, donde el Estado se retiró y todo el peso del financiamiento se espera del sector privado. En lo fiscal, la dinámica resulta más evidente. En 2024, motosierra mediante, la cobertura tarifaria alcanzó en promedio el 64%; para 2025 el objetivo oficial era alcanzar el 80%, con suerte se llegará a repetir la performance del año pasado. El proyecto de presupuesto 2026, vuelve a intentar alcanzar el 80%; será difícil si la macro no acompaña. Un deslizamiento del tipo de cambio pondría a la política energética nuevamente frente a un viejo dilema: trasladar el ajuste a los usuarios acelera la inflación e impacta en los ingresos de las familias; absorberlo con subsidios agrava el déficit; cargarlo sobre las empresas deteriora la inversión y el servicio. Pero a esta administración quizás lo enfrente a un escenario desconocido. En 2024, el recorte de subsidios impactó mayoritariamente en tarifas, que crecieron 4 veces más que la inflación del periodo, un salto cambiario esta vez enfrenta a la actividad económica en retroceso y a los hogares pagando tarifas, que en relación a sus ingresos, se ubican en los niveles más altos de la última década. La otra cara de la moneda se revelaría en el sector externo, una devaluación también generaría ganadores. Argentina ya es exportador neto de petróleo y, en ciertos meses, también de gas. En este marco, un dólar más alto mejora la competitividad de Vaca Muerta, impulsa proyectos de GNL y abarata, en términos relativos, costos locales de producción. Sin embargo, el balance comercial energético debe evaluarse con cautela, las importaciones de gas en invierno y de combustibles de generación todavía conservan un peso significativo. Por lo tanto, el alivio exportador conviviría con una factura importadora más alta en pesos. Con una macroeconomía estable, la nominalidad de los precios de la energía es irrelevante, lo importante pasa por asegurar el abastecimiento energético a costo mínimo y que existan mecanismos de protección a los sectores vulnerables. Esta no es nuestra realidad, en esta coyuntura la pregunta no es si el tipo de cambio impacta en la energía —eso es un hecho—sino cómo se distribuirán los costos de un ajuste cambiario en el sector energético. Esta vez, el foco debería estar en la eficiencia: eficiencia en la gestión los costos de la energía – tanto en producción como generación eléctrica -, impulsar una política seria de eficiencia en el uso diario de la energía que ayude a las familias a pagar la factura y a la industria a aumentar su productividad, y dirigir los subsidios en forma eficiente solo a quienes los necesitan. Pero por sobre todo, habría que evitar que se pierda nuevamente el esfuerzo que ya hicieron las familias y las empresas en comenzar a pagar el verdadero costo de la energía. De lo contrario, quedaremos atrapados otra vez en la parábola de Sísifo: empujando “la piedra tarifaria” cuesta arriba, solo para verla caer antes de alcanzar el objetivo.
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