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» Santafeactual
Fecha: 02/10/2025 21:49
El procedimiento ordenado por la Fiscalía Federal puso al descubierto precarias instalaciones, informalidad, jornadas extensas sin descanso y pagas magras en un predio distante pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe Un megaoperativo solicitado por la Fiscalía Federal puso al descubierto este miércoles las precarísimas condiciones laborales de más de 40 trabajadores golondrina que desempeñaban tareas en un campo de frutillas de la localidad costera de Arroyo Leyes, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe. A los 42 trabajadores, en su mayoría oriundos del Chaco, se les había prometido una paga de mil pesos por cajón y condiciones de alojamiento normales. Al llegar, se encontraron con camas improvisadas sobre cajones de madera, taperas y un pago real de apenas 600 pesos por cajón, en jornadas extensas y sin descanso, publicó El Litoral. Los empleados no estaban secuestrados por la fuerza, pero tampoco eran personas libres. Así lo explicó el fiscal Rodríguez en diálogo con LT10: “Por las extensas jornadas laborales, solamente por el cansancio y por no tener medios económicos, estaban impedidos de poder salir del lugar de facto”. La investigación se inició a partir de la denuncia de tres trabajadores chaqueños que, tiempo atrás, habían recalado en el predio y, tras un conflicto económico con los responsables, decidieron regresar a su provincia. Antes de partir, radicaron una denuncia en una comisaría local que luego derivó en la intervención de la Justicia Federal. El fiscal Rodríguez resumió el panorama en el predio frutillero y habló de un “abuso de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores”. Las víctimas fueron asistidas por personal especializado en trata de personas y puestas bajo resguardo. Bajo la promesa de un salario digno, eran sometidas a jornadas extenuantes en condiciones precarias y sin las mínimas garantías, señala la investigación. Entre lo secuestrado figuran escopetas, revólveres, pistolas, cargadores y más de 300 cartuchos de distintos calibres. Los pesquisas también se incautaron de celulares, computadoras, documentación contable, una camioneta Amarok, más de 10 millones de pesos en efectivo y 4.205 dólares. El procedimiento realizado el miércoles fue supervisado por el fiscal federal Walter Rodríguez y contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Criminalística (ambas de la PDI), Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Coordinación de Rescate Nacional. La inspección terminó con un joven de 25 años detenido y con el traslado de otro hombre de 64 años vinculado a la causa.
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