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» Diario Cordoba
Fecha: 02/10/2025 11:02
La Conferencia Sectorial en la que han participado este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez y los consejeros de todas las comunidades para abordar el futuro Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Ejecutivo prevé aprobar en diciembre a través de real decreto-ley y aspira a movilizar 7.000 millones de euros en inversiones, ha terminado sin acuerdo. El borrador, hasta el próximo 7 de octubre en trámite de alegaciones, no ha contado con el apoyo del las regiones gobernadas por el PP. Este 'megaplán' que decide la política de ayudas estatales al sector residencial durante los próximos cinco años está cofinanciado en un 60% por el Ministerio de Vivienda y en un 40% por las comunidades autónomas (antes era 75%-25%). De los cerca de 7.000 millones de euros que pondrá encima de la mesa, el 40% serán subvenciones a la promoción de vivienda protegida —siempre y cuando conserve la protección de forma vitalicia—, el 30% se destinará a la rehabilitación de los edificios existentes y el 30% restante serán ayudas a la demanda, entre ellas las últimas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, el alquiler con opción y a la compra en zonas rurales. Oposición de las comunidades del PP En un comunicado, el lunes las comunidades del PP expresaron su desacuerdo con el nuevo Plan Estatal, exigiendo su "desideologización". "Se necesita suelo, construir más viviendas y simplificar los trámites. No más ideología. No pondremos en marcha medidas que han provocado la subida continua de precios y la aniquilación de proyectos de vida de millones de españoles que no pueden acceder a una vivienda. La vivienda no puede ser el juguete de un presidente en apuros ya que es un problema demasiado serio como para tomarlo como herramienta de propaganda", señalaron. Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha denunciado que el "Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a utilizar la imposición y la falta de diálogo y de respeto a la autonomía". "Creemos que la negociación debe primar en un tema tan sensible como es la vivienda y, sin embargo, nos encontramos con un documento cerrado y con poco margen para el debate", ha explicado. Isabel Rodríguez ha negado esto y ha asegurado que ha habido reuniones "una media de una vez cada cuatro meses", además de encuentros bilaterales con los equipos técnicos de las autonomías interesadas. Por su parte, la consejera de Vivenda de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, ha pedido la creación de un grupo de trabajo "a partir del 7 de octubre"que trabaje de modo "intenso, mañana y tarde, si es necesario" para poner en marcha un nuevo texto, en declaraciones recogidas por Europa Press. En la rueda de prensa previa a la reunión, la ministra de Vivienda ha pedido a las comunidades no ir "al dictado del PP y Feijóo" sino al de la ciudadanía, que piden mayoritariamente un acuerdo para la vivienda. Sobre el esfuerzo extra que en esta ocasión se pide a las regiones —antes financiaban el 25% del plan y ahora el 40%—, la ministra se ha preguntado: "¿Les estoy pidiendo la luna? ¿Les estoy pidiendo un esfuerzo imposible de asumir? ¿A qué están destinando estos fondos que no pueden destinar a vivienda? Parece que no estoy pidiendo la luna, lo que estoy pidiendo es un ejercicio de corresponsabilidad presupuestaria, en base a su competencia y a la necesidad que existe hoy en España. Y si todas colaboramos más presupuestariamente, llegaremos antes a ese objetivo y las vamos a acompañar, como estamos haciendo, también pidiendo más recursos a instituciones europeas". Según datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid, de adherirse, deberá poner encima de la mesa 75 millones más que antes para recibir 814 millones más, mientras la Comunidad Valenciana, 48 millones para tener 557 millones más. Las empresas, a favor del Plan Estatal Por el contrario, tal y como ha venido informando ElPeriódico, los promotores ven con buenos ojos el texto, puesto que consideran que pone encima de la mesa una suma relevante de capital destinado a políticas de promoción residencial. Salvo casos contados —y teniendo en cuenta que numerosos colectivos y empresas presentarán alegaciones—, las subvenciones a la promoción, que alcanzan los 1.000 o 1.200 euros por metro cuadrado útil, darán viabilidad económica a algunos desarrollos.
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