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» El Ciudadano
Fecha: 02/10/2025 10:14
La Cámara de Apelaciones Penal de Rosario absolvió a Luis Grandi, el hombre condenado a prisión perpetua por el femicidio de Carolina Beatriz Díaz, su pareja. La mujer fue prendida fuego en medio de una discusión. Al menos eso había entendido un tribunal de primera instancia en un juicio que se realizó el año pasado. Ahora, todo cambió. Los abogados María Laura Maderna y Gabriel Filippini, en representación de la familia de la víctima Carolina Beatriz Díaz, presentaron ante el Tribunal Pluripersonal de la Cámara de Apelación Penal de Rosario un pedido de medida cautelar urgente contra Luis Alberto Grandi, recientemente liberado tras haber cumplido condena por abuso sexual a menores. La solicitud busca impedir que Grandi —quien recuperó la libertad el 29 de septiembre bajo orden N° 146— pueda acercarse al domicilio, lugar de trabajo, estudio o esparcimiento de los familiares de la víctima, incluidos los menores de edad afectados directamente por los abusos cometidos. El fallo, basado en el “beneficio de la duda”, dejó al acusado en libertad y generó indignación en la familia de la víctima. “Sinceramente no entiendo nada”, expresó Jaqueline, hermana de Carolina. “La familia está destrozada, nunca esperamos su libertad así como si nada. Que haya una reducción de años podía ser, pero que quede libre y podamos encontrarlo en la calle fue un baldazo de agua fría”, agregó. La decisión de la Cámara no fue unánime. El camarista Salvador votó en contra de la absolución, pero sus colegas Tomás Orso y Alfredo Ivaldi Artacho se inclinaron a favor, lo que terminó dejando a Grandi en libertad. Así, quedaron sin efecto las restricciones que pesaban sobre él, permitiéndole volver a circular libremente. “Lo que no entendemos es cómo pueden tener dudas los jueces cuando todos los que declararon fueron muy claros: ella fue prendida fuego”, insistió Jaqueline. Además, los querellantes solicitaron que se le prohíba fijar residencia en la localidad de Puerto General San Martín, donde vive la familia de la víctima. El escrito advierte que la presencia del condenado en la misma ciudad representa un riesgo directo para la seguridad, la intimidad y la tranquilidad del entorno familiar. “De no adoptarse esta medida, los familiares deberían vivir en permanente alerta, renunciando a concurrir a lugares habituales por el temor que genera la presencia del encartado”, expusieron los abogados en el escrito presentado.
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