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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/10/2025 12:05
Por Carlos R. Nayi. Abogado. El país entero se encuentra paralizado frente al horror del triple crimen de Brenda, Morena y Lara. Tres jóvenes vidas arrebatadas con violencia indescriptible, víctimas de un crimen que no admite eufemismos y ni relativismos. Lo ocurrido no es un hecho más en la crónica policial, es un quiebre moral extremo que exige justicia; y la sociedad una respuesta firme, integral y ejemplar. En momentos así, resulta imprescindible recuperar la reflexión sobre la función de la pena. No como simple vocación punitiva sino como instrumento esencial para preservar el pacto social, la dignidad de la persona humana y la confianza en el Estado de Derecho. La pena en su sentido profundo es mucho más que la aplicación mecánica de años de prisión; es el lenguaje mediante el cual el Estado responde al crimen, equilibrando la balanza, previene la repetición y reafirma los valores esenciales que nos define como comunidad. Este triple ataque aberrante por la crueldad y por la juventud de las víctimas nos interpela de forma implacable como sociedad. No es posible contemplar semejante atrocidad sin preguntarnos acerca del propósito del sistema penal frente a hechos que desbordan cualquier estadística delictiva. La pena, en este contexto, debe cumplir varias funciones esenciales: la retributiva, la preventiva, la resocializadora y simbólica. La respuesta que la sociedad espera es la mayor proporcionalidad. A mayor gravedad del hecho, mayor severidad en la sanción. Frente a un crimen de esta magnitud, la pena debe transmitir que la vida humana es inviolable y que su destrucción deliberada conlleva a la máxima condena prevista en la ley. La sociedad golpeada y conmocionada necesita ver que el derecho penal no es un simple ritual jurídico sino una herramienta viva que protege bienes esenciales. Por eso la celeridad procesal, es fundamental. No puede haber dilaciones que conviertan el proceso en una burla que conduzca a la impunidad. Cada responsable debe recibir la sanción que corresponda, donde la respuesta enérgica del sistema judicial es también una obligación ética. Las instituciones deben demostrar que son capaces de enfrentar el crimen organizado, la violencia de género extrema y cualquier forma de complicidad estructural. No hay espacio para zonas grises cuando la brutalidad se impone con semejante crudeza. La pena desde la necesidad de resguardar además la dignidad de las víctimas en definitiva cumple una función preventiva, enviando un mensaje claro para que hechos así no vuelvan a repetirse. La impunidad es el mejor caldo de cultivo para la violencia, mientras que la justicia es el dique que contiene su avance. Por eso, la sanción a los responsables no se agota en ellos, sino que es una clara advertencia hacia cualquiera que crea que la vida de los demás pueda ser destruida sin consecuencias. Pero hay algo más profundo; y es que la pena, cumple también una función simbólica y reparadora. Cada condena firme dirá a las familias de Morena, Brenda, Lara y a la sociedad toda, que el Estado reconoce el dolor, que no habrá olvido ni indiferencia; que la memoria de las víctimas se honrará con acciones concretas y no con discursos vacíos. La reparación integral es clave, no solo sancionando sino también garantizando el acompañamiento psicológico de las familias con políticas públicas de prevención, programas de protección al testigo, y memoria activa; para que esta tragedia no se pierda en el ruido informativo. Toda respuesta jurídica debe respetar el debido proceso, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia; sin embargo, el Estado de Derecho no puede combatir el crimen organizado y mafioso con sus mismas armas y ceder a la tentación de la justicia por mano propia. Siempre se deben respetar las garantías procesales y constitucionales, y esto no significa tolerar la impunidad ni permitir que tecnicismos procesales vacíen el contenido del sentido de la justicia. Los jueces y fiscales tienen una oportunidad histórica de demostrar que el sistema penal es ágil, severo y respetuoso de la ley, al mismo tiempo y que puede investigar hasta las últimas consecuencias, desarticulando redes criminales, juzgar con independencia y condenando con firmeza. El rol de la justicia es esencial para proteger a la sociedad, honrar a las víctimas y prevenir nuevos crímenes. Frente a hechos aberrantes como los que hoy nos estremecen la respuesta judicial no puede ser tibia ni indiferente, sino que debe transformarse en un mensaje contundente de que la vida, la liberad y la integridad de la persona son valores innegociables. Estas vidas merecen que sus nombres no queden asociadas solo al honor, sino también a un punto de inflexión en la lucha contra la violencia extrema. Que la memoria sea un motor para que la justicia actúe con la energía que la sociedad reclama y que el Estado de Derecho exige. Solo así la pena cumpla su verdadera función. No la de castigar por castigar sino la de garantizar que nunca más el crimen y la barbarie tengan la última palabra.
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