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» Comercio y Justicia
Fecha: 29/09/2025 02:05
Juan Rousselot, titular de UTHGRA Córdoba (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), presentó en la Justicia Federal de Córdoba una denuncia penal por la falsificación de avales y documentación electoral que fueron utilizados para intentar frenar las elecciones nacionales de UTHGRA. La presentación incluyó acusaciones por falsedad ideológica, estafa procesal y asociación ilícita contra los responsables de haber confeccionado planillas con firmas adulteradas de afiliados del sindicato. Entre las pruebas se acompañaron pericias caligráficas que confirmaron la existencia de rúbricas apócrifas y actas notariales en las que trabajadores y los mismos postulantes de las listas opositoras, negaron haber firmado dichos avales. La documentación falsificada fue presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V. En paralelo, la Sala VI dictaminó la suspensión de las elecciones nacionales de UTHGRA mediante una medida cautelar que afectó a todo el proceso. Rousselot planteó que lo sucedido no solo expuso una maniobra fraudulenta por parte de la oposición sino también una grave intromisión de la Justicia en la vida interna de las organizaciones gremiales y expresó: “El Poder Judicial debía investigar a fondo a quienes falsificaron documentos, pero no podía convertirse en un árbitro político que limitara la libertad sindical”, expresó tras la presentación. El episodio se dio en un contexto de fuerte disputa interna en el gremio gastronómico, donde distintos sectores ligados a Luis Barrionuevo y aliados sindicales nacionales buscan sostener espacios de poder en medio de la puja por la conducción y el alineamiento con la CGT. En ese escenario, Rousselot, emergió como uno de los dirigentes del – riñón de Barrionuevo – que se posicionaron en defensa de la autonomía sindical y de la continuidad de los procesos electorales de UTHGRA. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien debía impulsar la investigación para determinar responsabilidades.
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