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» Sin Mordaza
Fecha: 26/09/2025 12:37
La Convención Reformadora finalizó su labor parlamentaria y la provincia de Santa Fe tiene una nueva Constitución, después de 63 años. La reforma más reciente había sido en 1962, de modo que el nuevo texto procura actualizarse frente a los retos de un mundo que evoluciona en aspectos de derechos, tecnología, e incluso en temáticas vinculadas al ambiente. En el capítulo ambiental, la reforma constitucional introduce varios cambios de peso. Se reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno sano y equilibrado, y se declara al agua como un bien común, asegurando su acceso universal, potable y seguro. También se incorpora la obligación estatal de impulsar políticas frente al cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación, junto con la preservación de humedales, bosques y biodiversidad. A ello se suma la garantía de que las decisiones en esta materia contemplen los derechos de las generaciones futuras, consolidando así un enfoque ambiental integral. La discusión se da en un escenario crítico ya que en Argentina existen más de 5.000 basurales a cielo abierto, mientras que en la provincia de Santa Fe el relleno sanitario de la capital ya se encuentra cerca de su límite y debería reemplazarse hacia 2027. En paralelo, un informe de los Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) advierte que de las 25 millones de toneladas de residuos industriales generados en el último año, apenas un 4% fue tratado de manera adecuada, lo que significa que el 96% se descarta sin control, agravando los problemas de contaminación del suelo y el agua. El escenario es complejo y requiere de esfuerzos conjuntos para lograr una gestión sostenible, que combine modernización normativa, control efectivo y responsabilidad empresarial. Desde la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa), sostienen que el desafío no está solo en las declaraciones de principios, sino en la implementación efectiva de políticas de control y sanción. Desde las cámaras explicaron que la nueva reforma constitucional es un gran avance ya que incorpora principios como el derecho a un ambiente sano, pero advirtió que más allá de las declaraciones, es necesario implementar normas concretas y políticas de fiscalización. “El vuelco ilegal de residuos industriales, especialmente los peligrosos, atenta contra este derecho y afecta a todos, especialmente a quienes tienen menos recursos. Hoy el derecho al ambiente sano se ve violado y cercenado por la contaminación por el vuelco ilegal de residuos. La mayoría de las industrias no los gestionan correctamente, los descartan en basurales o rellenos sanitarios”, sostuvo Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales. Residuos que no se tratan Los datos que aportan las cámaras, en conjunto con los Observatorios de Residuos UBA-UNR, con quienes trabajan desde el año 2022 en la confección de un índice de generación y tratamiento, son alarmantes: en el último año solo el 9,22 % de las industrias trataron sus residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. En este sentido, Kalinec destacó que la reforma constitucional santafesina tiene que ir acompañada de instrumentos de aplicación real. “Hace falta un sistema claro de infracciones y multas, con sanciones más caras que la gestión del residuo. De otro modo, muchas empresas seguirán eligiendo volcar ilegalmente antes que pagar por un tratamiento adecuado”, señaló la referente de Catries. El presidente de Caitpa, Gustavo Solari, coincide en que la nueva norma debe ir acompañado de un esquema de control más estricto. “Las declaraciones son importantes, pero lo que cambia la realidad son las herramientas concretas de gestión. El problema en Santa Fe y en todo el país es que el sistema de control es insuficiente: mientras no haya sanciones ejemplares, los basurales a cielo abierto y la contaminación de nuestros ríos y arroyos seguirán creciendo”, advirtió Solari. Desafíos pendientes Según analizaron ambos dirigentes, este contexto abre una oportunidad para establecer políticas de gestión metropolitana de residuos, como ya se discute en la ciudad de Santa Fe, donde el relleno sanitario, que recibe diariamente un promedio de 14 mil toneladas de basura, está al límite de su capacidad y se proyecta un nuevo sitio para 2027. Ahí es donde se ve la necesidad de coordinación entre municipios, provincia y Nación. Para las cámaras, una constitución moderna debería marcar ese rumbo, fijando lineamientos claros para la gestión integrada de los residuos y asegurando que las decisiones ambientales no queden libradas a parches locales o soluciones de corto plazo. Se suma otra situación que complejiza el panorama: miles de industrias que aún operan fuera de los marcos formales de gestión de residuos. Según estimaciones realizadas por Catries y Caitpa, una parte significativa de los generadores industriales en la provincia no está registrada o bien no cumple con los requisitos de trazabilidad y disposición final segura. Esto implica que residuos de alta complejidad, entre ellos lodos de curtiembres, aceites usados, solventes, restos de agroquímicos y metales pesados, terminan en circuitos informales, basurales a cielo abierto o incluso mezclados con la basura domiciliaria. Las cámaras celebran la modernización de la Carta Magna, pero coinciden en que la clave estará en traducir las nuevas declaraciones ambientales en acciones concretas: más fiscalización, sanciones efectivas y políticas regionales de tratamiento. “Se trata de un compromiso con las generaciones futuras. La Constitución puede marcar un rumbo, pero sin control real, seguiremos con los mismos problemas de contaminación que hoy denunciamos”, sostuvo Solari.
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