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Parana » AIM Digital
Fecha: 26/09/2025 08:02
La decisión del Gobierno nacional de fijar en cero por ciento la alícuota de retenciones agropecuarias durante apenas tres días sigue generando polémica en el Congreso. Legisladores de distintos bloques opositores advirtieron que la medida favoreció a grandes exportadoras, mientras el Estado perdió más de 1.500 millones de dólares en recursos fiscales, constató AIM. Reclamo de informes al Ejecutivo El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria – CABA) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, la Secretaría de Bioeconomía, el Arca y el Banco Central, informe en detalle sobre la implementación del decreto 682/2025. Entre otros puntos, el pedido abarca la nómina de empresas beneficiadas, fechas de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (Djve) volúmenes exportados y el cálculo de las retenciones no percibidas. “Queremos saber nombres y montos. Queremos saber quién se benefició y cuánto perdió el Estado”, indicó Valdés, al sostener que “el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”. Según el legislador, lo que debería haber ingresado al Tesoro “terminó engordando las cuentas de un puñado de exportadoras”, supo AIM. Especulación y falta de controles La medida habilitó maniobras especulativas que fueron advertidas en el Congreso. Valdés cuestionó que la falta de exigencias, como la tenencia efectiva del grano al momento de registrar las Djve, abrió la puerta a “operaciones a medida de los grandes jugadores”. En esa misma línea, el radical Rodrigo De Loredo reclamó aplicar la Ley 26.351, que desde 2008 obliga a acreditar la tenencia de la mercadería antes de declararla. “La ley está vigente y tiene que aplicarse”, sostuvo el diputado, quien apuntó contra empresas que inscribieron ventas sin stock. Críticas transversales Según informaron a AIM fuentes parlamentarias, el diputado Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) planteó que la eliminación de retenciones debería ser “por ley y permanente”, y describió la medida como un “plan económico que hace agua”. Señaló además la llamativa velocidad con la que aparecieron buques extranjeros listos para cargar en puertos argentinos, “cuando nadie había sido advertido de la decisión”. En la Coalición Cívica, Juan Manuel López cuestionó que “el Poder Ejecutivo suba y baje retenciones a piacere”, mientras que Gabriela Estévez (Unión por la Patria) denunció que “las grandes cerealeras se hicieron una diferencia y los productores se quedaron sin nada”. Oscar Agost Carreño, de Córdoba, fue más directo: “Ganaron Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus, que vendieron granos a 590. Perdieron los productores que vendieron a 390 porque el presidente les aseguró que no bajaría retenciones antes de las elecciones”, indicó a AIM. En tono irónico, Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) resumió: “Tres días de retenciones cero. Negocio para unos pocos que no llega a los productores. ¡Qué obsesión con el 3 que tienen!”. Un saldo negativo Al alcanzar el cupo de siete mil millones de dólares previsto en el decreto, el esquema de retenciones volvió a su régimen habitual. Sin embargo, la fugacidad de la medida no evitó que se consolidaran ganancias extraordinarias para grandes exportadoras y un quebranto fiscal para el Estado. “Fue una maniobra que, en nombre de las reservas, terminó desfinanciando al país”, indicaron a AIM voces legislativas. El consenso opositor en el Congreso anticipa un debate más profundo: cómo evitar que decisiones discrecionales y sin control se traduzcan en privilegios para unos pocos y pérdidas para la mayoría. Extensión parcial para la carne En paralelo, el Gobierno resolvió sostener un esquema diferenciado para el sector cárnico. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que las exportaciones de carnes bovinas y avícolas mantendrán el beneficio de retenciones cero hasta el 31 de octubre, comunicó a través de sus redes sociales. “El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, informó el funcionario. La medida alcanza a una docena de grandes exportadoras y, según estimaciones privadas, podría traducirse en un incremento en los embarques de cortes bovinos y avícolas. La decisión llega en un contexto de fuerte debate por el fin del beneficio al complejo granario. Mientras los productores reclaman equidad y previsibilidad, el Ejecutivo defiende la medida como un estímulo para mantener la competitividad externa de la carne. No obstante, persisten dudas sobre su verdadero impacto fiscal y distributivo, indicaron a AIM especialistas del sector.
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