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Parana » Bicameral
Fecha: 26/09/2025 02:01
Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca declarar la «nulidad absoluta e insanable» del Decreto N° 681/2025, publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre de 2025, «por resultar contrario a la Ley N° 27.793 y lesionar de manera directa los derechos de las personas con discapacidad». Se trata del decreto conocido esta semana, mediante el cual el Gobierno posterga la aplicación de la emergencia en discapacidad, a pesar de la insistencia del Congreso tras el veto. La iniciativa a la que accedió Bicameral lleva la firma de la diputada Blanca Osuna, quien por otro lado ya había pedido la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez laboral dadas de baja a partir de auditorías «que fueron denunciadas por diversos organismos por «los irregulares procedimientos a partir de los cuales se llevaron a cabo». La Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 fue sancionada por el Congreso el 10 de julio. El Poder Ejecutivo procedió a vetarla de manera total el 4 de agosto. Posteriormente, el 4 de septiembre, en ambas Cámaras del Congreso se insistió en la sanción de la ley, con el voto favorable de más de dos tercios de los miembros presentes, rechazando de este modo el veto presidencial. «En consecuencia, la norma adquirió carácter definitivo y el Poder Ejecutivo quedó obligado a promulgarla, publicarla y garantizar su aplicación, conforme lo establece el citado artículo 83 de la Constitución Nacional«, sostiene el proyecto de Osuna. «No obstante, ello, el Decreto N° 681/2025, al promulgar la Ley 27.793, dispuso suspender su ejecución hasta tanto el Congreso defina fuentes de financiamiento e incorpore las correspondientes partidas presupuestarias, invocando el artículo 5° de la Ley N° 24.629. Esta disposición resulta manifiestamente inconstitucional, por cuanto un decreto no puede limitar, condicionar ni suspender la aplicación de una ley debidamente sancionada por el Congreso. Se trata, por tanto, de un acto nulo de nulidad absoluta e insanable, en violación del procedimiento de formación y sanción de las leyes y en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad«, argumenta. En ese sentido, la diputada dijo que el argumento utilizado por el Poder Ejecutivo «carece de sustento» y afirmó que por ello «resulta imperioso declarar la nulidad absoluta e insanable» del decreto en cuestión.
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