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» AgenciaFe
Fecha: 24/09/2025 02:26
La iniciativa presentada por el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, cuenta con las firmas de dirigentes opositores como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, y se apoya en causales que incluyen “la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias”. La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Introducida en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución, este procedimiento tiene dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras; y segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado. El jefe de Gabinete explicó que el conflicto se originó tras la sanción de la Ley 27.793. “Yo creo esto es una discusión entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, vinculado a qué se interpreta como disponibilidad de fondos para la aplicación de una ley”, señaló. Francos sostuvo que la norma fue promulgada pero devuelta al Parlamento para que defina el financiamiento: “Promulgamos la ley en su artículo primero y en el artículo segundo decimos: ‘Se la devolvemos al Congreso para que nos indiquen de dónde salen los fondos’”. “Me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo creo que por error, porque entendieron que no estábamos promulgando la ley de discapacidad, que efectivamente sí la promulgamos”, agregó en diálogo con Radio Mitre.
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