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» Diario Cordoba
Fecha: 24/09/2025 01:31
El Consejo de Ministros aprobó este martes el decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, dos semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara esta medida dentro de un paquete de nueve iniciativas encaminadas a contestar los ataques de Israel sobre Gaza. En concreto, esta norma que deberá ser convalidada en el Congreso en un plazo máximo de 30 días, prohíbe la compra y la venta de materiales de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso a Israel. También contempla la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar. Además, veta la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el que no estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque está en Nueva York en el marco de la Asamblea anual de la ONU, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, destacó que se han aprobado "medidas urgentes" para ayudar a contener la masacre en Gaza. Y aprovechó para recordar que Sánchez en Nueva York ha vuelto a "a defender la urgencia de reconocer el Estado palestino, una decisión además que nuestro país ya adoptó en mayo del año pasado y en el que hoy vemos como cada vez más son los países que se suman a esta decisión", tras apostillar que son cerca de 160 los países en el mundo lo que han ya han reconocido el Estado de Palestina. "Desde el primer momento, este Gobierno ha dado pasos clave dirigidos en la dirección de conseguir el objetivo de esa paz justa y duradera que permita la convivencia entre los dos Estados", remarcó. Siguiendo con ese camino, desde La Moncloa destacan que España es el primer país en consolidar legalmente la prohibición de exportar e importar armas con Israel y la de comerciar y publicitar productos provenientes de los asentamientos ilegales de territorios palestinos. Pilar Alegría y Carlos Cuerpo han ofrecido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que empezó con la condena "enérgica" de lo ocurrido el 7 de octubre de hace casi dos años y pidiendo la liberación de los rehenes en manos de Hamás, repasó los "datos que deben interpelarnos" a actuar para frenar la masacre que se ha cobrado más de 65.000 fallecidos, 159.000 personas heridas y el desplazamiento forzado de casi dos millones de civiles. Cuerpo, que fue el encargado por su competencia en Comercio de dar cuenta del decreto, destacó que la norma se divide en cuatro "medidas esenciales" que pasan por la "consolidación" del embargo de armas a Israel, la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible que hasta ahora se escapaba del control del comercio de armas y que, según el ministro, "esto es un insumo esencial para las Fuerzas Armadas israelíes que no estaba incluido hasta ahora en el reglamento de control de comercio exterior". A este respecto fuentes gubernamentales apuntaron que esto no afectaría a las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) porque, puntualizaron, se rigen por un convenio suscrito entre España y Estados Unidos, y dieron a entender de que han llegado todo lo lejos que se podía llegar en el embargo a Israel sin afectar a convenios ni tratados internacionales y tras "revisar cada punto y cada coma" del decreto. La norma, cuyas medidas serán aplicables a las operaciones comerciales con Israel con autorizaciones solicitadas o ya vigentes, también prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y, por último, la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos. "Excepción" Para dar muestras del cumplimiento de este decreto, el Gobierno se compromete a comparecer "trimestralmente" en el Congreso y se guarda un as para que, si el Consejo de Ministros así lo considera, se puede aprobar una "excepción" a la aplicación de esta norma según "intereses nacionales". Una salvaguarda para "casos concretos y específicos", apostilló. En ese sentido, Cuerpo se remitió a la normativa de comercio exterior en materia de defensa y doble uso cuando "hace referencia a este concepto de interés general, aludiendo, por ejemplo, a elementos asociados a la seguridad nacional o política exterior", insistiendo en que se quiere dejar recogida esta circunstancia en el real decreto "para situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación". Fuentes del Ejecutivo explicaron que la voluntad es "minimizar su uso y limitarlo" y en ningún caso quieren que sirva como "puerta de atrás". Aviso de Sumar Para lograr la mayoría parlamentaria necesaria para la convalidación del decreto, el Gobierno - a través de Cuerpo y del ministro Félix Bolaños- ha estado en contacto con los socios y ha remitido a los grupos parlamentarios el texto en el que estaban trabajando. El objetivo es que les aprueben esta norma que consideran que llega "al límite de las posibilidades legales y prácticas del Gobierno. "El espacio de negociación viene condicionado por acuerdos internacionales y normativa europea", alertan desde la Moncloa. Incluso no descartan que el PP termine apoyando. Aunque desde Sumar han celebrado la aprobación del mismo en el Consejo de Ministros han avisado a su vez de que quieren que se tramite como proyecto de ley en el Congreso para poder "ampliar su ámbito de aplicación". Si bien, la parte socialista insiste en que "hay mucha voluntad de llegar al máximo, pero con el entendimiento de donde están los límites". "Está todo lo cerrado en términos legales y prácticos para su aplicación", defienden desde el Ejecutivo, negando temor alguno a recursos jurídicos y garantizando, dicen, la aplicación de la norma en las aduanas. Es precisamente en esta pulcritud técnica en la que justifica Economía el retraso en aproobar el decreto desde que Sánchez lo anunció en una declaración institucional. Unos límites que ha puesto el propio Gobierno al fijar la cláusula de excepcionalidad, que dice que "no tiene nombres ni apellidos", recogida en la norma para que, si fuese necesario por "interés nacional", se pueda hacer una "excepción" que debe pasar por el Consejo de Ministros. Pero desde Sumar avisan de que sus ministros se opondrán "a cualquier operación" que llegue por esa vía, que temen sea una "puerta de atrás" para Israel. Suscríbete para seguir leyendo
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