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» Diario Cordoba
Fecha: 24/09/2025 01:30
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la diputación pacense y líder del PSOE extremeño, se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Badajoz por la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial hace 8 años y la de su amigo, Luis Carrero, exasesor de Moncloa, después. También serán enjuiciados por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias los otros nueve investigados en esta causa, cargos y trabajadores de la diputación. La Audiencia ha desestimado los recursos de la fiscalía y las defensas contra el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado el pasado 28 de abril por la jueza instructora, Beatriz Biedma, cuya resolución confirma. "Existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señalan los magistrados en los 9 autos independientes con los que contestan a los 12 recurrentes (incluida la fiscalía). No obstante, precisan que su decisión se adopta "siempre sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación de la fase intermedia una vez se pronuncien las acusaciones o, en su caso, en el juicio oral, momento en el que habrá de acreditarse cumplidamente por la acusación el sentido incriminatorio de estos indicios". De este modo, el tribunal respalda las sospechas que exponía en su auto -"más que motivado"- la jueza instructora sobre la existencia de una "estrategia o entramado" en el que participaron numerosos empleados de la Diputación de Badajoz a fin de crear un puesto para adjudicárselo a David Sánchez, adaptándolo posteriormente a sus necesidades, creando un procedimiento para "dar apariencia de legalidad" a esta finalidad y todo ello "eludiendo los controles de la propia corporación". Explicación "mínimamete verosímil" En este sentido, considera indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa la falta de una explicación "mínimamente verosímil" por parte de los investigados sobre la forma en la que el hermano del presidente del Gobierno conoció la publicación de las bases del puesto o el mismo concepto de Oficina de las Artes Escénicas, así como la "celeridad" en los trámites y el carácter jerárquico en relación con todos los intervinientes en el proceso, "lo que hace pensar que todos ellos conocían el parentesco de David Sánchez" y que, al menos en la creación del puesto en 2016 y su nombramiento en 2017, contó con la aprobación de Gallardo. En cuanto al delito del tráfico de influencias, se reitera la existencia de indicios para confirmar que este último tuvo prevalencia "suficiente" para conseguir un beneficio, al adaptar el puesto de trabajo a sus preferencias y conseguir que su amigo Luis Carrero formara parte del organigrama de la Diputación de Badajoz mediante la adjudicación de una plaza con la "siempre excepcional" comisión de servicio. Tanto la fiscalía como las defensas solicitaban en sus recursos el archivo de la causa, al entender, a diferencia de la jueza instructora Beatriz Biedma y las acusaciones populares, que no existen indicios de criminalidad suficientes para procesarlos por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la creación y adjudicación de la plaza para de coordinador de actividades de los conservatorios -que luego se transformó en la de jefe de la Oficina de las Artes Escénicas- al hermano del presidente del Gobierno y al exasesor de Moncloa. No obstante, la Sala entiende que las cuestiones fácticas y jurídicas que plantean los recurrentes deben ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la de instrucción, para considerar procedente el sobreseimiento solicitado y realizar ahora todo un análisis de lo investigado como si de una valoración probatoria se tratara. "No se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria", aclara. La Audiencia considera que la fiscalía se adscribe en su recurso a la tesis "interpretativa" de los investigados para defender que la causa se sustenta sobre "conjeturas" y no sobre indicios racionales de criminalidad, sin tener en cuenta ninguna de estas partes "correos electrónicos objetivos que datan de la fecha de los hechos imputados" y restando "relevancia" a la coincidencia temporal entre el proceso selectivo del músico y la recuperación de la Secretaría General del PSOE por su hermano Pedro Sánchez en mayo de 2017. Asimismo, los magistrados recuerdan que el ministerio público sí avaló las decisiones de esta instancia judicial -sin recurrir ninguna de ellas- hasta que finalizó la fase de instrucción el pasado mes de marzo. El ministerio público respaldó que se indagara sobre las sospechas de que las plazas de David Sánchez y de Carrero se pudieran haber ‘cocinado’, pero concluyó que la creación de la que ocupó el hermano del presidente del Gobierno fue "legítima" y que Gallardo no se coordinó con otros cargos de la Diputación de Badajoz para adjudicársela, por lo que solicitó el archivo de la causa. Los abogados de la defensa han mantenido desde el inicio que la investigación se ha sostenido, pese a que no existían indicios de delito, sobre las «fabulaciones» de Manos Limpias, que encabeza la acusación popular junto con Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, PP, Vox y Abogados Cristianos. Las penas que pide la acusación popular Las acusaciones populares solicitan para el hermano del presidente del Gobierno y Gallardo tres años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, así como 6 y 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, respectivamente. Para el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, piden un año y medio de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación administrativa. En su caso y el de Sánchez, reclaman que ambos devuelvan los salarios que recibieron durante su etapa en la Diputación de Badajoz. Para Elisa Moriano y Cristina Núñez, directora del área de Cultura y diputada de Cultura -en 2016 y 2017, respectivamente, y para el miembro de la inspección Félix González plantean 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, mientras que para Juana Cinta, directora de Recursos Humanos, Emilio Parejo y Francisco Martos, trabajadores de la institución provincial que firmaron la modificación del puesto de Sánchez, piden un año y medio de prisión. La misma pena solicitan para Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, y Manuel Candalija, exdirector de esta área. El inicio del caso El conocido como ‘caso David Sánchez’ arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo -que después se convertiría en secretario general del PSOE extremeño- por la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial 7 años antes. Una vez culminada la instrucción, la jueza acordó procesar a los 11 investigados (Sánchez, Gallardo y a otros nueve cargos y trabajadores de la diputación) por prevaricación y tráfico de influencias al considerar que existían indicios de criminalidad. La denuncia por fraude a la Hacienda Pública contra el primero se archivó. El ministerio público y todos los investigados recurrieron la decisión, pero antes de que la Audiencia resolviera, Biedma acordó la apertura de juicio oral. Fue solo un día después del aforamiento exprés de Gallardo, al entrar como diputado en la Asamblea de Extremadura. La jueza vio 'fraude de ley' en este movimiento y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón, por lo que rechazó asumir la causa y la devolvió al Juzgado de Instrucción número 3.
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