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Parana » Paginajudicial
Fecha: 23/09/2025 08:09
Los trabajadores judiciales inician la segunda semana de protesta en reclamo de una recomposición de sus haberes. Dicen que “los salarios quedaron muy abajo”, con pérdidas de casi el 30 por ciento desde diciembre de 2023, y en el Poder Judicial trabajan en una propuesta con distintas alternativas para elevar al Gobierno proponiendo “algunos retoques” a la ley de enganche. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Quién hubiera imaginado que un foco de conflicto en el Poder Judicial surgiría alrededor de la ley de enganche, aquella que establece un mecanismo de actualización automática de sueldos cada vez que lo dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, los empleados judiciales están iniciando su segunda semana de protesta, con asambleas y retención de servicios de dos horas los días martes y viernes, en reclamo de una equiparación salarial con la justicia nacional, pago de haberes en tiempo y forma, reconocimiento de títulos y una bonificación por tareas especiales. Las medidas de acción fueron convocadas por Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que se ha revitalizado en la representación gremial frente al crecimiento de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el sindicato que encabeza Julio Piumato y que en los últimos años le viene comiendo afiliados en forma creciente. En Entre Ríos, los salarios de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial no se dirimen en paritarias, sino que se rigen por un mecanismo de actualización automática que les extiende cada incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema. En eso consiste la “ley de enganche” que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le arrancó a Sergio Urribarri en 2011. En el caso de los empleados, una ley anterior establece que les corresponde un porcentual de lo que percibe un vocal del STJ, decreciente según la categoría y función de cada uno. La “ley de enganche” les garantizó, casi siempre desde su entrada en vigencia, incrementos mayores a los que percibía el resto de los trabajadores de la administración pública. Así hasta la irrupción libertaria. Las tensiones salieron a la luz el 11 de septiembre, en una reunión de la “mesa interinstitucional” que integran todos los actores del sistema judicial: el STJ, los Ministerios Públicos, la Asociación de la Magistratura y los gremios. Según pudo reconstruir Página Judicial, en ese encuentro, AJER planteó abiertamente que “los salarios quedaron muy abajo”, con pérdidas de casi el 30 por ciento desde diciembre de 2023, empleados cuyos sueldos que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica; se quejaron de que el Gobierno provincial paga las actualizaciones fuera de término, lo que agrava el malestar; y dejaron sembrado un reclamo concreto: la equiparación con los sueldos de la justicia nacional. Un reclamo recurrente de los gremios es que el Poder Ejecutivo reconozca a los trabajadores una bonificación por título secundario especializado inherente a las tareas que desempeñe, terciario o universitario para el personal escalafonado. Si bien está previsto en la Ley de Empleado Judicial, de 1972, no se aplica, se quejan. Esta bonificación va del 3 al 10 por ciento del sueldo básico, dependiendo de la antigüedad y jerarquía. Según datos oficiales, en junio de 2025, un juez de primera instancia percibió un 8 por ciento de aumento respecto de enero, frente a una inflación acumulada del 15,1 por ciento. El mismo porcentaje aplicó para los casi 2.800 empleados registrados que tiene el Poder Judicial. Si se toma el caso de un ayudante auxiliar con cinco años de antigüedad, se llevó al bolsillo 1,1 millones de pesos; mientras que un trabajador que cumple la misma función en la justicia nacional percibió 1,3 millones. En tanto, los trabajadores del escalafón general percibieron en ese mismo período aumentos del 14 por ciento, aunque se habían asegurado previamente una cláusula de revisión de acuerdo con el índice de precios. Si bien la voz cantante la llevan los gremios, el reclamo es transversal; aunque aclaran que nadie está pensando en suprimir la ley de enganche como mecanismo de actualización de salarios. En todo caso, en la mesa interinstitucional analizan hacerle “algunos retoques”. Una posibilidad es aumentar las escalas, en principio, solo en las categorías de empleados, no para funcionarios y magistrados; otra alternativa es que el Poder Ejecutivo disponga aumentos por encima de lo que fija la Corte Suprema. En cualquier caso, el planteo de los judiciales llega en un mal momento para el gobernador Rogelio Frigerio, con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina y las cuentas públicas en estado crítico. No hay que olvidar tampoco el reclamo que sostienen alrededor de cuarenta magistrados, funcionarios y empleados judiciales, por incrementos salariales no percibidos durante la pandemia, cuando rigió en la provincia una Ley de Emergencia Solidaria que suspendía la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes en los tres poderes del Estado. El asunto quedó saldado en términos institucionales, pero un grupo persiste en la idea de judicializar sus reclamos. Todo cuando el Gobierno parecía haber encontrado en Julián Maneiro, el secretario de Justicia, un interlocutor con el Poder Judicial.
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