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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/09/2025 22:32
Los imputados colaboradores buscaron acceder a un acuerdo de reparación económica En las próximas horas, el Tribunal Oral Federal N°7 deberá resolver si acepta o rechaza los ofrecimientos económicos de más de medio centenar de empresarios y exfuncionarios en la causa conocida como “Los Cuadernos de las coimas”, antes de la audiencia fijada para este miércoles en la que se organizará el juicio oral previsto para el 6 de noviembre. En ese marco, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli todavía estudian si corresponde aplicar la figura de la “reparación integral” para extinguir la acción penal y dejar a buena parte de los imputados fuera del debate. Las propuestas de los acusados abarcan montos en efectivo y bienes inmuebles y muebles, con cifras que, según estimaciones, totalizarían entre 12 y 21 millones de dólares. Todos los oferentes intentan acceder a la figura del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, que habilita el sobreseimiento en caso de una “reparación integral” por los perjuicios ocasionados. La jurisprudencia al respecto es dispar, ya que algunos tribunales han admitido la figura en delitos menores o con víctimas concretas, mientras que otros la rechazaron en hechos de corrupción tras considerar que la transparencia pública no puede negociarse. La Corte Suprema aún no fijó un criterio uniforme, y eso deja en manos del TOF 7 porteño la definición. Algunos empresarios ofrecieron departamentos, barcos o yates para evitar sentarse en el banquillo de un juicio público que se prevé extenso. Entre los montos más elevados figuran los de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, con 1,68 millones de dólares; el financista Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También aparecen Cristóbal López y Fabián de Sousa, con 683 mil dólares; Gabriel Pedro Losi, con 557 mil; Juan Manuel Collazo, con 603 mil; Héctor Javier Caballero, con 460 mil; y Mario Rovella, con 494 mil. El primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, hizo un ofrecimiento económico para lograr su sobreseimiento En la lista también figuran otros nombres como César y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán, con 1,08 millones; Hugo Draggnotti, de Panedile, con 960 mil; Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, con 295 mil; Santiago Ramón Altieri, de Iecsa, con 309 mil; Miguel Ángel Marconi, de Supercemento, con 342 mil; Rubén Valentí y Enrique Pescarmona, de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, con 344 mil; y Benjamín Gabriel Romero, de Hidrovías y Ferrovías, con 344 mil. También se encuentran Patricio Gerbi, de Coarco, con 139 mil; Miguel Marcelino Amzar, de Vial 3, con 162 mil; Claudio Javier Glazman, con 206 mil; Ricardo Santiago Scuncia, del Grupo Roggio, con 221 mil; Julio José Paulecci, con 256 mil; y Jorge Benolol, con 290 mil. Otros casos resultaron llamativos por lo reducido de las cifras ofrecidas como reparación: Alberto Taselli, vinculado a empresas energéticas, constructoras y ferrocarriles, propuso 10 mil dólares; Mario Marcussi, 203 dólares; Carlos Román, 1.823; y Carlos Arroyo, la misma suma. Luis Armani, de Vialmani, ofreció 3.379; Roberto Juan Orazi, de Hidraco, 92 mil; Rodolfo Armando Poblete, de Hidrovía, 33 mil; y Juan José Luciano, de Luciano SA, 60 mil. Adrián y Mauricio Pascucci, de Alquimaq, se comprometieron a 133 mil pesos. Entre los exfuncionarios, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina presentó una propuesta cercana a los 40 mil dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, ofreció casi un millón. Ambos reconocieron haber recibido dinero en efectivo que, según ellos, eran aportes voluntarios de empresas y particulares para campañas electorales. La acusación los considera parte del sistema de recaudación ilegal. Los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, dos de los imputados que intentaron acceder a la reparación integral para evitar el juicio El mega expediente de los cuadernos, en rigor, se originó en 2018 a partir de los escritos de Oscar Centeno, exchofer de quien fuera la mano derecha del Julio de Vido, Roberto Baratta. Durante años, Centeno anotó en cuadernos escolares recorridos en los que, según la acusación, trasladaba bolsos con dinero que empresarios entregaban a funcionarios para asegurar contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Esos registros, sumados a confesiones de imputados bajo la figura del arrepentido, derivaron en un caso que alcanzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada como beneficiaria del sistema de recaudación, y a una extensa lista de empresarios de la construcción, la energía y el transporte. Entre los nombres más resonantes figuran Calcaterra, Roggio, Clarens, López y De Sousa, además de varios exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal. En ese contexto, la fiscal federal Fabiana León rechazó enérgicamente todas las ofertas. “No se puede pagar para zafar”, afirmó en la audiencia convocada por el tribunal, y advirtió que aceptar esos pagos equivaldría a “tarifar la impunidad”. La Unidad de Información Financiera acompañó esa postura en su calidad de querellante en el proceso. Su director, Paul Starc, sostuvo que aceptar los ofrecimientos significaría “mercantilizar la corrupción” y enviar un mensaje de impunidad a la sociedad. Mariano Galpern, representante del organismo, señaló que la complejidad del proceso “no habilita la impunidad” y que aceptar las reparaciones transformaría el sistema penal en un mecanismo de transacciones según el poder adquisitivo de los acusados. Las defensas, en cambio, defendieron la validez del mecanismo penal de reparación. Los abogados de Juan Orazi y Juan Mauricio Balán, quienes ofrecieron 136 millones de pesos, plantearon que el instituto en cuestión no era un beneficio exclusivo de personas con recursos y que lo importante era que los montos ofrecidos provengan de fondos declarados. Los representantes de Miguel Marcelino Aznar, Ernesto Clarens, Cristóbal López y Fabián de Sousa ratificaron presentaciones anteriores. Ignacio Olivar, abogado de Carlos de Sousa, señaló a su vez para el caso que la ley no restringe la aplicación de esta figura a determinados delitos. Oscar Centeno, el chofer de las anotaciones que iniciaron la mega causa Otros abogados subrayaron que la oposición de la fiscalía se basaba en argumentos generales, incluso de carácter moral o emotivo, que no encuentran sustento en la normativa vigente. Algunos plantearon que un juicio con casi un centenar de acusados sería de una magnitud excepcional, con entre 500 y 1.000 audiencias y una duración que podría superar la década, comprometiendo el desarrollo de otros procesos federales. Así las cosas, la resolución de Méndez Signori, Canero y Castelli determinará quién deberá integrar el juicio desde el próximo 6 de noviembre. Si los jueces aceptan los pagos, decenas de empresarios y algunos exfuncionarios quedarán sobreseídos sin atravesar el debate. Si las rechazan, el proceso avanzará con casi un centenar de imputados en el banquillo, incluida la ex mandataria Fernández de Kirchner.
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