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Parana » AIM Digital
Fecha: 20/09/2025 19:33
Desesperado por conseguir dólares, el gobierno de Javier Milei quiere pasar a manos privadas a la empresa que es estratégica para el país. La oposición estima que la venderán por 1.000 millones de dólares. En medio de la mayor crisis financiera autoinfligida desde que asumió, el gobierno de Javier Milei anunció esta semana la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., tal como se habilitó en la Ley Bases. Desesperado por conseguir los dólares que no acumuló en casi dos años de gestión, el Ejecutivo busca ahora desprenderse de una empresa estatal estratégica que opera las tres centrales nucleares del país y aporta el 7 por ciento de la energía eléctrica al sistema nacional. La paradoja es evidente: en apenas tres ruedas cambiarias, el Banco Central perdió más de 1.100 millones de dólares para intentar contener la escalada de la moneda extranjera, una cifra que supera los 1.000 millones que espera recaudar por la privatización de Nucleoeléctrica SA. Unión por la Patria presentó un proyecto para derogar el artículo de la ley que habilita la privatización parcial y busca declarar “bien público estratégico no enajenable” al sistema nuclear. Hay plata. El problema son las prioridades. En la semana que termina, el gobierno de Javier Milei sacrificó 1.100 millones de dólares en apenas tres ruedas para mantener el precio dentro del techo de la banda. Según el relevamiento del Centro Argentino de Datos, sólo la intervención del jueves —por 379 millones— equivale a 4,5 veces el presupuesto de la Ley de Emergencia en Pediatría que el Presidente vetó, o prácticamente a todo el presupuesto de la UBA durante 2024, que fue de 390 millones de dólares. Los números exponen con crudeza a dónde podría ir a parar lo recaudado por la privatización de una de las empresas más estratégicas del país. De acuerdo con el proyecto de ley presentado por la diputada de UxP Gabriela Estévez, junto con Pablo Carro y Florencia Carignano, la venta de Nucleoeléctrica se estima en torno a los 1.000 millones de dólares. El proyecto que ingresó al Congreso busca derogar el artículo 8 de la Ley de Bases, que habilitó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa). Según la norma aprobada en abril de 2024 —con el apoyo de toda la oposición, a excepción de UxP y la izquierda— el Estado puede vender hasta el 44 por ciento del paquete accionario de la compañía para atraer inversión privada. El texto original de la ley Bases preveía la privatización del cien por ciento de la empresa estatal, pero la oposición logró introducir cambios. El Gobierno sostiene que “el financiamiento privado, uno de los pilares del Plan Nuclear Argentino, permitirá ordenar las cuentas públicas y continuar las operaciones de manera eficiente y competitiva”. Pero la afirmación omite dos aspectos centrales: por un lado, la empresa es superavitaria —durante el primer trimestre de 2025 registró un resultado financiero de 17.234 millones de pesos—; y, por otro, el más importante, como advierten los diputados en el proyecto, “los intereses privados pueden no alinearse con los objetivos estratégicos y de seguridad del Estado”. Sobre esta base, ya se trabaja en el Congreso para reunir consensos que frenen la privatización. El jueves, en plena sesión destinada a rechazar el veto a la Ley de ATN, la discusión sobre el futuro del sistema nuclear argentino se abrió paso en el Senado. El titular de la bancada de UxP, José Mayans, anunció que su fuerza trabaja para “declarar al sistema nuclear argentino como un bien estratégico para que nunca pueda ser privatizado” y adelantó que ya existe “un acuerdo con otros bloques”. El formoseño repuso la discusión por Carem 25, el reactor modular de pequeña escala que convirtió a la Argentina en país pionero en esta tecnología, aunque hoy se encuentra paralizado. “Es un proyecto estratégico para el país. La Coca-Cola no te vende su fórmula, imagínense lo que significa el Carem, que es un sistema prácticamente único a nivel mundial”, sostuvo Mayans, y subrayó su dimensión geopolítica y de seguridad: “Es un bien estratégico y hay que tener en cuenta la seguridad que representa el sistema nuclear en cualquier país del mundo”. La advertencia excede el debate económico. En un mundo cada vez más enfocado en la transición energética desaprovechar estas oportunidades no sólo condenaría a la Argentina a una posición subordinada en la economía global, sino que también posterga el desarrollo de su potencial científico e industrial. Mayans aprovechó el pedido de preferencia para que la iniciativa que blinda el sistema nuclear pueda ser abordada en la próxima sesión del Senado, prevista para el 2 de octubre. Ese día, la Cámara alta buscará también rechazar de manera definitiva los vetos presidenciales a la Emergencia en Pediatría (Ley Garrahan) y al Financiamiento Universitario. Ambos proyectos ya fueron respaldados por Diputados y sólo resta el aval del Senado para obligar al Ejecutivo a promulgar y reglamentar las leyes. El sector nuclear “No hay que perder de vista que el objetivo del Gobierno es desmantelar la central nuclear”, advierten los trabajadores. “Hay una entrega del patrimonio para maximizar ganancias. Cuando prima la cuestión económica, cambia la filosofía de la empresa, que siempre buscó garantizar la seguridad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología”. Según pudo reconstruir Página/12 en diálogo con autoridades de Nucleoeléctrica, desde el cambio de Gobierno la empresa atravesó tres cambios en su directorio. La compañía estatal opera las tres centrales nucleares del país —Atucha I y II, en Lima (Buenos Aires), y Embalse, en Córdoba— y es responsable de generar alrededor del 7 por ciento de la electricidad nacional. Se trata de una fuente de energía de base estable, independiente de las variaciones climáticas. Su función va mucho más allá de la producción: cumple un rol estratégico en el desarrollo de la industria nuclear argentina, en articulación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) e Invap, que posicionó al país como referente regional en materia tecnológica y energética. Entre sus proyectos figuran la construcción de una cuarta y una quinta central nuclear, además de la asistencia al Carem 25, el reactor modular de pequeña escala que convirtió a la Argentina en pionera global. Sin embargo, todos ellos permanecen paralizados. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, pese a la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y al cambio de prioridades, se reconoció la importancia estratégica del Carem, que se mantuvo en marcha como activo para la exportación y como garantía de desarrollo tecnológico nacional. El relanzamiento del Plan Nuclear en 2006 había marcado un punto de inflexión con objetivos como la finalización de Atucha II, la extensión de vida útil de Embalse y la planificación de nuevas centrales. Hoy, el principal problema que atraviesa el sector es el congelamiento de salarios. “La gente se va de la empresa”, explican a este diario. “Los trabajadores son el activo más importante que tiene el sector nuclear, y los estamos perdiendo después de que el Estado invirtió mucho dinero en su formación”. La situación llegó a un punto inédito: “La gente se va de Embalse, algo que nunca pasó en la historia, y no la podemos reemplazar porque nadie puede vivir con esta pauta salarial”. Los empleados aseguran que ya acumulan un atraso del 100 por ciento. Retroceder en este terreno no sólo implica abandonar la posición de vanguardia que la Argentina supo ocupar en tecnología nuclear y dilapidar décadas de inversión en su potencial científico e industrial. Supone, además, una pérdida de soberanía: transferir al sector privado capacidades que son patrimonio del Estado es relegar al país a un rol subordinado en la disputa global por la energía y la innovación, entregando herramientas estratégicas que, una vez cedidas, difícilmente puedan recuperarse.
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