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» Comercio y Justicia
Fecha: 19/09/2025 05:27
Por Federico J. Macciocchi (*) El 5 de septiembre, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor dispuso la baja de varias ONGs del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, en entre ellas al Club de Derecho. Una medida que, si se leyera superficialmente, podría parecer un trámite administrativo más. Pero no lo es. El golpe no recae en una ONG, lo reciben miles de consumidores que hoy están representados en juicios colectivos de envergadura contra bancos, autoplanes, desarrollistas y empresas de servicios. No es el Club: son los consumidores La exclusión del ReNAC implica, entre otras cosas, que todos esos procesos, que se iniciaron con legitimación reconocida, quedarían de un día para el otro en el aire. Los consumidores —ciudadanos comunes frente a corporaciones poderosas— son los que pierden su defensa. Lo que se presenta como un control burocrático es, en los hechos, una poda al acceso a la justicia. La jugada política y el lobby La decisión no es neutra ni casual. Llega justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dispuso efecto suspensivo al recurso directo en la causa “Acosta”, donde se discute la negativa de la Cámara 8ª de Apel. Civ. y Com. de conceder la casación en el trascendente proceso colectivo contra las empresas de autoplanes. En ese pleito ya habíamos demostrado la estafa sistemática a los ahorristas. Pero en vez de esperar que el TSJ zanje la cuestión, la administración nacional avanza con un golpe de mano, pretendiendo dejar fuera de juego a quienes litigamos estas causas. El efecto Lucifer El psicólogo Philip Zimbardo demostró con el célebre experimento de la cárcel de Stanford cómo el contexto y los roles de poder pueden transformar a una persona común en un autoritario abusivo. Ese fenómeno, conocido como “efecto Lucifer”, parece repetirse en la Subsecretaría. El autor de la sanción que nos excluyó del Registro no es otro que Fernando Blanco Muiño, el mismo que, años atrás, denunciaba públicamente los abusos de Guillermo Moreno contra las asociaciones de consumidores. Lo que ayer llamaba persecución, hoy lo ejerce con entusiasmo. Lo que ayer defendía como derecho, hoy lo cercena con una firma. Más incapacidad, más restricciones La lógica es tan perversa como clara, a mayor incapacidad del Estado para dar respuesta a los problemas sociales, mayores son las libertades que restringe. Mientras menos cumple con su deber de controlar a los proveedores que violan derechos de los consumidores, más se empecina en disciplinar a quienes —desde la sociedad civil— llenamos ese vacío. El grado de ineptitud de los funcionarios públicos es proporcional a su modo de proceder arbitrario e ilegal. Una orfandad institucional intolerable Desde la época de Eduardo Mondino que la Argentina no cuenta con Defensor del Pueblo de la Nación. Dieciséis años de vacancia de un órgano constitucional clave para la defensa de los derechos de incidencia colectiva. Sin Defensor y ahora sin ONGs en condiciones de litigar, estos derechos quedan huérfanos. El Estado, que debía ser garante, se convierte en el principal victimario. El contraste de los reconocimientos La paradoja se acentúa si recordamos que el Senado de la Nación distinguió al Club de Derecho con un Diploma de Honor en 2022 por su labor en defensa del consumidor y del ambiente, y que la Legislatura de Córdoba declaró de Interés Legislativo, en julio de este año, nuestro 30º aniversario y el ciclo de entrevistas Fuero Íntimo. Mientras el Congreso y la Legislatura reconocen nuestro aporte democrático, la autoridad administrativa nos expulsa del registro bajo argumentos arbitrarios y contradictorios. La verdadera regresión institucional En lugar de fortalecer a las asociaciones que sostienen litigios estructurales donde el Estado brilla por su ausencia, se las debilita con sanciones desproporcionadas. No se controla a las empresas que sistemáticamente incumplen los derechos de los consumidores, se castiga a los que las enfrentan en tribunales. El resultado es claro: menos defensa para los consumidores, más blindaje para el poder corporativo. La decisión, lejos de ser un acto jurídico, es un símbolo político. Y es un símbolo regresivo, porque no golpea a un presidente de ONG ni a una institución en particular. Golpea a la ciudadanía y desanda, de manera deliberada, el camino constitucional que ordena a las autoridades “proveer a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios” (art. 42 CN). El efecto Lucifer ya no es un experimento sino que es realidad. Y los que pagan las consecuencias son, otra vez, los consumidores. No siempre el poder corrompe, simplemente revela lo que estaba latente. Blanco Muiño dejó de resistir el abuso para convertirse en su emblema. (*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
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