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Parana » APF
Fecha: 18/09/2025 18:31
En un comunicado que contiene durísimas acusaciones, como el intento de excluir a los ciudadanos de juzgar a sus pares delegando la responsabilidad solo en “un puñado” de jueces técnicos, se advirtió que “las embestidas contra el juicio por jurados son un ataque al poder soberano”. También se cuestionó que no se trata de “episodios aislados, sino ante un plan coordinado que combina proyectos legislativos y un fallo judicial con claros tintes políticos”. jueves 18 de septiembre de 2025 | 18:18hs. El Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (IDP), la Asociación Pensamiento Penal (APP) Distrito Entre Ríos; la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) Filial Entre Ríos; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) plantearon en un durísimo comunicado sus preocupaciones por lo que entienden se trata de una ofensiva articulada contra el Juicio por Jurados en Entre Ríos. Objetivo: reducir la participación ciudadana en la justicia penal En el comunicado se sostuvo que “en Entre Ríos se desarrolla una ofensiva articulada contra el juicio por jurados cuyo objetivo es claro: reducir el alcance de la participación ciudadana en la justicia penal y devolver el control absoluto de los casos más graves a un puñado de jueces técnicos. No estamos frente a episodios aislados, sino ante un plan coordinado que combina proyectos legislativos y un fallo judicial con claros tintes políticos”. Como fundamento para la denuncia, se recordó que “en apenas dos semanas se desplegaron tres movimientos que avanzan en la misma dirección y que deben ser entendidos como parte de una estrategia común para destruir el sistema de jurados: El avance de un proyecto de ley que busca reducir la competencia del jurado, cuyo tratamiento en el Senado comenzará esta semana con una exposición de su impulsor, el Procurador General de la provincia” y la inclusión en el temario de un paquete de reformas procesales de la posibilidad de que jueces técnicos revoquen veredictos de no culpabilidad dictados por jurados populares, también por pedido exclusivo del Procurador”. Dentro de aquel despliegue y como último movimiento se mencionó que “apenas unos días después, una sentencia dividida de la Cámara de Casación de Paraná, que declaró la inconstitucionalidad de la irrecurribilidad de los veredictos absolutorios. Se trata de un fallo carente de argumentos, que deliberadamente ignora la ley, la doctrina clara del Superior Tribunal de Entre Ríos y privilegia prejuicios personales contra el sistema de jurados por sobre mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales”. Datos falaces vs datos oficiales Las prestigiosas organizaciones evaluaron que aquellas “tres acciones forman parte de un mismo libreto y persiguen dos objetivos concretos”. Así, en primer lugar se trata de “excluir a la ciudadanía del juzgamiento de casos graves que hoy son juzgados por jurados, para que vuelvan a ser decididos exclusivamente por jueces técnicos, sin control popular, reinstalando el viejo modelo de poder concentrado que la Constitución de 1853 repudió y que la legislatura entrerriana dejó atrás en 2020”. Se añadió que “el argumento del ‘colapso” judicial’ o ‘del barril de pólvora’ es falaz: los datos oficiales muestran que el juicio por jurados representa apenas el 0,3 % del presupuesto del Poder Judicial y que en todo el territorio provincial se realiza, en promedio, menos de un juicio por semana hábil. La mora no es causada por el juicio por jurados, sino por un boicot deliberado a la realización de juicios, impulsado principalmente por una política institucional del propio Ministerio Público”. En este sentido, se sostuvo que “no hay razones para que no se realicen más juicios que los que actualmente se llevan a cabo. Existen incluso propuestas para abaratar costos y garantizar más juicios con el mismo presupuesto”. La última palabra El segundo objetivo es “devolver a los jueces la ‘última palabra’ al permitirles revocar veredictos unánimes de no culpabilidad, vaciando de sentido el poder del jurado y vulnerando el derecho fundamental a no ser perseguido múltiples veces por el mismo hecho”. Las organizaciones sostuvieron que “por eso, en defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y del poder ciudadano de participar de la administración de justicia, hacemos un llamamiento a rechazar con firmeza esta ofensiva”. Además sentaron posición: “Como siempre ha sucedido en la historia del juicio por jurados, lo que aquí está en juego no es un tecnicismo procesal, sino el principio republicano de quién tiene en última instancia el poder de habilitar al Estado a condenar a una persona: si lo hace la ciudadanía o lo hace el propio aparato estatal a través de los jueces permanentes”. Finalmente se reafirmó que “defender el juicio por jurados es defender la división republicana de poderes y la soberanía popular, aun cuando ello incomode a quienes pretenden restaurar el sistema de concentración de poder que tanto daño le ha hecho a nuestra Nación”. (APFDigital)
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